99/01/08

SOBRE REPOSICION DE MIEMBROS DEL TC, OPINA MINISTRA VALENZUELA. GOBIERNO PERUANO DEBE ATENDER FALLOS DE LA CIDH.

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La nueva ministra de Justicia, Carlota Valenzuela de Puelles señaló que el gobierno debe atender la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la reposición de los cuatro magistrados destituidos del Tribunal Constitucional, porque nuestro país, dijo, es constitucionalista y obedece los lineamientos de la Carta Magna y los pactos internacionales. Agregó que el pleno funcionamiento del TC con sus siete miembros es una expectativa de todos los funcionarios y una necesidad del Estado, por lo que espera que el Legislativo lo haga realidad en su debida oportunidad. En tanto, dijo que no quería opinar por el momento sobre las declaraciones de su antecesor Alfredo Quispe Correa respecto a que el Perú debe denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. La flamante ministra de Justicia hizo estas declaraciones luego de juramentar el cargo. En otro momento señaló que durante su gestión apoyará la reducción del porcentaje de jueces provisionales en el Poder Judicial. Respecto a la reforma del Poder Judicial, dijo que a pesar de su cuestionamiento es testigo de excepción que la misma ha dado muy buenos frutos y mencionó el acercamiento de la justicia a los lugares más necesitados del país y los centros penitenciarios. En cuanto a las reiteradas denuncias de violaciones de los Derechos Humanos ante organismos internaciones, declaró que se trata de casos aislados y que nadie se ha fijado que el Perú y la ciudadanía en general ha sido víctima de muchos atentados contra sus derechos elementales que han quedado en el anonimato.

99/01/09

EL EJECUTIVO DECIDIRA SI ESTA DE ACUERDO CON RECOMENDACION DE LA COMISION INTERAMERICANA. PLAZO PARA ACOGER EL PLANTEAMIENTO VENCE EL 14 DE FEBRERO

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"No es una decisión de un ministro sino del Gobierno y luego en función de ello se tomará una acción determinada", señaló luego de recordar que tiene un plazo de sesenta días y vence el próximo 14 de febrero. El presidente Fujimori y algunos congresistas sostienen que el tema estaba en manos del Legislativo. Evitó pronunciarse sobre la opinión de la ministra de Justicia, Carlota Valenzuela, quien señaló que sería recomendable que el Gobierno atienda la sugerencia de la Comisión Interamericana. De Trazegnies recordó que el tratamiento internacional de denuncias de violación a los derechos humanos tiene dos fases: la comisión, que emite recomendaciones; el Gobierno, que decide si está de acuerdo o no con ellas y en ese contexto las cumple o no; y la Corte, que entra a tallar si el Gobierno no está de acuerdo con la sugerencia. "Si le parece que sus razones son mejores como en cualquier conflicto y en cualquier controversia que se presente en la vida, entonces va a un juicio, a la Corte Interamericana". Observó que en el caso de que el Perú decida no cumplir con tal recomendación, no será necesario una apelación, pues no se está hablando de una resolución. Se preguntó: "×Cuántas veces en la vida nos encontramos con personas que nos dicen que fulano, que tiene un pleito contigo, tiene la razón; y les respondemos, creo que no tiene la razón, nos vamos a juicio y lo discutimos". De Trazegnies hizo la salvedad de que las recomendaciones de la CIDH son confidenciales: "Se entregan directamente al Gobierno y no se dan a conocer justamente para los efectos de poder conversar sobre ello y seguir el proceso en forma normal". A juicio del canciller, en caso de que el Gobierno Peruano decida no acatar la sugerencia internacional y se discuta el tema en la Corte, eso no dañará la imagen del Perú en el exterior.

99/01/23

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA (CAL) PIDE AL CONGRESO RESTITUIR A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Un llamado al Congreso para que proceda a la restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, doctores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, ante la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formuló el Colegio de Abogados de Lima, a través de su junta directiva. El documento también señala su complacencia por la entrega del pasaporte al abogado Baruch Ivcher Bronstein, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nuestro consulado en Tel Aviv. "La emisión del referido instrumento constituye de parte del gobierno una forma indirecta, si bien incompleta, de rectificar la resolución administrativa que pretendió privarlo inconstitucionalmente de su nacionalidad mediante la irrita anulación de su título de naturalización", señala un párrafo del comunicado del CAL. Al referirse a los tres miembros del Tribunal Constitucional que fueron injustamente destituidos, el Colegio de Abogados de Lima, destaca la urgencia del gobierno y especialmente del Congreso, acoger la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que pide su reincorporación. Los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo, fueron destituidos de sus cargos en 1997.

FEBRERO

99/02/06

EL CONGRESO NO DARA MARCHA ATRAS EN CASO DE MAGISTRADOS DESTITUIDOS. MARCENARO SEÑALA QUE LA UNICA SOLUCION ES CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES MEDIANTE CONCURSO

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Empero, respecto a si los tres magistrados destituidos podrían ser repuestos, tal como presuntamente ha pedido al Gobierno Peruano la CIDH, Marcenaro Frers aclaró que la destitución de mediados de 1997 fue hecha en virtud de un mandato soberano del Congreso de la República luego de examinar la conducta funcional de los doctores Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. Marcenaro ofreció una rueda de prensa ayer en la sede del Poder Legislativo, en la que dejó entrever que muy probablemente el Gobierno Peruano dejará pasar el plazo fijado por la CIDH para reponer a los tres ex magistrados del Tribunal Constitucional, a la espera de que una de las dos partes involucradas en el proceso apele ante la Corte Interamericana, cuya eventual resolución sí es de cumplimiento obligatorio. "Es cierto que el tema del Tribunal Constitucional está en manos del Congreso. Por eso hemos hecho un llamado a la oposición para que forme parte de la comisión seleccionadora de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. La Constitución nos exige 80 votos para estos nombramientos y no los tenemos porque no hay acuerdo multipartidario. Nos faltan nueve o diez votos", sostuvo. El congresista calificó de "simple opinión" la recomendación de "un grupo de personas" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reponer a los tres ex magistrados del Tribunal Constitucional, por lo cual el Gobierno está facultado para acatarla o no. "Pero en caso de que un organismo internacional estableciera la obligatoriedad para el Perú de liberar a terroristas, considero que en ese caso el Estado podría denunciar el Pacto de San José de Costa Rica porque el Perú no puede liberar a personas que han hecho tanto daño", reiteró. De otro lado comentó las propuestas surgidas en torno de la relación entre la contraloría y el Congreso, de modo que se establezcan mecanismos de control. Tal planteamiento salió de la Comisión de Fiscalización que preside Miguel Velit, luego de evaluar las denuncias vinculadas a Tomás Gonzales Reátegui. Marcenaro señaló que si se presentan iniciativas legales para mejorar la labor del órgano de control serán bienvenidas y examinadas en todos sus alcances. "Es impresionante la cantidad de casos que tiene; hay más o menos 650 personas trabajando en la Contraloría General", comentó.

99/02/06

ENRIQUE BERNALES CRITICA DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE RREE OSVALDO SANDOVAL. EL PERU ESTA OBLIGADO A CUMPLIR CON RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) AFIRMO

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El relator de las Naciones Unidas para los DD.HH. y ex senador de la República, Enrique Bernales, criticó ayer la posición del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Oswaldo Sandoval respecto a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Tribunal Constitucional (TC), al señalar que sus frases revelan una vanidad dañina para el Perú. Sandoval había dicho en una radioemisora local, que nadie puede imponerle plazos al Perú para cumplir una recomendación, con el objeto de revisar una decisión soberana que adoptó el Parlamento Nacional, el mismo que tuvo como consecuencia, la destitución de los tres magistrados del TC. Al respecto, el Bernales rechazó tal afirmación, tras alegar que todos los estados tienen obligaciones internacionales que meritúan emplazamientos cuando no se cumplen los compromisos adquiridos a través de la suscripción de los convenios internacionales. El Perú -agregó-, forma parte de la comunidad internacional y al haber suscrito diferentes acuerdos, entre los cuales se encuentra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a ellos. Dijo que la CIDH es uno de los organismos básicos de este instrumento jurídico y dentro de sus procedimientos establece que hay plazos que se deben cumplir. Bernales aclaró que en el punto actual del proceso, el gobierno no puede presentar ninguna apelación porque no corresponde a esta etapa y tiene que responder antes del 14 de febrero. Si no lo hace, la CIDH puede archivar el caso o convertirse en parte y presentar el caso ante la Corte de San José de Costa Rica. Oswaldo Sandoval, pese a ser el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo en CPN Radio, que no está al tanto del tipo de manejo que se le está dando a este caso, que según parece, tendría que resolverlo el Congreso. "Este es un tema que presumo, tendrá que ser visto inicialmente por una Comisión para dar recomendaciones al Pleno, si fuera el caso", respondió escuetamente.

