Lima, 14 de septiembre de 2004

CONSIDERANDO:

Que mediante Leyes Nºs. 28237 y 28301 se promulgaron el Código Procesal Constitucional y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, respectivamente, cuya vigencia se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2004;

Que, en tal sentido, se hace necesario dictar las disposiciones normativas internas a fin de adecuarlas a la nueva legislación antes mencionada que permitan, además, reordenar y mejorar aspectos jurisdiccionales en procura de que los procesos constitucionales puedan ser resueltos en el menor tiempo posible;

Que el Pleno de Tribunal Constitucional, en su sesión del día 14 de septiembre de 2004, y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 2 de su Ley Orgánica, ha aprobado el Reglamento Normativo correspondiente a su funcionamiento y al Régimen de Trabajo de su personal y servidores, el cual consta de once (11) Títulos, sesenta y nueve (69) artículos y tres (3) disposiciones finales y transitorias;

Que, por lo tanto, se hace necesario disponer la publicación del referido Reglamento en el Diario Oficial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional;

RESUELVE:

Artículo Único.- Publicar el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER ALVA ORLANDINI

Presidente

REGLAMENTO NORMATIVO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Adoptado por Acuerdo de 14 de septiembre de 2004 del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 2 de su Ley Orgánica, dicta el siguiente Reglamento Normativo para su funcionamiento.

TÍTULO I

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Control e interpretación constitucional

Artículo 1.- El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Sólo está sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica.

Composición y ejercicio de atribuciones

Artículo 2.- El Tribunal Constitucional se compone de siete Magistrados elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de por los menos dos tercios del número legal de sus miembros y por un período de cinco años. No hay reelección inmediata. Ejerce sus atribuciones jurisdiccionales con arreglo a esta Ley Orgánica y al Código Procesal Constitucional.

Sede y funcionamiento

Artículo 3.- EI Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede celebrar audiencias en cualquier otra ciudad de la República.

Las oficinas administrativas funcionan en la ciudad de Lima.

Reglamentación

Artículo 4.- Corresponde al Tribunal Constitucional dictar los Reglamentos para su propio funcionamiento, así como las disposiciones relacionadas con el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de su Ley Orgánica. Dichos Reglamentos, una vez aprobados por el Pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el Diario Oficial El Peruano.

TÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Competencia

Artículo 5.- Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad;

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento;

3. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a Ley; y

4. Resolver las quejas por denegatoria del recurso de agravio constitucional.

Atribución exclusiva

Artículo 6.- En ningún caso se puede promover contienda de competencia o de atribuciones ante el Tribunal Constitucional en los asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica.

El Tribunal declara de oficio su falta de competencia o de atribuciones.

Plazos de prescripción

Artículo 7.- La acción de inconstitucionalidad de una norma con rango de Ley prescribe en el plazo de 6 (seis) años contados a partir de su publicación, y la de los Tratados en el plazo de 6 (seis) meses, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución.

La prescripción de las acciones de garantía se rige por el Código Procesal Constitucional.

El Tribunal puede fundar sus fallos en la prescripción aunque no haya sido invocada.

Irrecusabilidad y abstención de los Magistrados

Artículo 8.- Los Magistrados del Tribunal son irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro, salvo que el hecho impida resolver. Los Magistrados tampoco pueden abstenerse de votar, debiendo hacerlo en favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos de voto y los votos singulares se emiten conjuntamente con la sentencia. Empero, transcurridas cuarenta y ocho horas de dictada la sentencia, se publica ésta y sin tales votos.

Precedencias

Artículo 9.- El orden de precedencia en el Tribunal Constitucional es el de Presidente, Vicepresidente y Magistrados por orden de antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, por el de mayor antigüedad en la colegiatura.

Resoluciones y acuerdos del Pleno

Artículo 10.- El quórum del Pleno del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros.

El Pleno del Tribunal resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de una demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se exigen cinco votos conformes.

De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad.

En ningún caso el Tribunal Constitucional puede dejar de resolver.

Resoluciones de las Salas

Artículo 11.- El Tribunal conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, iniciadas ante los jueces respectivos, mediante dos Salas integradas por tres Magistrados. La sentencia requiere tres votos conformes.

