Sentencias de interés sobre derechos fundamentales

- Derecho a la Educación

Mediante Sentencia Constitucional (SC) 0880/2006-R, el Tribunal Constitucional ratificó una línea jurisprudencial ya existente, referida al derecho a la educación, al disponer que la expulsión de un alumno de cualquier Unidad Educativa será determinada por el Director de dicha institución, el Consejo de Profesores y la Junta Escolar, además de establecer que la procedencia de esa expulsión se da en los casos comprobados …de oferta, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, cuya realización -se infiere- se ejecutaron dentro del establecimiento, por lo que, si bien la responsabilidad de las Unidades Educativas es impartir enseñanza, ello no les faculta a sancionar los actos de la vida privada ejecutados fuera del establecimiento, cuya labor de investigación y sanción corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales señaladas para tal efecto.
Texto de la sentencia

- Administración Tributaria

Mediante Sentencia Constitucional (SC) 0079/2006 , el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el último párrafo del artículo 4 del Código Tributario Boliviano (CTB) que textualmente señalaba: “En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término de la distancia” , fundando de esa manera una nueva línea jurisprudencial que establece que dicha norma ubicaba a todos los contribuyentes en un plano de generalidad abstracta, sin considerar que quienes viven en las capitales de departamento se encuentran en una situación fáctica muy diferente respecto de los contribuyentes que se encuentran domiciliados fuera de dichas capitales en cuanto a la posibilidad de acceder oportunamente a los recursos administrativos contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular, puesto que los términos que se establecen para plantear estos recursos son perentorios e improrrogables.
Texto de la sentencia

- Inmediatez en Ampara constituye supuesto de in activación reglada o improcedencia

Mediante Sentencia Constitucional (SC) 1149/2006-R , el Tribunal Constitucional moduló los alcances de la SC 0505/2005-R, referido a las causales de improcedencia in límine previstos por el artículo 96.2 de la LTC, disponiendo que, si bien esta norma no establece como una causal de improcedencia o inactivación reglada del amparo constitucional la falta de interposición del recurso dentro de los seis meses de conocido el acto ilegal o de agotadas las vías de impugnación en la instancia judicial o administrativa, la jurisprudencia del órgano guardián de la Constitución ha establecido que este tipo de comportamiento del supuestamente agraviado, determina también la improcedencia del recurso.

En base a los argumentos jurídicos contenidos en el Acuerdo Constitucional (AC) 112/99-R, y complementados por la SC 0685/2003-R, el Tribunal Constitucional señala que es preciso poner de relieve que al ser los derechos fundamentales subjetivos por excelencia, el titular del mismo no es la sociedad ni el Estado sino el individuo y, por tanto, se trata de un derecho disponible. “Conforme a esto, la persona que ha podido sufrir una vulneración a algún derecho fundamental, atendiendo a razones particulares, puede consentir de manera expresa la lesión o amenaza a esos derechos, o simplemente adoptar una posición pasiva, consistente en no acudir a la tutela jurisdiccional. En el primer caso, el legislador de manera específica ha tomado la decisión política de que tales supuestos son causales de improcedencia en el recurso de amparo (artículo 96.2 LTC). En el segundo caso, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que la inacción por más de seis meses del supuestamente agraviado, determina también la improcedencia del recurso”, señala uno de los argumentos de la SC 1149/2006-R.
Texto de la sentencia

SENTENCIA Nº 1265-2005

Debido Proceso

En materia penal, la facultad de la parte recurrente y de la contraria para ofrecer prueba en apelación incidental tiene momentos procesales precisos, en el primer caso al interponer el recurso y en el segundo, en su contestación. “Esta posibilidad determina que en el caso de que el tribunal de alzada considere útil la prueba […]
Texto de la sentencia

El Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 2683, bajo el argumento de que vulneraba derechos fundamentales de las personas que se encontraban detenidas a la espera de un fallo judicial. La norma impugnada ampliaba el plazo para la culminación de las causas penales tramitadas con el antiguo Código de Procedimiento Penal.