99/02/12

MAGISTRADOS DESTITUIDOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) ESPERAN RESPUESTA POSITIVA DEL GOBIERNO PARA PODER RETORNAR A SUS CARGOS

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Los destituidos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Rey Terry, esperan una respuesta positiva del gobierno ceñida a la Constitución, respetuosa de los derechos humanos y que contribuya a mejorar la imagen del Perú, para poder retornar a sus cargos de los que fueron separados inconstitucionalmente en 1997. Aguirre Roca refirió que ha dado una especie de tregua al gobierno desde que llegó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, hace dos meses, absteniéndose de dar juicios al respecto. Dijo que él ha luchado durante dos años en las calles y en artículos periodísticos contra la destitución, porque era inconstitucional, pero en estos dos meses ha colgado los guantes porque la pelota está en otra cancha y espera que el gobierno resuelva como le parezca. Aclaró que él sigue siendo magistrado porque la resolución del Congreso fue inconstitucional, por lo tanto le corresponde al gobierno reponerlo en su cargo al igual que a sus otros dos compañeros. Rey Terry agregó que la CIDH está para defender los derechos humanos de las personas y en este caso los derechos de quienes han sido atropellados por el oficialismo del Congreso, por lo tanto ha recomendado su restitución. Espero, como peruano y hombre que desea vivamente que el Perú salga adelante, que el gobierno dé una respuesta positiva para que la institucionalidad del país no se vea atropellada una vez más, anotó. "Por eso, todavía confío en que se dé marcha atrás en esta monstruosidad jurídica" añadió.

99/02/16

GOBIERNO PERUANO SOLICITA 60 DIAS A COMISION INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PARA RESPONDER RECOMENDACION DE REPOSICION DE 3 MAGISTRADOS EN EL TRIBUNAL

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El gobierno peruano solicitó formalmente a la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una ampliación de aproximadamente 60 días para dar respuesta a la recomendación formulada por dicha instancia sobre la restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Así lo dio a conocer ayer el presidente Alberto Fujimori tras referir que dicha nota fue enviada al término de la semana pasada. La justificación que dio el gobierno, de acuerdo al texto de la referida nota, es que se requiere dicho plazo adicional para continuar estudiando tales recomendaciones "en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Cabe anotar que la secretaría ejecutiva del CIDH remitió el pasado 14 de diciembre una nota al gobierno haciéndole conocer la recomendación adoptada en torno al caso de los tres magistrados del Tribunal Constitucional que fueran defenestrados de sus cargos en 1996. Frente a tal recomendación, el gobierno tenía plazo hasta ayer para emitir un pronunciamiento. La misiva precisa que la representación peruana entiende que el otorgamiento de la ampliación del plazo que se solicita suspende la aplicación de los plazos previstos en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho artículo establece que la CIDH tiene tres meses como máximo para actuar sobre su recomendación, así como dos caminos para resolver el caso: elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o emitir un informe en el cual se establezca un plazo perentorio para que el Estado cumpla con atender tal recomendación. Por su parte, el jefe del Estado evitó hacer mayor comentario sobre el tema. De igual modo, prefirió no adelantar opinión respecto a si debían o no ser restituidos en sus cargos los ahora ex magistrados del Tribunal Constitucional, los doctores Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Rey Terry. Dijo que se trata de un tema que le compete al presidente del Congreso. Agregó que por ello que el titular del Parlamento se dirigió a la ministra de Justicia y ésta a su vez al Ministerio de Relaciones Exteriores. Señaló que el presidente del Congreso solicitó este plazo adicional para que el Parlamento emita un dictamen al respecto. Aclaró que no se trata de que el Ejecutivo o el propio titular del Parlamento emita un pronunciamiento sobre este tema, sino el Pleno del Congreso.

99/02/27

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ACEPTO PEDIDO DE PRORROGA. CONGRESO TIENE 2 MESES DE PLAZO PARA RESTITUIR A MAGISTRADOS DEL TC

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos otorgó finalmente el plazo de dos meses solicitado por el Congreso del Perú, en relación al pedido de reposición en sus cargos en favor de tres miembros del Tribunal Constitucional destituídos por esa rama legislativa. El nuevo plazo corre a partir de 14 de febrero de este año y vence el 14 de abril próximo; de ser necesario, el plazo para someter el caso a la suprema instancia de la Corte Interamericana vencerá el 14 de mayo de 1999, según comunicación de la propia CIDH dirigida a la embajadora de Perú ante la OEA. Beatriz Ramacciotti. La mayoría del Congreso de la República, bajo control del gobierno, incurrió en una serie de procedimientos antinconstitucionales, que socavan el Estado de derecho en el Perú, para destituir del Tribunal Constitucional a tres de sus miembros: los doctores Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo de Mur y Guillermo Rey Terry. El marco de su 101º período extraordinario de sesiones, celebrado en diciembre de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó un informe premiliminar sobre el fondo de dicho caso y6 dirigió al Estado peruano las recomendaciones pertinentes. Dicho informe de carácter reservado fue transmitido al Estado peruano l 14 de diciembre de 1998, con un plazo de dos meses para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. En un comunicado de prensa difundido ayer por la CIDH se expresa lo siguiente: "En cumplimiento de sus funciones de protección y defensa de los derechos humanos, la Comisión ha decidido otorgar la prórroga de dos meses solicitada por el Estado peruano. La CIHD hace votos para la esta prórroga conduzca a la solución del asunto planteado". "La Comisión toma nota de lo manifestado por el Estado peruano respecto a que entiende que el otorgamiento de la ampliación del plazo que se solicita , suspende la aplicación de los plazos previstos por el artículo 81 de la Convención Americana de derechos Humanos". manifiesta uno de los párrafos de la nota cursada a la embajadora Ramacciotti.

MARZO

99/03/31

EL EJECUTIVO NOMBRO COMISION DE ALTO NIVEL PARA NEGOCIAR CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El Ejecutivo inició ayer las negociaciones para resolver la solicitud de restitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, a través de una Comisión de Alto Nivel que dialogó con la parlamentaria Lourdes Flores Nano, quien lideró la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la arbitraria resolución legislativa de destitución. La comisión de Alto Nivel, designada por la Cancillería, la preside el doctor Edgardo Mosqueira, según informó Flores Nano, tras la primera reunión que sostuvo con este grupo especial. Esta es la primera vez, en nueve años de la gestión del presidente Alberto Fujimori, que se abre las puertas del diálogo sobre un tema que la oposición democrática considera de vital importancia para la restitución del Estado de Derecho. Afirmó que esta es una causa, que defiende la oposición, por razón de principios, que parte de la premisa de que la destitución de los tres miembros del Tribunal Constitucional fue un acto arbitrario y tiene que dejarse sin efecto. Flores Nano planteó un diálogo muy abierto, "y tengo esa misma indicación por parte de los magistrados destituidos", agregó. "Vamos a hacer todo lo humanamente posible, porque antes del 14 de abril, que vence el plazo, podamos llegar a una solución que sería lo más aconcejable para la imagen del Perú", indicó. "Yo espero que en el caso del Tribunal no existan las presiones que, obviamente, han existido en el caso Ivcher. Este es un caso mucho más político, sabemos que su origen está en el tema de la resolución del Tribunal sobre la reelección presidencial", sostuvo. Flores Nano, remarcó que a lo largo de nueve años el gobierno no ha dialogado sobre nada. "Yo no sé si ahora, forzado por las circunstancias o frente a las presiones que pueda significar éste y otros casos en la comunidad internacional, se siente a conversar", añadió. Calificó de positiva la convocatoria del presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro a los portavoces de la oposición, para iniciar el diálogo a nivel del Parlamento sobre el tema del TC. Dijo que la solución debe darse en una unidad de criterios, entre la Cancillería, la Comisión de Alto Nivel, el presidente del Congreso y los voceros de los distintos grupos parlamentarios.

ABRIL

99/04/13

FUJIMORI CONFIA EN SOLUCION SATISFACTORIA SOBRE LA DESTITUCION DE LOS TRES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A DOS DIAS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