En caso de no reunirse el número de votos requeridos, cuando ocurra alguna de las causas de vacancia que enumera el artículo 16 de la Ley Nº 28301, cuando alguno de sus miembros esté impedido o para dirimir la discordia, se llama a los Magistrados de la otra Sala, en orden de antigüedad, empezando del menos antiguo al más antiguo y, en último caso, al Presidente del Tribunal. En tales supuestos, el llamado puede usar la grabación de la audiencia realizada o citar a las partes para un nuevo informe.

De la Presidencia de las Salas

Artículo 12.- El Presidente del Tribunal lo es también de la Primera Sala, la que, en su defecto, es presidida por el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igualdad, por el de mayor antigüedad en la colegiatura.

El Vicepresidente del Tribunal preside la Segunda Sala y, en su defecto, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igualdad, el de mayor antigüedad en la colegiatura.

Competencia especial del Pleno

Artículo 13.- Los procesos referidos en el artículo 11, iniciados ante las respectivas Salas de las Cortes Superiores, y todos los que, al ser resueltos, pueden establecer jurisprudencia constitucional o apartarse de la precedente deben ser vistos por el Pleno, en cuyos casos se requiere cinco votos conformes.

Acumulación de procesos

Artículo 14.- EI Tribunal Constitucional puede, en cualquier momento, disponer la acumulación de procesos, cuando exista conexidad entre ellos.

TÍTULO III

DE LOS MAGISTRADOS

Requisitos

Artículo 15.- Para ser Magistrado del Tribunal se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento;

2. Ser ciudadano en ejercicio;

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;

4. Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo, o Magistrado Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años; y

5. No estar comprendido en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 12 de la Ley Nº 28301.

Asunción del cargo

Artículo 16.- Los miembros del Tribunal Constitucional asumen sus cargos dentro de los diez días siguientes a la publicación, en el Diario Oficial El Peruano, de la correspondiente Resolución Legislativa que los nombra, previo juramento o promesa de cumplir la Constitución Política del Perú.

Exclusividad, impedimentos, prohibiciones e incompatibilidades

Artículo 17.- La función de Magistrado del Tribunal Constitucional es a dedicación exclusiva. Les está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado y ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria, siempre que no afecte el normal funcionamiento del Tribunal.

Los Magistrados del Tribunal están impedidos de defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes; y, en ningún caso, de usar las influencias de sus cargos.

Les alcanzan, además, las mismas incompatibilidades de los Congresistas. Están prohibidos de afiliarse a organizaciones políticas. Cuando concurriera causa de incompatibilidad en quien fuera designado como Magistrado del Tribunal, debe, antes de tomar posesión del cargo, cesar en el que venía desempeñando o en la actividad incompatible, acreditando el hecho ante el Presidente del Tribunal. Si no lo hace en el plazo de diez días naturales siguientes a su designación, se entiende que no acepta el cargo.

Inmunidad

Artículo 18.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional no están sujetos a mandato imperativo, ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. Gozan de inviolabilidad e inmunidad. No responden por los votos u opiniones emitidos en el ejercicio de su función. No pueden ser detenidos ni procesados penalmente sin autorización del Pleno del Tribunal, salvo flagrante delito.

Deberes de los Magistrados

Artículo 19.- Son deberes de los Magistrados del Tribunal Constitucional:

1. Cumplir y hacer cumplir el principio de primacía de la Constitución Política del Perú y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales;

2. Cumplir y hacer cumplir su Ley Orgánica, el Código Procesal Constitucional, el ordenamiento jurídico de la Nación y el presente Reglamento;

3. Resolver los asuntos de su competencia con sujeción a la garantía del debido proceso y dentro de los plazos legales;

4. Aplicar la norma constitucional correspondiente y los principios del derecho constitucional, aunque no hubieran sido invocados en el proceso;

5. Guardar absoluta reserva respecto de los asuntos en que interviene;

6. Observar el horario de trabajo y en especial el que corresponde a las audiencias;

7. Denegar liminarmente las peticiones maliciosas y los escritos y exposiciones contrarias a la dignidad de las personas, y poner el hecho en conocimiento del respectivo Colegio de Abogados;

