99/02/05

DENUNCIAN TORTURAS EN EL ESTADO DE APURE

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Caracas.- La colectividad del Estado Apure está cansada de desmanes y atropellos por parte de la Disip y del Teatro de Operaciones, dijo el defensor de los Derechos Humanos Nieves, Jorge, quien denunció que tres dirigentes vecinales se encuentran incomunicados debido al secuestro de cinco empleados de la empresa petrolera PDVSA. El denunciante, acompañado del diputado del Polo Patriótico, Vladimir Villegas, dijo en la PTJ que debido a ese secuestro fueron detenidos en la localidad de Guafita, Edgar Carvajal, presidente de la asociación de vecinos; Juan Bautista Moreno, miembro del comité de Derechos Humanos, y Oscar Cáceres, comisario de la asociación de vecinos de esa comunidad. Explicó que todos ellos fueron incomunicados y torturados por la Disip. 'Gracias a un habeas corpus la comunidad logró que se le restituyeran las visitas. Refirió Nieves que están cansados de denunciar los atropellos que desde hace cuatro años vienen cometiendo las autoridades a raíz de la suspención de las garantías constitucionales. En diversas ocasiones han denunciado al general Enrique Medina Gómez, comandante del Teatro de Operaciones y al jefe de la Disip en la zona, comisario José Gavidia. El diputado Villegas afirmó que como parlamentario no está dispuesto a avalar ningún atropello contra la comunidad y exhortó al ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquelena, a que investigue las denuncias de torturas en Apure.

MARZO

99/03/15

EL PRESIDENTE DEL CAPITULO VENEZOLANO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN, GUSTAVO BRICEÑO, CONSIDERA QUE EL DEFENSOR DEL PUEBLO CONSTITUYE, EN SI MISMO, EL PODER MORAL, EXCLUYENDO AL FISCAL Y AL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. LA FIGURA SERA ANALIZADA POR LA ASAMBLEA / POR: LOPEZ, EDGAR