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A dos días del vencimiento del plazo otorgado al gobierno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encontrar una solución satisfactoria sobre la destitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente Alberto Fujimori afirmó ayer "que no está todo perdido" puesto que hay comisiones especiales de alto nivel encargadas de este asunto". "Siempre se toman todas las posibles opciones en cuanto (el caso) esté en la Comisión", respondió al ser preguntado si su gobierno dejará que esta denuncia vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la evaluación del gabinete ministerial que él mismo había anunciado para el fin de semana último, dijo que no ha llevado a cabo tal proceso, y es más, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Víctor Joy Way, "tiene sus reuniones regulares". "No hay crisis". "No hay crisis ni problemas como dice", replicó a una periodista que indagaba por la anunciada evaluación. Ante la insistencia de la prensa, añadió que en este momento no está haciendo una evaluación, dejando entrever que permanentemente está atento a lo que pasa con los ministros. Sostuvo que tampoco pudo hacerlo el fin de semana porque el domingo estuvo de viaje en la localidad de Sarameriza, en el Alto Amazonas. Si bien no adelantó cambios ministeriales en los próximos días, tampoco los descartó. Preguntado sobre la evaluación de analistas en el sentido que la imagen de su gobierno resultaría afectado por la crisis generada con las denuncias del ministro Mufarech de la existencia de una supuesta red de corrupción en Aduanas, el mandatario respondió lo siguiente: "Si bien la imagen es importante, aquí lo importante son los asuntos de fondo. Si hay una denuncia hay que aclararla en su totalidad, nos interesa los temas de fondo. Si hay sustentación para tal denuncia o para tal otra, eso nos interesa y de esa forma trabajamos para el país". De otro lado, descartó que esté en peligro la salud o la vida de la norteamericana Lori Berenson, procesada por terrorismo, y al mismo tiempo ratificó que ésta seguirá en prisión peruana. Ley para inocentes Más adelante, Fujimori manifestó que en cualquier momento puede celebrarse la audiencia con el defensor del pueblo, Jorge Santistevan de Noriega-solicitada por éste para ver los casos propuestos por la Comisión Ad Hoc y rechazados por el mandatario sobre liberación de presos condenados injustamente por terrorismo-, sin embargo dejó establecido que mantiene una posición firme al respecto. Sobre la reunión que sostendrá el próximo jueves 15 con representantes de la Confiep, dijo que va a escuchar a los empresarios con la mayor atención y consideración, pero al mismo tiempo les harán saber que toda economía tiene que hacerse en base a la objetividad, racionalidad, estabilidad y crecimiento. El jefe del Estado anunció, asimismo, que su gobierno mantendrá la campaña publicitaria para que el consumidor adquiera combustible más barato, aunque esta vez se incrementará el precio mínimo de 4.60 a S/. 4.80 por galón.

99/04/14

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), SE REUNE PARA LOGRAR RESTITUCION DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. DE NO LLEGAR A UN ACUERDO Y AL VENCERSE LA PRORROGA DE 60 DIAS, EL CASO SERA REMITIDO AUTOMATICAMENTE A LA CORTE INTERAMERICANA DE COSTA RICA

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A pesar de la falta de propuestas concretas por parte del Estado Peruano y sin que se avizore algún tipo de solución amistosa, el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una reunión especial con las partes involucradas con la intención de lograr la restitución inmediata de los tres miembros del Tribunal Constitucional. De no llegarse a un acuerdo y al vencerse la prórroga de 60 días, el caso será remitido automáticamente a la Corte Interamericana de Costa Rica. La reunión se cumplirá en horas de la mañana en la sede principal de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que tomarán parte los miembros de la CIDH. En representación del Gobierno concurrirán los doctores Aníbal Quiroga y Edgardo Mosqueira y por los magistrados la congresista Lourdes Flores Nano. Las discusiones serán a puerta cerrada y están centradas en saber si el Estado Peruano tiene la intención de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en relación a la inmediata restitución de los doctores Delia Revoredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey Terry. Un miembro de la CIDH, quien solicitó el anonimato, le dijo a El Comercio que este miércoles el Gobierno Peruano tiene su última oportunidad para aceptar la recomendación de la comisión y que según lo previsto en el Artículo 51 podría ser elevado a la Corte Interamericana. El funcionario manifestó que la decisión de la CIDH deberá ser adoptada minutos después de vencerse el plazo. Por Miguel Vivanco, corresponsal en Washington DC.

99/04/15

COMISION INTERAMERICANA DE DDHH (CIDH) DA PLAZO HASTA EL 3 DE JUNIO AL ESTADO PERUANO PARA QUE ENCUENTRE UNA SOLUCION AMISTOSA QUE PERMITA LA RESTITUCION DE LOS TRES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)

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Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó este miércoles conceder al Estado Peruano una prórroga especial hasta el 3 junio para que, en concordancia con la parte demandante, encuentre una solución amistosa que permita la restitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional. Esta decisión implica una participación más directa y mediadora de los miembros de la Comisión, quienes en las próximas semanas viajarán a Lima para realizar una serie de gestiones al más alto nivel. La prórroga fue concedida a solicitud del Gobierno Peruano, la cual considera también una extensión de 30 días adicionales y, de no llegarse a un acuerdo final, el caso deberá ser presentado a la Corte Interamericana de San José el 3 de julio de 1999. Esta decisión se logró después de intensas negociaciones y consultas con Palacio de Gobierno, pues se necesitaba que los acuerdos relacionados con la prórroga especial sean claros y transparentes. La reunión final estuvo presidida Louis W. Woodman, presidente de la CIDH, y estuvieron presentes la embajadora del Perú ante la OEA, Beatriz Ramacciotti; los abogados del Gobierno peruano, Milagros Maraví y Diego Bustamante; la congresista demandante Lourdes Flores Nano y Cristina Cerna, abogada de la CIDH, encargada de los casos relacionados con el Perú. Lourdes Flores Nano, en declaraciones a El Comercio, señaló que la decisión adoptada por la CIDH es única e importante, pues se está otorgando al Gobierno del Perú un plazo adicional hasta el 3 de junio y, después de esa fecha, se extenderá la prórroga por 30 días más con la intención de ayudar a las negociaciones. "Esta noche la CIDH ha decidido actuar de manera más decidida en el caso de los ex miembros del Tribunal Constitucional. No sólo han dado una prórroga especial hasta el 3 de junio, sino que se han comprometido a viajar al Perú para agilizar las negociaciones. Como si fuera poco, han creído conveniente dar una extensión adicional de 30 días para que las partes se pongan de acuerdo y si no se restituye a los magistrados, entonces, el 3 de julio el caso será sometido a la Corte Interamericana de San José", explicó la congresista. Flores Nano indicó que esta nueva prórroga demuestra el interés de ambas partes por llegar a una solución amistosa, pero que de ninguna manera puede pensarse que la parte demandante ha cedido en sus pedidos iniciales. "Nosotros queremos que se restituya incondicionalmente y de forma inmediata a los tres miembros del Tribunal Constitucional. Si eso implica una nueva prórroga, una extensión y una participación más decidida de la CIDH, entonces nosotros consideramos que es momento de apostar a una nueva tentativa de olución", concluyó. Miguel Vivanco.

99/04/17

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FERNANDO DE TRAZEGNIES, SOSTUVO QUE LA PRORROGA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PERMITE AVANZAR EN CASO DE LOS MAGISTRADOS DESTITUIDOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando de Trazegnies, sostuvo que la prórroga hasta el 3 de junio próximo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para continuar con el diálogo sobre el caso de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional (TC) permite avanzar "positivamente" en este asunto. Aclaró que la ampliación de este plazo no es para restituir a los magistrados en el cargo, sino para evaluar la recomendación de la CIDH y seguir conversando este tema. "El diálogo se está desarrollando en términos muy positivos en busca de una salida de consenso. Ojalá que podamos llegar a un acuerdo y el tema no tenga que ser visto en la Corte", remarcó. Reemplazo De otro lado, informó que todavía no se ha definido si se buscará un reemplazo para Edgardo Mosqueira _flamante ministro de la Presidencia_ como coordinador de la Comisión de Alto Nivel que asesora al Perú en los procesos seguidos ante organismos internacionales. "En el equipo todavía quedan tres personas muy capaces _Alberto Bustamante, Aníbal Quiroga y Milagros Maraví_, y aunque la ausencia de Mosqueira se sentirá porque su aporte era importante, los otros delegados también podrán llevar adelante las conversaciones", dijo. Hitos Al referirse a la colocación de hitos en la frontera con Ecuador, el Canciller ratificó que no habrá ningún retraso en el cronograma establecido con anterioridad y que en las próximas semanas se espera recuperar los cinco días perdidos por el accidente aéreo. Tras anotar que ayer quedó constituida en Ecuador la nueva comisión encargada del proceso de desminado en ese país, precisó que su homólogo José Ayala le comunicó que a más tardar mañana se reiniciarán las tareas de demarcación pendientes. De Trazegnies manifestó, de otro lado, que no existe ningún impedimento legal para proceder con la entrega del kilómetro cuadrado que será cedido a Ecuador en calidad de propiedad privada. El Ministro hizo estas precisiones tras suscribir con el embajador de Estados Unidos, Dennis Jett, un convenio de donación de ayuda alimentaria que permitirá la importación de 86 mil 150 toneladas de alimentos valorizados en 52 millones de dólares. En la ceremonia también participaron la ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, y el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), Thomas Geiger.

99/04/22

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) VENDRA A LIMA PARA VER EL PROBLEMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC), EXPRESO LOURDES FLORES NANO

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La congresista y representante de los tres magistrados destituidos del Tribunal Constitucional, Lourdes Flores Nano, expresó ayer que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ampliar hasta el 3 de junio el plazo al Gobierno Peruano para solucionar el problema del Tribunal Constitucional, se fundamenta en que dicho organismo quiere jugar un papel más activo, "convertirse en un mediador". En declaraciones a la prensa formuladas en el Congreso, la legisladora indicó que en cumplimiento de ese nuevo rol, la CIDH se reunirá con ambas partes antes de que venza el plazo. La primera reunión se llevará a cabo durante la primera quincena de mayo en la ciudad de Lima, hasta donde vendrán los miembros de dicho organismo. La segunda se realizará en Washington, pocos días antes de vencerse el plazo. La legisladora reiteró que el único punto sin el cual no existía posibilidad de avanzar es dejar sin efecto la resolución legislativa que destituyó a los doctores Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo. "A partir de ese punto podemos sentarnos a conversar", agregó. Opinó que si no se arreglaba el problema del Tribunal Constitucional y el caso era denunciado ante la Corte Interamericana, la solución quedaría estrictamente en manos de la CIDH y el Gobierno Peruano y los peticionarios no tendrían nada que opinar al respecto.