8. Tratar con respeto a los abogados y a las partes;

9. Denunciar ante el Presidente los casos en que observen el ejercicio ilegal o indebido de la profesión;

10. Disponer la actuación de medios probatorios, siempre que sean indispensables para mejor resolver;

11. Formular declaración jurada de bienes y rentas, de acuerdo con la ley de la materia;

12. Mantener conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar las normas de cortesía de uso común;

13. Velar, a través de sus ponencias y la emisión de sus votos, por la correcta interpretación y el cabal cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional;

14. Cuidar los bienes públicos que son puestos a su servicio y promover el uso racional de los bienes de consumo que les provee el Estado. Esta obligación incluye el deber de dar cuenta documentada de los gastos que importen sus viajes oficiales o visitas al exterior con bolsa de viaje; y

15. Presentar, luego de realizado un viaje oficial, un informe al Pleno sobre todo aquello que pueda ser de utilidad para el Tribunal Constitucional.

Derechos de los Magistrados

Artículo 20.- Los Magistrados tienen derecho de:

1. Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno;

2. Pedir, con resolución del Pleno o de la Sala, los informes que estimen necesarios a los órganos de Gobierno y de la Administración, a través del Presidente o del Secretario General, y requerir respuesta oportuna de ellos, de acuerdo al artículo 119 del Código Procesal Constitucional;

3. Contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones;

4. Percibir un ingreso adecuado sujeto al pago de los tributos de Ley, que será del mismo monto y por los mismos o análogos criterios que el que reciben los Congresistas y que se publicará en el Diario Oficial El Peruano, al iniciar sus funciones;

5. Recibir el pago por gastos de instalación, por una sola vez; y

6. Gozar del derecho vacacional durante treinta días al año, según el orden que, a propuesta del Presidente, apruebe el Pleno.

En forma adicional a los servicios de seguridad social en materia de salud a cargo del Estado, los Magistrados tienen derecho a los beneficios de seguros privados que se contraten en su favor y de sus familiares dependientes (cónyuge e hijos menores); así como a los gastos de sepelio y a los honores inherentes a su cargo en caso de muerte.

Suspensión y antejuicio

Artículo 21.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional pueden ser suspendidos por el Pleno, como medida previa, siempre que incurran en delito flagrante. La suspensión requiere no menos de cuatro votos conformes.

La comisión de delitos contra los deberes de función de los Magistrados del Tribunal se sujetan a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.

Las infracciones constitucionales requieren de los dos tercios del número legal de Congresistas.

TÍTULO IV

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Elección del Presidente, Vicepresidente y duración del cargo

Artículo 22.- EI Tribunal elige entre sus miembros, por votación secreta, a su Presidente. Para la elección, en primera votación, se requiere no menos de cinco votos. Si no se alcanzan, se procede a una segunda votación, en la que resulta elegido quien obtiene mayor número de votos. En caso de empate, se efectúa una última votación. Si el empate se repite, es elegido el de mayor antigüedad en la colegiatura profesional y, en caso de igualdad, el de mayor edad.

El cargo de Presidente del Tribunal dura dos años. Es prorrogable, por reelección, sólo por un año más.

Por el mismo procedimiento señalado en este artículo se elige al Vicepresidente, a quien corresponde sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal u otro impedimento. En caso de vacancia, el Vicepresidente concluye el período del Presidente. En tal supuesto, asume la Vicepresidencia el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

La elección se realiza el primer día hábil de diciembre. Los electos asumen sus cargos el 10 de ese mes.

Atribuciones

Artículo 23.- El Presidente representa al Tribunal Constitucional y cumple las funciones que se señalan en la Constitución, en la Ley Orgánica y en este Reglamento.

Es la máxima autoridad administrativa.