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El ordenamiento jurídico venezolano vigente incluye diversos mecanismos de control de la actividad de los órganos del poder público. Es posible que, ante la arbitrariedad o el abuso oficial, el ciudadano recurra a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República o a la jurisdicción contencioso administrativo. Pero, en todo caso, aquel que legítimamente tome la iniciativa de defender sus derechos, tendrá que someterse a las formalidades de la ley. Mientras obtiene una respuesta, es probable que el daño sufrido sea irreversible. Gustavo Briceño Vivas, presidente del Capítulo Venezolano del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, lo planteó en forma más sencilla: "El ciudadano que va a una oficina pública quiere ser atendido con comprensión y respeto, el ciudadano quiere abrir un grifo y que salga agua potable, quiere oprimir un interruptor y que se encienda la luz...". Desde su punto de vista, todos los controles instituidos se fundamentan en una justicia formal, pero nadie se encarga de velar por la eficiencia de la actividad de la administración pública. A propósito del debate constituyente, este vacío podría ser llenado a través de la institucionalización de la figura del ombudsman o defensor del pueblo. "El ombudsman -explicó Briceño Vivas- es el funcionario del Estado que va a defender al ciudadano contra las agresiones de la administración pública. No es un corrector de la legalidad como el fiscal, no es un corrector de la administración de los recursos del Estado como el contralor, no es un juez contencioso administrativo que decidirá la validez o no de un acto del poder público; es un corrector de la actividad material del Estado". Tal como lo concibe el especialista, el ombudsman garantizaría una correcta actuación de los órganos dependientes del Ejecutivo Nacional; le va a recordar a los jueces que tienen la obligación de dictar sentencias oportunamente; le va a exigir a los miembros del Congreso de la República que elaboren leyes de acuerdo con las necesidades de la colectividad que representan. Así pues, el Ombudsman constituiría un complemento a los controles formales que deben ejercer las diversas autoridades del Estado. "El ombudsman -continuó Briceño Vivas- no tiene poder para suspender la actuación del Estado, pero puede persuadirlo. Le enseña al Estado los límites del poder que ejerce y le enseña al ciudadano sus derechos frente al ejercicio de tal poder". -Pero ese tipo de exhortaciones se hacen a diario. Voceros del sector oficial y no oficial se quejan por el mal funcionamiento de la administración pública. -Hay muchos sectores que, en efecto, manifiestan su molestia frente a la ineficiencia del Estado. Pero hace falta abrir un cauce para que la denuncia trascienda. La institucionalización del ombudsman, su incorporación en la nueva Constitución Nacional, es una necesidad impostergable. El Poder Moral en la nueva Constitución Gustavo Briceño adelantó que propondrá a los miembros de la Asamblea Constituyente que en la nueva Constitución Nacional se incluya un artículo consagrando la figura del ombudsman, de modo que a través de una ley orgánica se precisen los detalles sobre su organización y funcionamiento. El ombudsman tendría una oficina nacional y coordinaría la actuación de otros tantos ombudsman como estados y municipios tiene el país, con el propósito de garantizar el acceso a la institución de todos los venezolanos, por más lejos de la capital que residan. Los ombudsman serían nombrados por el Congreso, sobre la base de postulaciones hechas por la sociedad civil organizada de las comunidades a las cuales servirán. El presidente de la República, Hugo Chávez, y los dirigentes del Movimiento Quinta República, han incorporado la figura del defensor del pueblo al proyecto de transformación institucional del país que promueven. Específicamente, han planteado la creación del llamado Poder Moral, integrado por el defensor del Pueblo, el fiscal general de la República y el contralor general de la República. "Para mí -señaló Briceño Vivas- el Poder Moral es el ombudsman, excluyendo el fiscal y el contralor. El fiscal es el vigilante de la legalidad de los actos del poder público, desde el punto de vista formal y el contralor es el vigilante de los actos del poder público, desde el punto de vista financiero. En cambio, el ombudsman representa un poder aparte, no formal. Yo no lo llamaría un cuarto sino un nuevo poder. Es un contralor de la justicia en términos prácticos, más que de la legalidad formal. Insisto, es el ejercicio del poder de persuasión, para que el Estado corrija su conducta si la misma constituye una agresión al ciudadano". Gustavo Briceño Vivas está consciente de que el ombudsman será exitoso en la medida en que el mismo Estado y los ciudadanos reconozcan su autoridad y, sobre todo, le faciliten los recursos materiales y humanos para la titánica tarea de adecentar la administración pública. Los celos de la Fiscalía: La idea de crear un tercería entre el ciudadano y el Estado proviene de Europa y, con relativo éxito, se ha aplicado en varios países de América Latina, entre los cuales destaca Argentina. En Venezuela, se han ensayado, con timidez, algunas experiencias. Por ejemplo, el proyecto de ordenanza diseñado para el Municipio Baruta, a efectos de crear la figura del Defensor Vecinal, la cual se diferencia del juez de paz, porque éste funge como un mediador entre dos particulares, mientras que el defensor vecinal se ocupa de las relaciones entre los particulares y el Estado. Briceño Vivas lamenta que dicho ensayo no haya recibido el apoyo suficiente, como ocurrió con el defensor del pueblo instituido hace unos tres años en el estado Mérida, por resolución de la Asamblea Legislativa: "Francisco Peña, un abogado de la región, a quien le correspondió ser pionero en esta materia, no fue respaldado por las autoridades regionales y, en ese sentido, su actuación ha sido limitada. Además ha debido enfrentar una férrea oposición de parte del fiscal general de la República, Iván Darío Badell, quien impugnó su designación". Y es que el máximo representante del Ministerio Público se opone rotundamente al ombudsman, pues considera que la ley que rige el organismo, lo convierte en el único defensor de los derechos ciudadanos. "Cosa que no es verdad -advirtió el especialista- pues todos los venezolanos tienen el derecho a defender sus derechos, valga la redundancia. Con la mayor tranquilidad de conciencia, debo decir que la Fiscalía ha manifestado un celo institucional e ignorancia en cuanto a la figura del ombudsman". En su opinión, el Ministerio Público debe concentrarse el en rol de acusador que le confiere el nuevo esquema relacionado con el proceso penal. Por otra parte, agregó, hay que reforzar las facultades de la Contraloría General de la República, de modo de que vele por la recta administración de los recursos del Estado.