MAYO

99/05/14

PROPUESTA DE SOLUCION INCLUYE RESTITUCION DE MAGISTRADOS, DICE LOURDES FLORES. CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) SE DEFINIRA EL MARTES EN WASHINGTON

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El caso del Tribunal Constitucional que se ventila en la Comisión. Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se definiría el próximo martes 18, para bien o para mal. Lourdes Flores Nano, representante legal de los tres magistrados destituidos, afirmó ayer que firmaría mañana mismo el acuerdo, según la última fórmula presentada, pero señaló que la decisión final está en manos del gobierno. "Estamos tan cerca de arreglar, como de romper" reiteró ayer, tras señalar. que en la reunión que sostuvo el miércoles pasado con la Comisión de Alto Nivel, se afinaron los últimos detalles de la propuesta, que perfectamente podría ser aceptada por ambas partes. Dicha fórmula, cuyos detalles guardó en reserva, solucionaría el tema de la reposición de los magistrados Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, así como el tema de la votación para la declaración de las leyes inconstitucionales. Sobre este último punto, Flores Nano comentó que hay varios matices respecto a la votación, pero todas buscan eliminar la capacidad de veto que tiene un sólo magistrado, cuando no se logran alcanzar los seis votos para declarar la inconstitucionalidad de alguna norma. Explicó que el planteamiento apunta a que, aún en el caso que no se pueda resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, dicha norma no quedaría convalidada como constitucional para que pueda ser revisada posteriormente. Flores Nano y los miembros de la Comisión de Alto Nivel designada por el gobierno viajarán el martes 18 a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el presidente de la CIDH, Robert Goldman, en las oficinas de dicho organismo internacional. El viaje que los miembros de la CIDH tenían previsto hacer al Perú el miércoles 19, ya no se realizará. De los resultados de la reunión en Washington dependerá si encuentran una solución a la demanda planteada por los ex magistrados del TC o si el caso pasa definitivamente a la Corte de San José, antes de la culminación de la prórroga concedida por la CIDH, la misma que vence el 3 de junio.

99/05/17

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TIENE 16 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PENDIENTES

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Un total de 16 acciones de inconstitucionalidad se encuentran pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional desde fines de mayo de 1997, cuando fueron destituidos de sus puestos tres de sus siete magistrados: Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. La ley exige un mínimo de seis votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de una norma legal, llámese leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia u ordenanzas municipales, entre otros. De las demandas pendientes, tres están listas para el trámite final de sentencia, una de las cuales se refiere a la ley 26738, del Consejo de Coordinación Judicial, y que adiciona atribuciones a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Las otras dos fueron presentadas, respectivamente, contra el decreto legislativo 850, que crea la Comisión Clasificadora de Sociedades de Auditoría, y contra la ley 26741, que autoriza al Ministerio de Justicia a convocar concurso público de méritos para notarios públicos. Empero, existen 13 acciones de inconstitucionalidad contra igual número de normas, cuyo trámite no se ha iniciado porque para ellas no ha sido aplicable el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la norma legal cuestionada para la presentación de la demanda. Se trata del Decreto de Urgencia 029 que declara nulas las resoluciones que restituyeron a personal de las ex fuerzas policiales y sanidad a las categorías de empleados civiles, oficiales o subalternos de servicios. También el Decreto de Urgencia 030, que restituye la condición laboral de sus empleados civiles o personal subalterno a la SNP que fueron incorporados de acuerdo a la ley 25066 y la ley 26835, que establece la competencia de la ONP para reconocer y declarar pensiones derivadas de derechos pensionarios legalmente obtenidos al amparo del D.L. 20530. Igualmente está pendiente la acción contra la controvertida resolución municipal 117 del Concejo Provincial de Lima, que regula la evaluación y reposición del personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las municipalidades distritales de la provincia de Lima. Del mismo modo contra las leyes 26845, sobre titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa, y 26922, ley marco de descentralización. Asimismo, contra varios artículos de las leyes 27044 y 26969 referidos al Fonavi. También se encuentran pendientes de sentencia algunas acciones contra ordenanzas municipales de Huánuco. Los más antiguos expedientes se refieren a las demandas contra algunos artículos de las leyes 26597 y 26599 así contra los decretos legislativos 776 y 868, respecto a la participación en renta de aduanas de las municipalidades de la provincia constitucional del Callao y de la ley general de minería.

99/05/18

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) EVALUA PROPUESTA PARA RESOLVER CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Washington DC.- Bajo estricta reserva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy una reunión especial para evaluar la propuesta del Gobierno Peruano que intenta dar una solución final al problema de la restitución de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y su funcionamiento interno. El embajador Jorge Taiana, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo a El Comercio que el inicio de la reunión de los representantes de las partes involucradas está prevista para las diez de la mañana en la sede principal de la Comisión y será reservada. "Debido a lo establecido, nosotros no podemos adelantar nada relacionado sobre la propuesta final que está en discusión. Tampoco estamos en capacidad de decir si la evaluación requerirá más días de estudio. Ahora sólo resta esperar el fin de las conversaciones". Según la agenda de trabajo, la reunión se iniciará a las diez de la mañana con la intervención de Robert Goldman, presidente de la CIDH. Acto seguido, el embajador Taiana hará una explicación técnico-jurídica de la propuesta recibida, para posteriormente ceder la palabra a la embajadora Beatríz Ramacciotti, quien hablará en representación del Gobierno Peruano. Seguidamente, tanto los miembros la Comisión de Alto Nivel del Gobierno como la congresista Lourdes Flores Nano, en representación de los magistrados destituidos, sustentarán detalladamente los aspectos positivos y negativos de la propuesta. Después de un receso, las partes involucradas procederán al intercambio de opiniones y sugerencias, con la activa participación de los miembros de la CIDH, Robert Goldman, Carlos Ayala, Jorge Taiana y Cristina Cerna. El fin de la reunión está prevista para horas de tarde. Fuentes vinculadas a la CIDH dijeron que ante la necesidad de encontrar una solución que permita la reposición de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, es factible que las conversaciones puedan extenderse un día más. De no llegarse a un acuerdo, y en función a la prórroga especial concedida al Gobierno Peruano, la CIDH tiene hasta el 3 de junio próximo para dictaminar si el caso es elevado definitivamente a la Corte de San José.

99/05/19

HAY PROBABILIDADES DE UN ACUERDO EN EL CASO TRIBUNAL COSNTITUCIONAL, LOURDES FLORES DICE QUE SALIDA DEPENDEN DEL GOBIERNO

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La congresista Lourdes Flores Nano, representante de los tres magistrados destituidos del Tribunal Constitucional (TC), por la mayoría oficialista, afirmó ayer que existen probabilidades de llegar a resolver el problema si es que el gobierno expresa su voluntad de llegar a una solución. Explicó que esa solución ante la alternativa que se ha trabajado tiene dos partes: la primera se refiere al retorno de los magistrados (Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo), a sus cargos, y la segunda que está relacionada a reformas en la Ley para permitir que el TC funcione más adecuadamente. Indicó que en el primer caso el objetivo es encontrar la salida o el mecanismo político donde en el parlamento, sean los votos de la minoría los que adopten la decisión que se requiere y no la mayoría. "Se trata de encontrar desde mi punto de vista una fórmula llámese política y que el parlamento adopte una decisión; pero si no acordamos los términos de la decisión, naturalmente la mayoría vota en contra y el tema se frustra y es por eso que las reglas de juego establecen que sea la minoría la que decida", afirmó. En declaraciones formuladas ante de llevarse a cabo la reunión de la CIDH entre los representantes del gobierno y los de los magistrados, Lourdes Flores dijo que esperaba que los delegados gubernamentales hayan llegado debidamente instruidos y se pueda encontrar el camino para una solución política y un avance con relación a la imagen del Perú en el exterior.

99/05/20

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC), FRANCISCO ACOSTA, PRESENTARA UN PROYECTO DE LEY PARA QUE SE ELIJAN MAGISTRADOS SUPLENTES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Acosta Sánchez, anunció ayer que presentará un proyecto de ley al Congreso para que se elija a magistrados suplentes en el TC, en tanto se resuelve el caso de sus tres miembros destituidos en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. La medida, según Acosta, permitirá la recomposición "momentánea" del TC con el fin de que esta institución resuelva las dieciséis acciones de inconstitucionalidad que tiene pendientes de resolución, trámite para el cual se requiere un mínimo de seis votos de un total de siete. Actualmente y desde hace más de dos años, debido a la destitución de Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry por el Parlamento, el TC trabaja sólo con cuatro miembros. Acosta explicó que los suplentes podrían incluso mantenerse aún después de resuelto el conflicto en el TC a fin de garantizar el permanente funcionamiento de la entidad y evitar paralizaciones por motivo de enfermedad o vacaciones de alguno de sus integrantes. Advertido que el caso de los magistrados destituidos podría resolverse pronto y, por lo tanto, no sería necesaria la elección de suplentes, Acosta respondió que "debemos pensar en las instituciones y no en las personas".