Deberes

Artículo 24.- Son deberes del Presidente:

1. Los que le alcanzan como Magistrado;

2. Convocar, presidir y fijar el orden del día en los Plenos y las Audiencias Públicas;

3. Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento del Pleno, de las Salas y, en general, del Tribunal Constitucional;

4. Comunicar al Congreso las vacantes que se produzcan, en la oportunidad que señala la Ley;

5. Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto, remitir el proyecto respectivo para su incorporación al Presupuesto General de la República y sustentar el proyecto ante la Comisión de Presupuesto del Congreso y ante el Pleno del mismo;

6. Establecer las directrices para la ejecución del presupuesto y fijar los límites dentro de los cuales las autorizaciones de gasto deberán ser puestas previamente en conocimiento del Pleno;

7. Fiscalizar el cumplimiento de las directrices para la ejecución del presupuesto y conocer de su liquidación, formulada por el Director General de Administración;

8. Contratar y remover, previo acuerdo del Pleno, al Secretario General, al Secretario Relator, al Director General de Administración y al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal;

9. Resolver las discrepancias que surjan entre las unidades orgánicas;

10. Presidir las sesiones del Pleno y, cuando corresponda, de las Salas, fijar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates de acuerdo con el Reglamento;

11. Servir al Pleno de órgano de comunicación y, en consecuencia, sólo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por el Tribunal;

12. Poner en conocimiento de los otros Magistrados las notas oficiales que reciba y que remita;

13. Designar las comisiones para rendir informes o cumplir tareas especiales que ordene el Pleno;

14. Contratar al personal administrativo del Tribunal;

15. Contratar a los integrantes del Gabinete de Asesores, designados por el Pleno, a que se refiere el artículo 21 de la Ley Nº 28301;

16. Autorizar los contratos de locación de servicios y su prórroga;

17. Promover y, en su caso, ejercer la potestad disciplinaria del personal;

18. Proponer los Planes de Trabajo;

19. Velar por el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, formulando, mediante el Procurador Público respectivo, las denuncias a que hubiere lugar;

20. Cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Nº 27785; y,

21. Las demás que le señalen la Constitución y la Ley.

Atribuciones complementarias

Artículo 25.- Corresponde, también, al Presidente del Tribunal:

1. Ejercer autoridad sobre los miembros de la Policía Nacional que presten servicios en la sede del Tribunal;

2. Disponer lo procedente sobre el acceso y permanencia en la sede del Tribunal de cualquier persona, ordenando, en su caso, el abandono del recinto o, cuando ello fuese legalmente necesario, la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de quien contraviniere estas órdenes o incurriere en cualquier otro comportamiento ilícito; e

3. Impartir las directrices y órdenes necesarias para el funcionamiento del servicio de seguridad del Tribunal.

Delegación

Artículo 26.- El Presidente podrá delegar el ejercicio de las competencias que no impliquen una relación con el Pleno en los siguientes supuestos:

1. En el Vicepresidente o en otro Magistrado, las relativas al personal, excepto la contratación laboral;

2. En el Secretario General, las relativas a la formulación de planes de trabajo de orden jurisdiccional; y

3. En el Director General de Administración, las funciones que le correspondan como órgano de contratación.

En ningún caso podrá ser objeto de delegación el ejercicio de competencias que afecten las relaciones del Tribunal con otros órganos constitucionales del Estado.

TÍTULO V

DEL PLENO

Órgano de Gobierno

Artículo 27.- El Pleno es el máximo órgano de gobierno del Tribunal Constitucional. Está integrado por todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado al que corresponde la precedencia según el artículo 9 de este Reglamento.

Competencias

Artículo 28.- Además de las competencias establecidas en el artículo 202 de la Constitución Política y en Ley Orgánica Nº 28301, corresponden al Pleno del Tribunal las siguientes:

1. Aprobar la jornada y el horario de trabajo del personal;

2. Designar y remover al Secretario General y al Secretario Relator;

3. Designar y remover al Director General de Administración;

4. Designar y remover al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal;

5. Acordar, a propuesta del Presidente, de acuerdo con las normas presupuestales, la contratación de los asesores jurisdiccionales;

6. Acordar la separación de los asesores jurisdiccionales en los casos establecidos en la Ley Nº 28301 y en este Reglamento;

7. Investigar las infracciones de los Magistrados a la Constitución, a su Ley Orgánica o a su Reglamento, e imponer las sanciones respectivas;

8. Tramitar y resolver los impedimentos, acusaciones y recusaciones de los Magistrados;

9. Conceder licencia a los Magistrados, en los términos de la ley;

10. Aprobar el anteproyecto del Plan de Trabajo y del presupuesto del Tribunal Constitucional, presentados por el Presidente;

