Los sistemas judiciales en la región andina presentan una serie de problemas comunes: retardo en la administración de justicia, congestión de expedientes, inexistencia de medios tecnológicos modernos para la administración del despacho judicial, procedimientos legales inadecuados y obsoletos. Estos factores se expresan en resultados muy graves debido a que la ciudadanía responde a todos estos problemas con una percepción negativa sobre el funcionamiento institucional, la desconfianza natural que ello motiva en todos los sectores del Estado y la desacreditación del sistema produciendo un desaliento de la inversión por la carencia de reglas de juego claras que brinden márgenes mínimos de previsibilidad.

Muchos análisis sobre la situación de la justicia muestran serias deficiencias metodológicas, por la imposibilidad de contar con información confiable amparada en criterios científicos, que sirvan además como herramienta fundamental para la planificación de estrategias y políticas que coadyuven a los procesos de reforma que actualmente se conducen en nuestros países.

Para los procesos de modernización de la administración de justicia, se requiere contar con instrumentos de medición sobre la actuación de los operadores jurídicos, que permita describir la situación real del sistema judicial. El producto de todo ello debe ser un modelo de medición de la gestión que permita conocer de cierto modo el tipo y la calidad de la justicia que aplican. Para ello es necesario identificar algunas variables que puedan informar y servir como insumos básicos para la producción de indicadores.

La Comisión Andina de Juristas a través del programa Red de Información Jurídica (RIJ) ha propuesto el desarrollo de un modelo regional de indicadores denominado "Sistema de Indicadores Judiciales Andinos", sustentado en metodologías homologadas en fórmulas compatibles con información que hoy se ofrece en la región en materia judicial.

El desarrollo de este modelo estandarizado de indicadores posibilitará un mejor conocimiento de lo que acontece en cada país y una visión panorámica de la región, permitiendo adicionalmente a los organismos multilaterales contar con un enfoque de información comparativa.

Los indicadores judiciales diseñados buscan medir algunos aspectos específicos de la administración de justicia: cobertura o acceso al servicio, oportunidad en la prestación de los mismos, desempeño de las unidades judiciales y magistrados y costo del servicio, que permitirá, entre otras cosas, a través de las fórmulas aplicadas y utilizando la estadística, detectar los principales problemas de la administración de justicia. Se trata, de un sistema que utiliza una tecnología nueva en la región, que debe servir como instrumento o insumo básico para determinar los problemas midiendo matemáticamente el funcionamiento o la disfuncionalidad del sistema judicial.

La idea de la sistemática propuesta es partir de aspectos básicos, pero sustantivos de la administración de justicia, tratando de utilizar la infraestructura de información existente en cada país, trasladando la información que se viene procesando utilizando distintos métodos de interpretación de datos, para producir indicadores relevantes en materia judicial.

Este sistema está desarrollado en la sección de acceso al Sistema de Información y su implantación requerirá algunas etapas que se vienen ejecutando.

Glosario de indicadores estadísticos regionales

Teniendo en cuenta el universo de información estadística detectada en la región andina y los requerimientos de información relevante por parte de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, se está trabajando en una sistemática de Indicadores Regionales compuesto por más de 30 fórmulas que integran los siguientes aspectos:

a. Acceso y oferta judicial

Son indicadores que miden la capacidad de acceso al servicio judicial de la población en función de los servicios mismos. De igual modo la oferta de servicios judiciales y la infraestructura con la que se cuenta en el país.

b. Rendimiento de tribunales

A través de índices de medición se busca evaluar la eficiencia y eficacia de los órganos jurisdiccionales en sus diversas actividades, a través del análisis de la productividad, eficiencia, congestión y carga de trabajo, entre otros.

c. Presupuesto

Este conjunto de indicadores evalúan los costos que significa la aplicación del servicio para el sistema judicial, en función de la asignación presupuestal, cooperación internacional y los resultados encontrados en las diversas variables.