JUNIO

99/06/01

ACUSARIAN CONSTITUCIONALMENTE A CUATRO MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC). COMISION DEL CONGRESO DECLARA PROCEDENTE LA DENUNCIA

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La Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, declaró procedente una denuncia constitucional contra los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC), por el supuesto delito de infracción a la Constitución, al haber emitido dos fallos contradictorios sobre casos similares. De acuerdo con la denuncia, los magistrados Francisco Acosta, Ricardo Nugent, José García Marcelo y Guillermo Díaz Valverde habrían violado el principio constitucional del derecho a la igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 2º de la Carta de 1993. El servidor público Augusto Idrogo Anaya, señaló en los fundamentos de su denuncia, que él y Tulio Gasco Rubio fueron ilegalmente sancionados por una Comisión Especial encargado de procesar a "funcionarios" públicos, cuando ninguno de los dos ostentaba dicha condición. Ambos iniciaron sendas acciones de amparo, las mismas que fueron resueltas en última instancia por el Trbunal Constitucional, empero, en su caso la declararon infundada y en el de Gasco Rubio, fundada. Según el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Jorge Trelles (C90-NM), la denuncia constitucional contra los magistrados del TC se declaró procedente por el delito de infracción a la Constitucional, e improcedente por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e inconducta funcional. En la sesión ordinaria de ayer, la comisión dejó en reserva la acusación constitucional presentada por Nelly Revoredo Hermoza contra la Ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, por los supuestos delitos de violencia, resistencia a la autoridad y abuso de autoridad, al no haber acatado una resolución judicial. Dicha resolución ordenaba la reposición en su puesto de trabajo en el Ramo de Lotería de Lima y Callao y el pago de sus remuneraciones devengadas desde la fecha de cese hasta su reincorporación, hecho que sólo se cumplió en el primero de los términos. La acusación constitucional contra el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y contra la función jurisdiccional, fue declarada improcedente.

99/06/03

NO HUBO ACUERDO PARA LA RESTITUCION DE MAGISTRADOS. LOURDES FLORES NANO SOLICITO A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) QUE DEMANDE AL ESTADO PERUANO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

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Washington.- Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo final que permita la restitución inmediata de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, la congresista Lourdes Flores Nano solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demande al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Costa Rica por las violaciones cometidas al Pacto de San José. Con esta solicitud, la representante legal de los magistrados Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo de Mur y Guillermo Rey Terry puso fin a varios meses de infructuosas negociaciones con los abogados del Gobierno Peruano, quedando a la espera del pronunciamiento final de la CIDH, el cual deberá producirse en los próximos 30 días. "Nuestra decisión se debe fundamentalmente a que hemos visto que es poco probable que se llegue a una solución amistosa. Esa es la razón por la cual este miércoles solicitamos a la CIDH que de una vez por todas presente el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Eso no significa cerrarse al diálogo, sino hacer cumplir la ley", comento Flores Nano. La reunión en la sede principal de la CIDH, que duró poco más de una hora, estuvo presidida por Robert Goldman y asistieron Beatríz Ramacciotti, embajadora del Perú ante la OEA, así como los abogados del Gobierno Peruano Alberto Bustamante, Aníbal Quiroga y Milagros Maraví. Pese a los requerimientos, los representantes del equipo legal del Estado peruano evitaron dar declaraciones a la prensa, optando por retirarse de manera rápida del lugar de la reunión. Algo similar ocurrió con los integrantes de la CIDH. Sin embargo, la abogada Cristina Cerna, encargada de los casos del Perú ante la CIDH, al ser contactada por El Comercio se disculpó por no poder dar ningún tipo de información, limitándose a decir que recién hoy jueves se emitiría un comunicado oficial sobre la decisión final del caso 11760. "En estos momentos estamos trabajando en la redacción final de un comunicado sobre la demanda de los tres magistrados del Tribunal Constitucional en contra del Estado Peruano. No podemos hacer mayores comentarios", expresó. A partir de ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene 30 días para hacer pública su decisión. La fecha límite es el 3 de julio. No fueron aceptadas las reparaciones parciales: Lourdes Flores Nano, visiblemente contrariada por el fracaso de las negociaciones en el caso del Tribunal Constitucional, dijo que no se puede admitir que quienes han sido víctimas del atropello más grave perpetrado por el Gobierno y el Congreso, terminen siendo condicionados en un acto destinado a reparar parcialmente la flagrante violación de la que han sido víctimas. "Es hora de que la comunidad internacional sepa que no estamos en capacidad de aceptar ningún tipo de reparaciones parciales ante el vergonzoso atropello perpetrado a los miembros del Tribunal Constitucional". La congresista señaló que a pesar que la destitución de los magistrados Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo de Mur es un acto nulo, durante todos estos meses se hizo todo lo necesario para proponer y buscar soluciones que permitan su restitución en un marco constitucional viable, pero lamentablemente el Gobierno no lo permitió. "Nosotros hemos llegado hasta este punto en las negociaciones no por debilidad, sino porque entendíamos que en este diálogo y su eventual desenlace positivo, podía ser entendido como un esfuerzo pedagógico para demostrarle al país y a la comunidad internacional que en el Perú existía la capacidad de concertar posiciones en defensa de los derechos humanos. Pero si este elevado propósito queda disminuido por posiciones mediatizadas, entonces pierde valor. Ésa es la razón por la cual hemos solicitado a la CIDH que demande al Estado Peruano ante la Corte Interamericana", explicó. De igual modo, indicó que ante el vencimiento del plazo se ha podido comprobar con tristeza que existe por parte del Gobierno Peruano mucha resistencia a cumplir con el objetivo central de las recomendaciones de la CIDH, que de forma clara indica la reponer a los tres magistrados del Tribunal Constitucional.

99/06/04

EL CANCILLER FERNANDO DE TRAZEGNIES, SEÑALO AYER QUE EL ESTADO PERUANO ESTA DISPUESTO A CONSIDERAR Y SEGUIR DIALOGANDO CON LA DEFENSA DE LOS EX MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El Estado Peruano está dispuesto a considerar y seguir dialogando con la defensa de los ex magistrados del Tribunal Constitucional sobre la base de la 'Propuesta Goldman' entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló ayer el canciller Fernando de Trazegnies. "Seguimos dándole vueltas... queremos trabajar con la mejor buena fe, pero del otro lado hay una posición irreconciliable", señaló el canciller en respuesta a las declaraciones de la congresista Lourdes Flores Nano que en la víspera dio cuenta del fracaso de las conversaciones en Washington. De Trazegnies precisó que la propuesta contenía una reposición de los magistrados, pero dentro de todo un contexto. No negó que se hubiera planteado una reposición simbólica, pero aclaró que los términos habían sido definidos por la CIDH y no por el Estado Peruano; "entonces el rechazo de la otra parte es a la propuesta de la Comisión". Respecto a una eventual reposición de los magistrados sin condiciones, el canciller señaló que las soluciones siempre eran complejas y formaban parte de un paquete. "Estamos dispuestos a conversar sobre el paquete porque hay elementos para seguir adelante. Hay que ver qué pasa en los próximos días". El canciller dijo que entendía que a la CIDH le gustaría continuar con las conversaciones. "Todavía hay un plazo en el que se puede conversar. Hasta que el tema pase a la Corte hay un mes; además la Comisión tiene que decidir que va a hacer".

99/06/29

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) DECLARO INFUNDADA LA ACCION DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL EX BROKER DE SEGUROS GUSTAVO CESTI HURTADO

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Después de más de dos años, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la acción de hábeas corpus presentada por el ex broker de seguros Gustavo Cesti Hurtado, para que el fuero militar se abstenga de vigilar su casa, perseguirlo y amenazar su libertad individual. En los antecedentes y considerandos de la resolución del TC, publicada ayer en el diario El Peruano, se establece que no está plenamente probado que el fuero militar haya dispuesto vigilar la casa de Cesti, aunque admite que existe una orden de captura expedida por un juez militar. En el ínterin desde que se presentó el hábeas corpus, Cesti Hurtado fue detenido, tal como él temía, y condenado por el fuero militar a cuatro años de cárcel, que cumple en una prisión militar, pese a su condición de civil. Con esta acción de garantía constitucional Cesti Hurtado pretendía que el TC y las autoridades judiciales dispusieran el cumplimiento de una anterior acción de hábeas corpus, que ordenaba al fuero militar abstenerse de detener y juzgar a este corredor de seguros, atendiendo a su condición de civil en pleno ejercicio de sus derechos. Ante la tardía resolución del TC, y el incumplimiento del primer hábeas corpus, Cesti debió recurrir a la instancias internacionales, de las que obtuvo una resolución favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha denunciado su caso ante la Corte de San José de Costa Rica, que se prepara a emitir sentencia.