11. Adoptar las reglas para el estudio de los asuntos sometidos a su conocimiento y elaborar los programas de trabajo, en los términos previstos en este reglamento;

12. Decidir sobre la periodicidad de las audiencias públicas y fijar su fecha, hora y lugar;

13. Estudiar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que puede presentar el Tribunal Constitucional, según el artículo 107 de la Constitución;

14. Aprobar, interpretar y modificar el presente Reglamento; y,

15. Adoptar las medidas administrativas para el funcionamiento del Tribunal.

TÍTULO VI

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Objeto

Artículo 29.- La audiencia pública es el acto procesal mediante el cual los Magistrados escuchan a los abogados y a las partes que informan puntualmente sobre los fundamentos de derecho y de hecho pertinentes.

Días y horas hábiles. Notificación

Artículo 30.- Las audiencias públicas se realizan los días lunes, martes, miércoles y jueves, salvo los feriados no laborables. Excepcionalmente, se puede realizar audiencias en otros días. Se inician a las horas que determine el Pleno.

Solicitud de informe oral

Artículo 31.- El informe oral, para ser concedido, deberá ser solicitado al Tribunal Constitucional, por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la fecha señalada para la audiencia.

En los casos de hábeas corpus con reo en cárcel, el informe oral sobre hechos se podrá escuchar vía telefónica, durante la audiencia, si ello fuere solicitado en el plazo señalado anteriormente.

Abogados hábiles

Artículo 32.- Sólo pueden ejercer la defensa ante el Tribunal Constitucional los abogados en ejercicio. En los informes orales, los letrados deben usar la medalla del Colegio de Abogados.

En tanto no abonen la multa a que se refiere el artículo 49 de este Reglamento, los abogados no podrán informar oralmente, ni defender por escrito, ante este Tribunal.

Instalación

Artículo 33.- La audiencia pública, en el caso del Pleno, es instalada por el Presidente del Tribunal o, en su defecto, por el Vicepresidente. En el caso de las Salas, es instalada por su Presidente. Los Magistrados usan las medallas que los distinguen como tales. El Presidente dirige la audiencia.

Desarrollo de la audiencia

Artículo 34.- Luego de instalada la audiencia, el Presidente dispone que el Secretario Relator dé lectura del número del primer expediente, de las partes que intervienen en el proceso y la naturaleza de la acción.

El Presidente concede el uso de la palabra al abogado de la parte accionante, ubicado en el estrado a la izquierda de los Magistrados, por un lapso no mayor de cinco minutos y, a continuación, por igual tiempo, al abogado de la parte accionada, ubicado en el estrado a la derecha de los Magistrados. Está permitida la réplica y la dúplica, por el tiempo que determine el Presidente.

Enseguida, el Presidente concede el uso de la palabra, por cinco minutos, a las partes que hayan solicitado informar sobre hechos.

Los Magistrados pueden, en cualquier momento, realizar observaciones o formular, como máximo, dos preguntas a los informantes, cuidando de no adelantar opinión ni debatir con los abogados.

Concluidos los informes, el Presidente indica que la causa queda al voto.

El mismo trámite se sigue con los demás procesos programados.

Conclusión

Artículo 35.- Cuando todas las causas programadas para la fecha hayan sido vistas o sea manifiestamente imposible proseguir con el conocimiento de las faltantes, el Presidente declarará concluida la Audiencia y, de ser el caso, programará las no vistas para una fecha posterior.

Desalojo

Artículo 36.- El Presidente, en caso que se produzcan desórdenes en la Audiencia, puede ordenar el desalojo de la Sala, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley.

Desistimiento

Artículo 37.- Para admitir a trámite el desistimiento debe ser presentado por escrito con firma legalizada ante el Secretario Relator del Tribunal Constitucional, Notario o, de ser el caso, el Director del Penal en el que se encuentre recluido el solicitante.

TÍTULO VII

DE LAS SESIONES

Denominación

Artículo 38.- Denomínase sesiones a las reuniones del Pleno del Tribunal Constitucional, las cuales se efectúan con la presencia de un número de Magistrados que formen quórum.