MAYO

99/05/23

ANTE LA PROXIMA ACTIVACION DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, RECOMIENDAN CREAR DEFENSORIA DEL PUEBLO

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Caracas.- El 1 de julio, cuando entre en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en la escena del juicio, oral y público, se notará la ausencia de un personaje: el defensor de los derechos del pueblo, del ciudadano o del habitante. También conocido por un nombre de raigambre nórdica, el ombudsman es una figura que vendrá a sustituir al fiscal del Ministerio Público, transformado por el mismo código en la parte acusadora. Hasta ahora, en el sistema judicial venezolano la Fiscalía General de la República había fungido como 'parte de buena fe' en los procesos judiciales y como garante del respeto a los derechos humanos. Cuando el COPP esté completamente firme, tendrá que ser, fundamentalmente, un ente investigador de los presuntos delitos y acusador de los imputados. Según estimaciones hechas por el actual fiscal, Iván Darío Badell, estas nuevas responsabilidades rebasarán por completo la capacidad del Ministerio Público, pues todos sus funcionarios tendrán que hacerse cargo de los juicios en desarrollo y de los que se inicien a partir de julio. ¿Quién se encargará entonces de investigar las acusaciones privadas que se hagan contra las autoridades o los organismos oficiales y verificar el estricto cumplimiento de la ley? Es una de las grandes incógnitas pendientes. Juan Navarrete, director adjunto de Amnistía Internacional Venezuela, explica que mientras la Constitución de 1961 hace del Ministerio Público 'parte de buena fe', el COPP le entrega la tarea de investigar el delito. Y sentencia al respecto 'o es acusador o es parte de buena fe, no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo'. Iván Rincón, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y corredactor del Código, no tiene dudas: 'Por muchos nuevos cargos para fiscales que se creen, su rol se va desviar hacia la gestión acusadora, a recabar todos los elementos para la determinación del delito y la responsabilidad del imputado'. Tiene más de una razón para exigir la creación del ombudsman, sobre todo 'en un país donde el cordón de miseria está en el orden de 80 por ciento y donde las personas no tienen acceso a la justicia'. Su idea es depositar en este personaje la asistencia en materia de derechos humanos para los desposeídos, 'porque la defensa pública en Venezuela está muy mal estructurada'. El rango de protección es sumamente amplio, abarca 'los derechos de los ciudadanos, no solamente civiles y políticos, sino económicos, sociales y culturales y los que se llaman del consumidor', expresa Navarrete. Se trata de una institución no jurisdiccional, sin poder ni derecho a juzgar, destinada a supervisar la administración de justicia, a prevenir y frenar los abusos cometidos por las autoridades. Los consultados no discuten respecto a su pertinencia en el nuevo esquema penal, pero admiten que 'debe tener carácter constitucional', lo cual retarda su consagración hasta que la Asamblea Nacional Constituyente consagre su existencia. ¿Y mientras tanto? Rincón se inclina porque sea la Fiscalía la que cubra la vacante. Desecha así la posibilidad de darle vida a la defensoría por medio de una ley orgánica. 'No deberíamos apresurarnos sino esperar por la decisión de la Asamblea Constituyente, a que desde ya se presenten los proyectos para que la nueva Constitución esté montada con esta institución'. Navarrete cree que en 'la transición hay que buscar el desarrollo autónomo de esa rama', dentro de la Fiscalía, lo cual 'más que un planteamiento de ley sería parte de la política de quien vaya a ser el nuevo fiscal general de la República', en espera del veredicto. 'No es la situación ideal', de eso está seguro. 'Pero es la herramienta más inmediata que tenemos para solventar de alguna manera la debilidad que va a haber en materia de defensa de los derechos humanos'. Solventada la emergencia, Rincón sabe que 'el ombudsman -consagrado en la Constitución- tiene que ser independiente de la Fiscalía'. Admite que ésta también 'tiene una función garante y protectora de los derechos humanos, pero el ombudsman debe irse solamente hacia esa función protectora'. 'Está demostrado que en todos los países en donde existe el Ministerio Público, sea o no parte de buena fe, siempre se concentra más en la función acusadora, en el ejercicio del poder punitivo en nombre del Estado', argumenta. Navarrete aporta elementos para la discusión. En Argentina, explica, existe un 'un Ministerio Público bicéfalo, con una cabeza que conduciría todo el proceso acusatorio y otra que conduciría la vigilancia y protección de los derechos humanos', la alternativa ha funcionado. En cambio, en Brasil, ante un cambio legislativo similar al nuestro. se creó la figura de procuradores de los derechos humanos dentro del Ministerio Público, pero 'cuesta mucho que se separen las gestiones'. Sea como sea, reitera que 'debe tener autonomía, independencia e imparcialidad... tenemos que cuidar que no sea una especie de gran organización no gubernamental, una simple procesadora o gestora de denuncias'.