El Tribunal señaló que si bien la Constitución no fija un plazo de manera expresa para el término de los procesos penales, el parágrafo II de su artículo 116 hace referencia a la necesaria celeridad en la administración de justicia en todas las materias, particularmente en la penal. En ese sentido, a partir de esta sentencia se deberá establecer un trámite mediante el cual el juez de cada causa declare extinguida la acción penal siempre y cuando se hayan cumplido algunos requisitos, uno de los cuales es, por ejemplo, que las dilaciones no sean atribuibles al imputado o procesado. Asimismo, esa extinción tiene que hacerse a solicitud de parte o a instancia del Ministerio Público.
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Aclaración de la sentencia

Vicenta Quispe de Colque, cuya hija Ana Colque Quispe falleció a consecuencia de los sucesos del 13 de febrero de 2003, presentó un amparo contra la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de La Paz, que emitió una resolución por la cual ordenó que los militares involucrados en esos hechos fuesen juzgados en la jurisdicción castrense. El Tribunal Constitucional conoció en segunda instancia este caso y mediante la sentencia N° 663/2004-R señaló que quienes fueron procesados por la justicia militar deberán pasar a la justicia ordinaria, donde deberá seguírseles el proceso correspondiente, a instancia de la querellante y del Ministerio Público. Entre los fundamentos de esta sentencia, el Tribunal afirma que es a través de la jurisdicción ordinaria penal donde cabe desarrollar el proceso penal, dado que esa vía es la que garantiza adecuadamente los derechos tanto del encausado como de la víctima. Al no estar el caso circunscrito a un ámbito de estricto interés militar, debe ser la jurisdicción ordinaria la que conozca el proceso y defina la situación jurídica de la problemática planteada en el mismo.
El Tribunal invoca entre sus fundamentos la normativa jurídica básica relacionada con la protección y vigencia de los derechos humanos, dentro del marco de las disposiciones de la Constitución y la jurisprudencia de organismos internacionales.
Texto de la sentencia

- Actuación del defensor de oficio y derecho de defensa (Sentencia Constitucional N° 0305/2003, del 12 de marzo del 2003)

La defensa de oficio que ofrece el Estado a las personas que no cuentan con los medios adecuados para contratar abogados es un tema que merece especial atención, pues muchas veces se ha criticado que aquella defensa no es llevada a cabo en forma diligente. Al respecto el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que "la asignación de un defensor oficial (...) no se agota en la formalidad legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo (...)". Esta afirmación fue hecha a propósito de un amparo presentado por una persona que fue condenada por delitos de estafa, cuyo defensor de oficio en la instrucción penal no asumió la defensa sustantiva ni procesal, mientras que el defensor designado en el plenario de la causa sólo se limitó a hacer acto de presencia en la audiencias preparatorias sin presentar pruebas. En este caso, el Tribunal señaló que la sanción penal impuesta al recurrente sin que el defensor de oficio cumpla su función en forma debida debía entenderse como inexistente, al igual que el procedimiento.
Texto de la sentencia

- Principio de legalidad en materia penal (Sentencia Constitucional N° 161/2003, del 14 de febrero del 2003)

A propósito de una demanda de hábeas corpus presentada por una persona procesada y sentenciada por un delito no tipificado en el Código Penal ni otra norma legal punitiva vigente, el Tribunal Constitucional de Bolivia señaló que nadie puede ser sometido a proceso penal alguno y menos ser condenado a pena alguna, si la conducta por la que se pretende juzgarlo no está tipificada como delito en el ordenamiento jurídico sancionador vigente. Asimismo, el Tribunal señaló que: "(...) tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 15º, cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9º, han proclamado como un derecho humano de la persona el que no pueda ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable (...)".
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- Garantías procesales en los procesos de carácter sancionatorio (Sentencia N° 0136/2003, del 6 de febrero del 2003)

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que el principio en virtud del cual nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en un proceso, busca "evitar la imposición de un sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollen tales derechos (...)". Esta interpretación fue realizada a propósito de un amparo presentado por personas que asumieron el cargo de garantes hipotecarios. Para el Tribunal estas personas se encontraban en estado de indefensión, pues se les embargó sus bienes y se dispuso su remate, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, por lo que consideró que se vulneró el derecho de defensa, el debido proceso, la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
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