Convocatoria

Artículo 39.- Ordinariamente, las sesiones del Pleno son convocadas por el Presidente y, extraordinariamente, cuando lo soliciten tres Magistrados, con veinticuatro horas de anticipación y con la agenda a tratar.

El Tribunal queda constituido en Pleno cuando se reúnan los Magistrados con el quórum de ley.

El Pleno puede sesionar, extraordinaria y excepcionalmente, en días no laborables, cuando circunstancias especiales así lo exijan, por propia decisión o por convocatoria del Presidente.

Procedimiento

Artículo 40.- Abierta la sesión, con el quórum reglamentario, los asuntos se abordan conforme al siguiente procedimiento:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior;

2. Despacho;

3. Informes;

4. Pedidos; y

5. Orden del día.

En esta última estación se debaten primero los pedidos en el orden en que han sido formulados, salvo que se acuerde preferencia en alguno de ellos.

Orden del día

Artículo 41.- El orden del día es fijado por el Presidente o, en su defecto, por el Vicepresidente. Para tal fin, tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Se privilegiarán los asuntos jurisdiccionales sobre los administrativos, salvo disposición del Presidente o de la mayoría del Pleno;

2. Se privilegiarán los asuntos jurisdiccionales constitucionalmente relevantes llegados al Tribunal y que requieran ser tratados con prontitud;

3. Se dará continuidad a los asuntos que hubieran acordado tratar desde la sesión anterior o hubiesen quedado pendientes;

4. Se recibirá el informe del Secretario General sobre los expedientes aptos para la vista en audiencia pública; y,

5. Se determinará la asignación de los expedientes a los Magistrados ponentes, dando preferencia a los procesos de inconstitucionalidad y de hábeas corpus.

Plenos administrativos

Artículo 42.- Los Plenos administrativos se inician con la lectura del acta de la sesión anterior y, una vez aprobada, se da cuenta de la agenda del orden del día. Las decisiones son adoptadas por mayoría de votos y la dirección del debate está a cargo del Presidente del Tribunal Constitucional, quien tiene voto dirimente en caso de empate. En ausencia del Presidente, la dirección del debate estará a cargo del Vicepresidente.

Plenos y Salas Jurisdiccionales

Artículo 43.- Los Plenos Jurisdiccionales debaten las ponencias según su orden de presentación. Tomará la palabra cada Magistrado ponente, determinándose, salvo acuerdo en contrario, un plazo para cada intervención. Excepcionalmente, el ponente puede solicitarla asistencia de un Asesor Jurisdiccional, para que le brinde apoyo en asuntos específicos. El Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente o la mayoría del Pleno puede aprobar la petición.

Concluidas las intervenciones del ponente, para cada caso, el Pleno deliberará sobre la mejor manera de resolver. Los Magistrados harán llegar a los ponentes sus discrepancias sobre la forma o sobre el fondo del proyecto de resolución. Cuando algún Magistrado pide que se suspenda la deliberación para el mejor estudio de la cuestión objeto de debate y el Presidente o la mayoría de los ponentes consideren justificada la petición, se aplazará la decisión para otra sesión.

Las mismas reglas, en cuanto sean pertinentes, se aplican a las sesiones de las Salas.

Votación

Artículo 44.- Las votaciones serán nominales y a mano alzada.

Los fundamentos singulares de voto o los votos singulares que se adopten deben ser enviados por el Magistrado responsable al Secretario Relator, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de recibido el expediente, bajo responsabilidad, salvo motivos justificados.

En caso contrario, el Secretario Relator deja constancia en acta de la demora y se notifica y publica, en su caso, la resolución con los votos de los Magistrados que la suscriban.

Plazo especial

Artículo 45.- Los Magistrados pueden solicitar un plazo para estudiar, con mayor amplitud, el asunto sometido a consideración del Pleno o de la Sala. En tal caso el Presidente puede concederle uno prudencial, si así lo requiere el asunto por resolver.

Nueva ponencia

Artículo 46.- Si la ponencia no obtiene en el Pleno el mínimo de votos, el expediente pasará al Magistrado que designe el Presidente, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga la tesis de la mayoría, siempre que el Magistrado ponente original no aceptara hacerlo.