JULIO

99/07/12

GOBIERNO MANTIENE NEGOCIACION PARA RESOLVER LOS CASOS DE IVCHER Y EX MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CASO...: IVCHER

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A pesar de haber denunciado parcialmente la Convención Americana de los Derechos Humanos, el gobierno a través de una Comisión de Alto Nivel mantiene el diálogo y la negociación con los representantes del empresario Baruch Ivcher Bronstein y de los miembros destituidos del Tribunal Constitucional, informó el ministro de la Presidencia Edgardo Mosqueira Medina. "Deseamos encontrar una solución amistosa", dijo Mosqueira: "La Comisión de Alto Nivel está facultada para definir una salida a ambos problemas". Señaló también que Perú es suscriptor de otras convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, recomendó a los interesados dirigirse a la Corte de La Haya. El ministro advirtió que los casos de Ivcher y los ex magistrados del Tribunal Constitucional podrían ser planteados ante el sistema europero, del cual el Perú también es suscritor y en consecuencia le reconoce competencia. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es único organismo internacional al cual pueden acudir los peruanos que consideren sus derechos vulnerados en la administración de justicia interna", explicó Mosqueira. "Ambos casos terminaron con recomendaciones por parte de la CIDH, pero no se llegó a ningún acuerdo final. Nosotros hemos sido muy claros en que la Comisión de Alto Nivel tiene todas las facultades para continuar negociando y buscar una salida amistosa en los casos de Baruch Ivcher y el Tribunal Constitucional", subrayó Mosqueira. "En la medida que no exista la posibilidad de someter estos temas a la CIDH, tienen todas las posibilidades de acudir a otro sistema como el europeo". agregó. Mosqueira dijo que existen hasta siete mecanismos de protección de los derechos humanos, como son la Corte Europea, ante los cuales los interesados podrían plantear reclamaciones. "A su vez dichos organismos emitiría pronunciamientos y recomendaciones a los países suscriptores, entre ellos Perú", señaló. El ministro de la Presidencia aclaró que al denunciar Perú el ámbito contencioso de la CIDH, este organismo no podría pronunciarse respecto al caso Ivcher y tampoco de los ex integrantes del Tribunal Constitucional. "La Corte de La Haya es un tribunal internacional con carácter resolutivo ante el cual se podrían plantear casos de los derechos humanos", dijo el ministro. De otro lado, reiteró que hay tres casos en la CIDH, respecto de los cuales el gobierno no puede aislarse de reconocerlos y tiene por tanto que seguir en el litigio correspondiente.

99/07/14

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ADMITE DEMANDA DE EX MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el lunes la demanda interpuesta por la Comisión previa a esta instancia jurisdiccional, en el caso de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, destituidos en 1997. La notificación remitida por el Tribunal de San José de Costa Rica a nombre de Helio Bicudo y Carlos Ayala Corso, delegados especiales para este caso, fue recibida ayer a las 2:11 de la tarde en la Comisión Interamericana. Dicho documento, firmado por el secretario adjunto de la Corte, Renzo Porni, solicita además la remisión de documentos correspondientes a los tomos I,II,III y IV de la demanda, que por ser ilegibles o incompletos, deberán ser enviados nuevamente. El principio de «no retroactividad» podría ser, en los próximos días, el argumento del gobierno para justificar el desacato, pues el caso es admitido tres días después de que el Congreso «denunció parcialmente» el Pacto de San José. Sin embargo, la congresista Lourdes Flores Nano (PPC), abogada de Revoredo, Rey Terry y Aguirre Roca, explicó que es la fecha de ingreso a la Comisión la que cuenta. El plazo mínimo para conocer la sentencia, es de cuatro meses y el plazo para que el Estado peruano presente las exigencias abarca los primeros treinta días. La parlamentaria sostuvo que un fallo favorable no sería tan sólo una reivindicación, a pesar de que seguramente el gobierno responderá con la «rebeldía», sino que se buscarán los mecanismos para hacer cumplir la sentencia.

AGOSTO

99/07/22

CORTE INTERAMERICANA OFICIALIZA INGRESO DE CASO DE MAGISTRADOS

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica dio cuenta del ingreso de cuatro nuevos casos contenciosos a esa instancia. Uno es el de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional contra el Perú mientras que los restantes conciernen a Trinidad y Tobago, Venezuela y Bolivia. De la demanda peruana refiere que fue interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de julio último. "La demanda presentada se refiere a los hechos en virtud de los cuales los señores Delia Revoredo Marsano de Mur, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, fueron destituidos el 28 de mayo de 1997 como resultado de 'inaplicar' la Ley 26657, ley que habilita una segunda reelección presidencial en contra de lo dispuesto en la Constitución Peruana", refiere el comunicado. Para que el tema sea visto en la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -instancia previa- alega que "esos hechos violan el derecho a las garantías judiciales (artículos 8, incisos 1 y 2.c), los derechos políticos (artículo 23.1.c) y el derecho a la protección judicial (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las supuestas víctimas". La CIDH consideró asimismo que el Perú ha violado el artículo 1.1 en relación con la obligación de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que aseguren y garanticen el libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado. El comunicado emitido el martes informa que la Corte está integrada actualmente por Hernán Salgado Pesantes (de Ecuador), quien la preside, Antonio Cancado Trindade (Brasil), Máximo Pacheco Gómez (Chile), Oliver Jackman (Barbados), Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Sergio García Ramírez (México) y Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia). El secretario de la Corte es Manuel Ventura Robles y el secretario adjunto es Renzo Pomi. La Corte precisa que "es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos establecida en 1979; está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos". Igualmente señala que los jueces son elegidos a título personal en la asamblea general de la OEA y no pueden ejercer sus funciones por más de dos períodos de seis años cada uno.

99/08/04

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) REVISARA 69 CASOS EN AREQUIPA

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Un total de 69 acciones de garantías constitucionales planteadas -principalmente- en cinco departamentos del sur del país, será revisado esta semana por el pleno del Tribunal Constitucional (TC) en Arequipa, se informó. Los miembros del TC cumplirán esa labor descentralizada en tres audiencias públicas, que se desarrollarán a partir de hoy día hasta este viernes, detallaron fuentes de dicho organismo constitucional. Para el efecto, el pleno jurisdiccional del TC, que preside Francisco Acosta Sánchez e integran los magistrados Luis Guillermo Díaz Valverde, Ricardo Nugent y José García Marcelo, llegarán a Arequipa hoy por la mañana. Los informantes indicaron, también, que las acciones que revisarán los magistrados han sido planteadas en su mayoría en Arequipa, Puno, Cusco, Moquegüa y Tacna.

99/08/11

GOBIERNO PRETENDE EVADIR SU RESPONSABILIDAD EN CASO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CULPANDO A LA OPOSICION

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La decisión del oficialismo de no resolver el problema del Tribunal Constitucional (TC) hasta julio del 2000 y responsabilizar a la oposición del funcionamiento restringido del órgano colegiado demuestran la intención de evadir su responsabilidad en este asunto, afirmaron ayer constitucionalistas y analistas políticos, quienes advirtieron que la única salida válida es la reposición de los tres magistrados. El relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Bernales, Enrique, manifestó que la mayoría no puede pretender arrastrar a la oposición a una elección complementaria para elegir a nuevos miembros del TC, mientras se encuentre en trámite el reclamo que los tres magistrados plantearon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que la responsabilidad de la actual situación del TC es única y exclusivamente del oficialismo, porque decapitó y puso en el limbo a la institución, al recortarle toda posibilidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes cuando destituyó a Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, Benítez, Heriberto sostuvo que el Congreso debería reponer a los tres magistrados destituidos y no esperar hasta agosto del 2000, porque crea inseguridad jurídica y viola los derechos humanos de los peruanos. Señaló que con la continuación de un TC en las actuales condiciones, se podrían afectar las candidaturas para las próximas elecciones generales, toda vez que el incompleto TC no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de algunas leyes emitidas como la Ley Anticandidatos.

99/08/12

HISTORICO FUNDAMENTO DE LA DEMANDA QUE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PRESENTO CONTRA EL ESTADO PERUANO

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Desde el pasado dos de julio, la honorable Corte de San José de Costa Rica tiene en su poder la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó contra el Estado Peruano, por la ilegal destitución de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, quienes se pronunciaron por la inaplicabilidad de la ley que permite la re-reelección del presidente Alberto Fujimori. En el documento de la demanda al cual tuvo acceso La República--, la CIDH no sólo solicitó al Tribunal de Costa Rica que ordene al Estado Peruano una reparación integral y la reposición de los magistrados Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry. También requirió una indemnización por todos los beneficios salariales que dejaron de percibir, desde la fecha de su ilegítima destitución, hasta el día de su efectiva reincorporación. Por la violación de varios de los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, perpetrados a raíz de la destitución de los tres magistrados, la CIDH pidió a la Corte que condene al Estado Peruano al pago de los daños y perjuicios morales causados a las víctimas y al pago de las costas y gastos razonables de las víctimas y sus abogados, en el caso presentado ante la Comisión y la Corte respectivamente. Sin veto La CIDH señala específicamente que el Estado Peruano violó el derecho al debido proceso, a la defensa de los magistrados del TC, al acceso a las funciones públicas en condición de igualdad, y a la garantía de permanencia en las funciones públicas. También violó el derecho a un recurso rápido y sencillo de protección judicial contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Americana. Dentro de las consideraciones generales, se señala que la Constitución del Perú garantiza la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional, por lo cual, en el ejercicio de sus funciones, los magistrados de dicho órgano no están sometidos al veto o fiscalización de los demás poderes públicos, incluido el propio Congreso. Indican también que los magistrados fueron destituidos arbitrariamente, en violación a las normas del debido proceso, porque si bien el Congreso tiene la competencia para nombrar y remover en casos extraordinarios a los magistrados del TC, este órgano tiene que respetar la independencia de los jueces y del TC, dentro de los límites más estrictos de sus funciones, los parámetros del debido proceso legal y el principio de separación de poderes en un Estado democrático.

