En este
caso se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
12º de la Ley 790 del 2002, que establecía lo siguiente: “(...)
no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa
de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica (...).
De acuerdo al demandante esta norma resultaba contraria al derecho a la igualdad
ante la ley y a recibir la misma protección y oportunidades sin ninguna
discriminación, al establecer un tratamiento discriminatorio en razón
del sexo, en la medida en que dispone que las madres cabeza de familia sin
alternativa económica no pueden ser retiradas del servicio en el desarrollo
del Programa de Renovación de la Administración Pública,
ignorando que también el hombre puede tener dicha condición.
En su decisión la Corte Constitucional señaló que la
supuesta violación del principio de igualdad carecía de fundamento,
pues la prohibición de retirar del servicio a las madres cabezas de
familia sin alternativa económica es una medida de discriminación
positiva o inversa. A su consideración, dicha medida es razonable,
proporcionada y busca corregir o compensar la desigualdad que históricamente
ha tenido la mujer en los campos económico y social y, en particular,
en el campo laboral, frente al hombre.
Sin embargo, la Corte condicionó la constitucionalidad de la norma
impugnada a que se interprete en el sentido de que tampoco podrán ser
retirados del servicio en el desarrollo de dicho programa los padres cabeza
de familia sin alternativa económica que tengan a su cargo económica
o socialmente y en forma permanente hijos menores de edad, o hijos impedidos.
Esta Página Web ha sido elaborada por la Comisión Andina de Juristas. Agradeceremos sus sugerencias y comentarios al E-mail: rij@cajpe.org.pe