El nuevo estudio será sometido oportunamente a votación. En este caso y cuando, como consecuencia de las deliberaciones, haya que efectuar ajustes a la ponencia, el Magistrado sustanciador dispondrá de un plazo acordado por el Pleno para entregar el texto definitivo, copia del cual se hará llegar a los Magistrados disidentes, con el objeto de que presenten, dentro de un día, el correspondiente fundamento de su voto singular.

Forma de las resoluciones

Artículo 47.- La fecha de las resoluciones, las disposiciones constitucionales y legales y documentos de identidad se escriben con números. Las cantidades con letras.

Mediante los decretos se impulsa el trámite del proceso. Son firmados por el Presidente o, por delegación de éste, por un Magistrado o por el Secretario General.

Mediante las sentencias interlocutorias se resuelve la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o del conflicto de competencia o de atribuciones; la indebida concesión del recurso de agravio constitucional; y la acumulación de procesos.

Las sentencias ponen fin a los procesos constitucionales previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 28301 y, según el caso, contienen las formalidades señaladas en los artículos 17, 34, 55 y 72 del Código Procesal Constitucional.

Validez, publicación y vigencia

Artículo 48.- La sentencia expedida por el Pleno se convierte en tal al ser firmada por el número mínimo de Magistrados exigido por la ley. En el caso de la expedida por las Salas, debe contar con tres votos conformes. Sus efectos empiezan a regir desde el día siguiente a su notificación y, en su caso, publicación en el Diario Oficial El Peruano.

La parte resolutiva de las sentencias en los procesos que declaran fundada, total o parcialmente, la demanda de inconstitucionalidad de una ley, debe ser difundida, además, en dos diarios de circulación nacional.

Gratuidad del procedimiento. Multas

Artículo 49.- El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. No obstante, cuando se solicitan copias certificadas, el costo es de cargo del solicitante.

El Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil.

Las multas pueden ser de 10 a 50 Unidades de Referencia Procesal.

Lo recabado por concepto de multas constituye recursos propios del Tribunal Constitucional.

Casos especiales

Artículo 50.- En los casos en que las instancias judiciales incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, éste, según sea el caso, pondrá el hecho en conocimiento del Congreso de la República, de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Colegio de Abogados respectivo; sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 22 del Código Procesal Constitucional.

En los procesos en que sea de aplicación el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal oficiará a la Fiscalía de la Nación para la denuncia respectiva.

Procurador Público

Artículo 51.- El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Tribunal Constitucional informará mensualmente respecto de los casos mencionados en el artículo anterior que sean derivados al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación.

Votaciones secretas

Artículo 52.- Las votaciones secretas se harán mediante papeleta. Tendrán lugar únicamente en caso de elecciones.

Numeración de las sentencias

Artículo 53.- Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se enumeran, anualmente, en forma correlativa y por orden de ingreso.

TÍTULO VIII

DEL RECURSO DE QUEJA ANTE ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Objeto. Interposición

Artículo 54.- Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja.

Se interpone ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación se anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de hábeas corpus.

Tramitación

Artículo 55.- El recurso de queja será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin ningún trámite. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente, dentro del tercer día, bajo responsabilidad.

Cuaderno de queja

Artículo 56.- El cuaderno de queja se mantendrá en el Archivo del Tribunal, agregándose el original de la resolución que resuelve la queja, la constancia de la fecha de comunicación a la respectiva Sala y de la notificación a las partes.

TÍTULO IX

DEL PLAN DE TRABAJO

Aprobación

Artículo 57.- El Tribunal Constitucional, con el fin de actuar con eficiencia y celeridad, deberá regirse por un Plan de Trabajo de la actividad jurisdiccional, el mismo que deberá ser aprobado por el Pleno.

Contenido

Artículo 58.- El Plan de Trabajo contendrá las disposiciones relativas a la clasificación de los expedientes ingresados y pendientes de resolución, las pautas y normas para la realización de las audiencias públicas, el recibo de los informes de las partes y de los abogados y el encargo de los asuntos administrativos.