SETIEMBRE

99/09/17

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) ORDENA LA REPOSICION DE 13 DIRIGENTES MUNICIPALES

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Piden también la intervención del presidente Fujimori para lograr la reincorporación total de despedidos. El Tribunal Constitucional ordenó a la Municipalidad de Lima la reposición de 13 dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), entre los que se encuentra su secretario general, Alejandro Hinostroza Rimari. Así lo afirmó ayer el secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), Manuel Saavedra Rivera, en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede de su local para informar acerca de la resolución del TC en referencia, publicada el pasado 13 de setiembre en el diario oficial El Peruano, la misma que dispone su reposición en los cargos que ocupaban u otros de igual nivel. Señaló que la resolución cierra el "círculo vicioso" que constituye la violación de sus derechos sindicales. "El alcalde Andrade, si es demócrata como dice serlo, debe cumplir esta resolución porque ya no puede negar la representatividad de nuestra dirigencia. Una vez más la ley nos da la razón", dijo tras añadir que los beneficiados fueron despedidos merced al afán del municipio limeño de descabezar al movimiento sindical y, de esta manera, desconocer los convenios suscritos con las administraciones anteriores. Unos mil 200 trabajadores del Sitramun permanecen en pie de lucha desde hace poco más de tres años exigiendo su reposición en la Municipalidad de Lima, de donde fueron despedidos luego de ser sometidos a una evaluación de personal que, según aducen los trabajadores, fue ilegal y antitécnica. Asimismo, indicó que ante el fracaso de la Mesa de Negociaciones que sostuvieron con los representantes de la Municipalidad de Lima, se vieron forzados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, actualmente, se encuentran inmersos en una negociación amistosa con representantes del Ministerio de Justicia, la misma que, reveló, está próxima a llegar a una solución favorable para sus intereses. En ese sentido, invocó, en nombre de sus compañeros, al presidente Alberto Fujimori para que tome cartas en el asunto y los ayude a solucionar este prolongado problema social. "A la fecha tenemos diez compañeros que han fallecido por no contar con recursos económicos y por la imposibilidad de atenderse en el Seguro Social", comentó. De otro lado, dio a conocer una resolución de la Sala Corporativa Especializada de Derecho Público, de fecha 20 de agosto, que reconoce a los trabajadores del Sitramun como propietarios de un controvertido terreno en La Molina que contaba con la oposición de la Municipalidad de Lima. "Esta resolución legitima nuestro derecho respecto a este terreno que nos fue otorgado durante la gestión del alcalde Jorge del Castillo y que la Municipalidad de Lima pretendió desconocer aduciendo la prescripción de las habilitaciones urbanas, así como una falta de representatividad de los trabajadores, pero el verdadero objetivo era venderlo", dijo.

99/09/29

LA COMISION INTERAMERICANA DE DDHH (CIDH) EMITIRA FALLO INAPELABLE EN EL CASO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)

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Definitivamente, el próximo 2 de noviembre vence el plazo que tiene el Perú para responder a la notificación de la Corte Interamericana, sobre la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el caso de los ex magistrados del Tribunal Constitucional que figura como la demandan número 11.760. La resolución de competencia, emitida por la Corte hace 5 días, confirma que el proceso seguirá el trámite establecido en el reglamento de este fuero internacional, según el cual, los Estados tienen un plazo de 4 meses para interponer los recursos de excepción. Pasado este tiempo, la Corte debe convocar las audiencias, escuchar ambas partes, evaluar las pruebas actuadas y emitir un fallo definitivo e inapelable. La reciente sentencia, emitida por unanimidad por el tribunal supranacional, anuncia que se seguirá con el procedimiento previsto y que el fallo que emita la Corte Interamericana será válido, a pesar de los anuncios del Estado peruano, de no acatar su jurisdicción. Por tanto, queda sin efecto la devolución de la demanda realizada por el embajador del Perú en Costa Rica el 16 de julio pasado, pretextando su inejecutabilidad porque el Perú se había retirado de la competencia contenciosa de la Corte. En el documento entregado a la Secretaría de la Corte Interamericana, se afirma que se aplica a todos los casos como el del TC y el caso Ivcher en los que el Perú no hubiese contestado la demanda presentada ante dicho tribunal. Las sentencias sobre su competencia emitidas la semana pasada por la Corte Interamericana ponen fin a una incertidumbre sobre el destino que tendrían estos casos denunciados ante la Corte, que el gobierno del presidente Fujimori pretendía desconocer. En sus fundamentos de derecho el tribunal supranacional explica que la Corte, «como todo órgano con competencias jurisdiccionales, tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia», y que, por tanto, son ellos los que tienen la potestad de resolver el pretendido retiro del Perú. Además la Convención Americana de Derechos Humanos le concede esta prerrogativa para preservar el ejercicio adecuado de sus funciones. Refieren además que no existe norma alguna en dicha Carta, «que expresamente faculte a los Estados partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte», tal como aduce el gobierno del presidente Fujimori. Y que tampoco el gobierno peruano incluyó esta posibilidad cuando aceptó la competencia del tribunal, en enero de 1981. Por tanto un Estado parte sólo puede desvincularse de sus obligaciones mediante las disposiciones incluidas en el mismo tratado, y que implicarían la denuncia total, procedimiento que no ha seguido el Perú. El documento, que contiene 17 páginas, en las que se analizan 54 puntos sobre lo actuado en el caso del Tribunal Constitucional, descarta también la posibilidad de un retiro inmediato, como el que intenta hacer el Estado peruano. «Aun en la hipótesis de que fuera posible tal retiro hipótesis rechazada por esta Corte, no podría éste de modo alguno producir efectos inmediatos. El artículo 56.2 de la Convención de Viena estipula un plazo de anticipación de por lo menos doce meses para la notificación por un Estado Parte de su intención de denunciar un tratado o retirarse de él», dice explícitamente. Por todos estos motivos la Corte consideró inadmisible el pretendido retiro del Perú sobre el caso del Tribunal Constitucional y ordenó la continuación de los trámites según lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento, es decir, con o sin la presencia de los representantes del Perú. Para Guillermo Rey Terry, uno de los ex magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por el Congreso, la resolución de la Corte Interamericana se enmarca en los principios que rigen la Convención Interamericana. «Se rige por el convenio que el Perú soberanamente ha aceptado y que sólo puede ser denunciado dando un preaviso de un año, aunque jamás un Estado puede retirarse solamente de la jurisdicción de la Corte. Entonces sería una declaración lírica de un Estado, que diría: yo reconozco los derechos humanos, pero no me someto a la parte cohercitiva, que es el Tribunal de San José de Costa Rica, cuando los violo», manifestó. El destituido magistrado expresó su confianza en el resultado final del proceso ante la Corte Interamericana, asegurando que tarde o temprano, el gobierno tendría que aceptar dicho fallo. «Yo estoy convencido que en su oportunidad el Estado va a acatar la sentencia. El Estado está circunstancialmente en manos de un gobierno de turno, que vulnera la Constitución y atropella la institucionalidad del país; pero nada es eterno y cuando el Estado sea dirigido por otro gobierno va, no solamente a hacerle caso a las sentencias, sino como es lógico, a reinsertarse en la Convención», aseguró. El doctor Rey Terry señaló que mediante este fallo la Corte considera la ausencia del Perú, como una actitud rebelde, de un Estado que no ha querido presentarse, pero a pesar de ello siguen los procedimientos normales. «Incluso se va a citar al representante del Estado, y las audiencias se realizarán aunque no asistan. El plazo que tiene el Perú para responder a la demanda vence a mediados de noviembre, así que queda poco tiempo para que interpongan excepciones. Y como seguro no lo harán, la Corte tendrá toda la libertad para citar a una audiencia en su próximo período de sesiones», explicó. Por su parte, la doctora Delia Revoredo de Mur lamentó que la terca posición del Perú haya motivado una resolución de la Corte, en la que se nos haga recordar la importancia de cumplir con la palabra empeñada. «Los gobernantes no han sabido entender la importancia que significa cumplir con su palabra de honor a nivel internacional. En el punto 29 se recuerda que el Estado es Parte de la Convención Americana y que al ratificarlo el gobierno comprometió para su observancia el honor de la República». La magistrada destituida señaló que con estas palabras el Tribunal supranacional quiere decir que se ha deshonrado al Perú. «Yo pediría al gobierno que recapacite, que vea el daño que le está haciendo al Perú. Porque si continúan en su posición, hasta la Organización de Estados Americanos podría tomar una posición muy enérgica contra nuestro país», indicó.