99/05/28

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN, PROMUEVEN FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

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Caracas.- Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y la consiguiente necesidad del defensor del pueblo, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, confeso promotor de esta figura en nuestro país a través de su capítulo nacional, decidió poner las reglas claras: 'el ombudsman no es Superman'. El instituto tiene 16 años de fundado. Pero su secretario general, Isaac Hochman, estima que les ha llegado el momento de crear en Venezuela este intercesor de los derechos comunes, de resultados probados en el resto de la región. A partir del 1 de julio, cuando se haga vigente el COPP, los fiscales del Ministerio Público se tornarán en parte acusadora, por lo que su antigua buena fe deberá ser asumida por otra institución. Hochman retoma el slogan argentino según el cual 'el ombdusman no es Superman'. Luego explica que 'el instituto trata de evitar que se creen grandes expectativas', seguidas de similares desilusiones. Cuidan también de que no se desvirtúe la misión del ombudsman, mediante su politización y burocratización. Entiende que es un simple 'mediador entre el ciudadano común y la administración pública...Un ciudadano común, hagamos bien esa diferencia, es aquel que no tiene acceso a un abogado, ni a la Fiscalía'. 'Es un ciudadano que ayuda al ciudadano de a pie en problemas con el Estado', pero sin mayor burocracia. Según cuenta Hochaman, internacionalmente este servidor apenas cuenta con una discreta oficina. Ombudsman constitucional Este año, el instituto celebrará, en Caracas, su quinto coloquio, con el objetivo de develar ¿qué tipo de ombudsman necesita Venezuela? La respuesta dependerá de los 'estudios del entorno' que se realicen, de los derechos y de la población más frecuentemente vulnerados. Isaac Hochman insiste en la necesidad de una defensoría de los usuarios de servicios públicos (electricidad, teléfono, aseo urbano y otros). Aparte, menciona al defensor militar, dispuesto, por ejemplo, a mediar por un soldado, en caso de que por 'conciencia' se niegue a obedecer. Dio fe, además, de la utilidad del defensor universitario, con capacidad para atender, ante las máximas autoridades, los problemas simples o complejos del estudiantado. En tribunales vendría a intervenir un defensor que 'no puede opinar sobre las decisiones de los jueces, ellos son autónomos, pero puede hacer que se administre justicia'. Lo cierto es que 'no tiene poder más que el poder moral', el suficiente para hacerse valer como mediador, 'pero él no puede ser parte del juicio...Tiene ojos y oídos, pero no tiene manos', explica. En cualquier caso, afirma, debe ser el Legislativo quien lo elija. 'El ombudsman o defensor del pueblo deriva su poder del representante del pueblo que es el Parlamento'. Podría pensarse en un defensor nacional, electo por el Congreso; otro estatal, electo por la Asamblea Legislativa y uno municipal, seleccionado por la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal. 'Una vez que tiene ese poder él es independiente en sus funciones', aclara. Las conclusiones, arrojadas por la cita de septiembre, serán elevadas ante la ANC, en un artículo modelo para consagrar al ombudsman en la nueva Carta Magna.

JUNIO

99/06/05

110 DEFENSORES PUBLICOS REALIZARAN CURSO INTENSIVO SOBRE JUICIOS ORALES

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Caracas.- Un total de 110 defensores públicos provenientes de 17 estados del país realizarán la próxima semana un curso intensivo sobre preparación y presentación de la defensa para un juicio oral. La actividad se realizará de manera simultánea en Barquisimeto y Puerto La Cruz, con la participación de defensores públicos federales traídos de Estados Unidos a través de un convenio suscrito entre el Consejo de la Judicatura y el Federal Judicial Center, con el financiamiento del Banco Mundial. En Puerto La Cruz asistirán al curso 38 defensores provenientes de Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar y Distrito Federal. En Barquisimeto habrá dos grupos de 36 participantes cada uno, provenientes de Zulia, Falcón, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Cojedes, Yaracuy y Portuguesa. Los cursos fueron organizados con el objetivo de entrenar a los defensores en las destrezas que requerirán una vez que entre en vigencia plena el nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Los instructores traídos de Estados Unidos son: Michael García (Los Angeles), Elizabeth Hey (Filadelfia), Joseph Laws (San Juan), Robert McWhrirter (Phoenix, Arizona), Marranna Meehan (Filadelfia) y Epifanio Morales (San Juan). Según la coordinadora nacional de Defensorías, Rosa Benazar, con estos cursos _y otros anteriores_ los defensores se pusieron al mismo nivel de capacitación que los fiscales del Ministerio Público.