Criterios para distribución equitativa

Artículo 59.- El Pleno adoptará criterios y procedimientos para que la distribución de los procesos entre los siete Magistrados sea equitativa. Para tal efecto, se hará la rotación semanal en las Salas y se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

1. Complejidad del asunto;

2. Requerimientos normales de horas de trabajo del despacho, determinados en función de la investigación exigida;

3. Necesidad de información adicional;

4. Improcedencia o rechazos liminares previsibles;

5. Especialidad de los asuntos;

6. Urgencia de su tratamiento; y,

7. Posibilidad de ponencia múltiple.

Modificación

Artículo 60.- El Plan de Trabajo y la distribución de los asuntos podrán ser modificados por el Pleno por razones de urgencia, calificadas por la mayoría.

Coordinación

Artículo 61.- El Pleno designará a dos Magistrados que se encargarán, en coordinación con el Secretario General, de la distribución de los expedientes de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Trabajo, a fin de que queden aptos para ser vistos en audiencia pública y sean resueltos dentro de los plazos legales.

TÍTULO X

DEL PERSONAL

Régimen laboral

Artículo 62.- El personal al servicio del Tribunal Constitucional está sujeto al régimen laboral que determina la ley. El horario de trabajo es acordado por el Pleno, con sujeción a las disposiciones constitucionales.

Periodo de evaluación

Artículo 63.- El personal será evaluado entre los meses de junio y julio de cada año. La evaluación la realiza el Pleno del Tribunal o una comisión designada por éste. La evaluación comprende, además, la entrevista personal.

Criterios de evaluación

Artículo 64.- La evaluación se ajusta a los siguientes criterios:

1. Comportamiento laboral a través del legajo personal;

2. Experiencia profesional;

3. Confidencialidad;

4. Asistencia y puntualidad;

5. Ortografía, redacción, etc.; y

6. Estudios de posgrado y participación en congresos y seminarios o similares.

Los numerales 5. y 6. no son aplicables al personal que cumple labores no jurisdiccionales.

Cuadro General de Méritos

Artículo 65.- Los resultados de la evaluación forman el Cuadro General de Méritos para su incorporación en el legajo personal y ser considerados en el programa de promoción que pueda establecerse.

Ratificación

Artículo 66.- Los Asesores Jurisdiccionales que obtengan el calificativo de sobresaliente y aprobado, deberán, además, ser ratificados por el Pleno del Tribunal.

Si lo solicitan dos Magistrados, podrá revisarse la calificación de cualquier Asesor Jurisdiccional efectuándose una nueva evaluación.

TÍTULO XI

DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Objeto

Artículo 67.- El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano de investigación, académico y técnico de apoyo al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Tribunal Constitucional.

Fines

Artículo 68.- Son fines del Centro de Estudios Constitucionales:

1. Organizar cursos en ciencias constitucionales y derechos humanos;

2. Organizar foros de debate académico en torno a temas constitucionales; y

3. Otros que indique su Reglamento.

Organización

Artículo 69.- El Centro de Estudios Constitucionales se rige por el Reglamento aprobado por el Pleno. Su Director es un Magistrado o ex Magistrado del Tribunal Constitucional elegido por dos años.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Las sentencias finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales, serán enviadas, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de su expedición, al Diario Oficial El Peruano para su publicación gratuita, dentro de los tres días siguientes al de recepción. La publicación debe contener la sentencia y las piezas del expediente que sean necesarias para comprender el derecho invocado y las razones que el Tribunal Constitucional tuvo para conceder o denegar la pretensión.

Las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad y compentencial se publican en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes al de su recepción. En su defecto, el Presidente del Tribunal Constitucional ordenará que se publiquen en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Las sentencias que se refieren a normas regionales u ordenanzas municipales se publican, además, en el diario en que se publican los avisos judiciales de la respectiva jurisdicción y en carteles fijados en lugares públicos.

La omisión o la demora en la publicación por el Diario Oficial El Peruano será puesta en conocimiento del Ministerio Público, para los fines de ley.

El Pleno del Tribunal dispondrá, asimismo, que las resoluciones que expida, con excepción de los decretos, sean publicadas en su página web, sin perjuicio de la notificación a las partes.

Segunda.- Deróganse las Resoluciones Administrativas Nºs. 111-2003-P/TC y 042-2004-P/TC, del 27 de agosto de 2003 y 10 de mayo de 2004, respectivamente.

Tercera.- Este Reglamento entra en vigencia el 1 de diciembre de 2004.