JULIO

99/07/24

FUERON JURAMENTADOS 87 ABOGADOS COMO DEFENSORES PUBLICOS PARA QUE ASUMAN CASOS JUDICIALES DE LOS CIUDADANOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA COSTEAR UN JUICIO

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Caracas.- El gobernador del Distrito Federal, Hernán Grüber Odremán, juramentó a 87 abogados como Defensores Públicos para que asuman los casos judiciales de aquellos ciudadanos acusados de cometer actos fuera de la ley que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear el juicio correspondiente. De acuerdo con un comunicado de prensa de la gobernación, el mandatario regional exhortó y alertó a estos profesionales para que cumplan a cabalidad con lo establecido en el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, y manifestó que su designación era histórica si se toma en cuenta el momento por el que atraviesa el país. 'No deben olvidar, afirmó Grüber, que su trabajo se dirigirá a las personas pertenecientes a esos sectores deprimidos económica y socialmente, los cuales han venido siendo víctimas tradicionales de un sistema judicial injusto'. 'Por lo demás, agregó, debo decirle a toda la población que la Gobernación de Caracas está completamente a la orden y con sus puertas abiertas para prestar cualquier apoyo necesario a fin de garantizar a las personas de menores recursos que sus derechos constitucionales no sean violados'. En relación con los linchamientos que pudieran suscitarse por los acusados que queden en libertad bajo las nuevas normas del Código Orgánico Procesal Penal, el gobernador señaló que esta suposición es extemporánea y subrayó que este no era el momento oportuno para hablar del tema, pues antes debieron aplicarse los correctivos sociales para disminuir la delincuencia.

99/09/18

DEFENSOR DEL PUEBLO NO SERA ELECTO POR VOTACION POPULAR. SERA DESIGNADO POR COMISION DEL PODER LEGISLATIVO

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Después de recibir las propuestas constitucionales del contralor Eduardo Roche Lander, Miguel Madriz, presidente de la Comisión del Poder Moral o Contralor, señaló que el Defensor del Pueblo no va a ser electo por votación popular, como lo propuso el Presidente de la República, sino que será designado por una comisión del Poder Legislativo. Madriz explicó que el proyecto sobre este capítulo aún no está completo; sin embargo, adelantó que ya existen ciertos aspecto en los cuales los integrantes de la comisión están de acuerdo, como el de las tres instituciones que conformarán el Poder Moral: la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), y las características de esta última. El constituyente señaló que existe consenso en que los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo sean propuestos por una Comisión de Postulación, integrada por sectores de la sociedad (Iglesia, universidades, ONG y Poderes Públicos). Luego, una comisión perteneciente al Poder Legislativo, será la encargada de escogerlo de esta lista. Añadió que este mecanismo le restaría el carácter político que pudiera adquirir este funcionario si se somete a un proceso de elección popular. Anunció que se creará el Consejo Moral Republicano, que reunirá a los tres poderes y será presidido por uno de los máximos funcionarios de cualquiera de éstos. La idea es que exista coordinación que garantice el cumplimiento de las leyes (Fiscalía), el respeto a los derechos humanos (Defensor del Pueblo) y los procedimientos administrativos (Contraloría). Aclaró que este poder va a tener la facultad de controlar a los órganos del Poder Público; incluso, al Congreso y a las Fuerzas Armadas. "No se puede justificar que las FAN realicen grandes erogaciones con la excusa de proteger el secreto militar. Mediante procedimientos especiales se garantizará que los secretos de Estado no sean revelados durante el ejercicio del control", agregó. Poder Contralor El contralor general, Eduardo Roche Lander, coincidió con el constituyente al declarar que los órganos del Poder Público deben estar sujetos a la vigilancia de la Contraloría. Agregó que este poder también debe llegar a las alcaldías y gobernaciones. "No deben existir cajas negras en la administración pública. Cada sector debe ser controlado para garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones", añadió. Planteó que "todos los contralores internos, de estado o de municipio, deben ser escogidos por concurso, en el cual se valore la competencia, la eficiencia y la experiencia, para impedir que se adquiera sesgo político".