99/09/30

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: SENTENCIAS DE LA CORTE SOBRE COMPETENCIA EN LOS CASOS IVCHER Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MUESTRAN SOLIDEZ JURIDICA

UBIC: www.larepublica.com.pe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, emitió ayer un comunicado destacando que las sentencias de la Corte sobre su competencia en los casos Ivcher y Tribunal Constitucional muestran solidez jurídica de los magistrados. "Se apoyan (los fallos) en una ponderada interpretación de la Convención y en un cuidadoso análisis de la jurisprudencia internacional, y que constituyen un significativo aporte a la consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos", señala el texto. Brinda su total respaldo a las dos decisiones unánimes, adoptadas el 24 de setiembre pasado, y que concluyen acertadamente que la Corte Interamericana es competente para conocer ambos casos, ordenando la continuación de su tramitación. Sostuvo también que el Estado peruano tiene la obligación de reconocer todos los procedimientos que se realicen, así como el fallo final al que llegue el tribunal supranacional. "La Comisión se permite recordar además que, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención, las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables, y tienen carácter obligatorio para los Estados miembros. Más aún, como lo recuerda la Corte en sus fallos del 24 de septiembre, cualquier duda o disputa sobre la competencia debe ser resuelta por el propio tribunal", indica.

OCTUBRE

99/10/05

COMISION PERMANENTE ARCHIVA TRES DENUNCIAS CONSTITUCIONALES. UNA DE ELLAS CONTRA FUJIMORI

UBIC: www.expreso.com

La Comisión Permanente del Congreso decidió ayer archivar tres denuncias constitucionales presentadas contra el presidente Alberto Fujimori y cuatro ex presidentes del Congreso, contra el congresista Miguel Velit y contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Moisés Pantoja Rodulfo. En el caso del primer mandatario y los cuatro ex presidentes del Congreso, acusados de no convocar a elecciones regionales, el archivamiento de la denuncia se aprobó tomando en cuenta la propuesta de la subcomisión encargada de evaluar tal situación. Según la evaluación, el presidente Fujimori no tiene obligación de convocar a elecciones regionales porque no existe ninguna norma que así lo disponga. La acusación contra Miguel Velit, por presunto delito de falsificación de documentos, falsedad ideológica y falsedad genérica, se desestimó porque la subcomisión evaluadora concluyó en que no hubo alteración de la verdad ni falsedad de documentos. Finalmente, la denuncia contra el titular de la Corte Suprema por presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad también fue desestimada por la subcomisión evaluadora del caso. Pantoja Rodulfo fue acusado por el congresista Lastenio Morales Costa por haber pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, acción que le correspondía realizar a la sala plena de la Corte Suprema y no a su presidente, según la denuncia. El archivamiento de estos expedientes fue decidido durante una breve sesión de la Comisión Permanente, que preside la congresista Martha Hildebrandt, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea de la sede del Legislativo. Acusaciones Constitucionales Por su parte, la comisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia presentada contra el congresista Francisco Ramos Santillán (C90-NM) por presunto delito de usurpación de funciones presentada por la alcaldesa de Chachapoyas, Doris Vilcaromero de Mallqui. El presidente de esta comisión parlamentaria, Daniel Espichán Tumay (C90-NM), explicó que luego de evaluar la demanda se determinó que el legislador no incurrió en ningún delito ni en violación de la Constitución. La denuncia -explicó- estaba basada en un oficio en que -según la alcaldesa- Ramos Santillán (C90-NM) aprovechaba su condición de legislador de la Nación para ordenar a la policía de la jurisdicción que no dé cumplimiento a una ordenanza municipal. Al analizar el oficio uno se da cuenta de que el legislador no da órdenes a la policía, sino que sólo trasmite su preocupación en el sentido de que se actúe de acuerdo a ley y justicia, lo que no constituye una violación constitucional, añadió. En ese contexto, Espichán hizo una invocación a sus colegas para que "tengan mucho cuidado" al momento de solicitar informes pues, aunque la ley lo permite, es conveniente no intervenir en procesos en trámite porque la legislación penal lo prohibe. La comisión de Acusaciones Constitucionales también archivó otras cinco denuncias presentadas por diferentes ciudadanos en contra de miembros de la Corte Suprema y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por delitos de prevaricato e inconducta funcional. En la sesión de la comisión también se dio cuenta de la presentación de nuevas acusaciones, entre ellas una presentada contra el congresista Xavier Barrón (PPC) por presunto delito de abuso de autoridad.

99/10/15

FALLO DE CIDH EN CASO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SERA NULO POR PRINCIPIO DE DERECHO SOSTUVO EL PRESIDENTE DE ESE ORGANISMO, FRANCISCO ACOSTA SANCHEZ

UBIC: www.expreso.com.pe

Los fallos o pronunciamientos que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del Tribunal Constitucional (TC) serán nulos por principio de derecho, sostuvo ayer el presidente de ese organismo, Francisco Acosta Sánchez. El funcionario, en ese sentido, explicó que es un principio de derecho que si un órgano no es competente, lo que pueda resolver el mismo acarrea a su nulidad, y agregó que "en ese tema, será el gobierno peruano quien tome la decisión". Acosta Sánchez, además, indicó que mientras exista sentimiento de conciliación, "puede haber arreglos" (en la restitución de los ex magistrados de ese ente jurisdiccional). Lo que sí sabemos, continuó, es que el Perú decidió retirarse de la competencia contenciosa de la CIDH, y que la demanda de los ex magistrados no llegó a ese organismo supranacional antes de ese retiro. "Aspiramos, no obstante, que todo se solucione", enfatizó. El presidente del TC, también, negó tajantemente que el gobierno acate algunos fallos y otros no "de acuerdo a sus intereses", como sostienen algunos sectores de la oposición. "El Estado peruano siempre es serio en sus decisiones", enfatizó. En referencia a las declaraciones del presidente Fujimori, quien consideró que se debe aceptar el pronunciamiento de la Corte de San José sobre el caso Cesti, Acosta indicó que "ese caso sí fue visto dentro de la jurisdicción de la Corte y, por ello, se tiene que respetar". Saludó, de otro lado, al flamante presidente del Consejo de Ministros y titular del Portafolio de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde, quien en la víspera afirmó que pondrá orden en el tema del Tribunal Constitucional. "Me parece muy bien que el Primer Ministro se haya expresado de esa manera, porque demuestra su vocación por los derechos humanos. El sabe que el TC es, actualmente, la institución que más aspira a beneficiar el rubro de los derechos humanos", comentó el abogado. Reforma Preguntado respecto de las apreciaciones del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Carlos Hermoza Moya, quien dijo que los resultados de la reforma judicial no son alentadores, Acosta Sánchez respondió que esa es la opinión de Hermoza. Personalmente, continuó, creo que hay avances en la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, añadió, pienso que se debe disminuir el rubro de jueces provisionales para entrar al campo de la titularidad, y eso le compete exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura. El jurista, finalmente, reiteró la necesidad de efectuar algunas modificaciones constitucionales. "No se ha previsto, por ejemplo, la situación de los suplentes. Nosotros no tenemos quien nos reemplace, y si alguno queda impedido nos quedaríamos sin quórum y no se podría administrar justicia", refirió.

99/10/23

LOS MAGISTRADOS DESTITUIDOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFIRIERON QUE ART. 43 INCISO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA CIDH ESTABLECE QUE SI SE PRODUCE UNA SOLUCION AMISTOSA EL CASO SE ARCHIVA

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Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur lo señalaron así en un comunicado público emitido a raíz de "las recientes e imprecisas declaraciones del Gobierno, en el sentido de promover una solución amistosa" a su caso que está en manos de la justicia interamericana. Dicen los destituidos magistrados que "no es verdad que las conversaciones efectuadas en el marco del informe final emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), en el caso del Tribunal Constitucional, se haya frustrado por culpa nuestra". "Esa especie ha sido reiteradamente desmentida, en forma pública y categórica, por la doctora Lourdes Flores Nano, quien participó como representante de los respectivos denunciantes (congresistas de la oposición y, por adhesión ulterior, los tres suscritos) y a propuesta de la comisión en tales conversaciones", señala el comunicado. Añade que tanto Aguirre, como Rey Terry y Revoredo han desmentido en forma individual esa versión "tal como no puede dejar de constarle al actual primer ministro" (Alberto Bustamante, entonces miembro de la comisión de la defensa del Estado). En otro punto del comunicado, los destituidos refieren que el propósito del Gobierno Peruano de retirarse inmediatamente de la jurisdicción contenciosa ha sido declarado inadmisible por la Corte de San José, debiendo tenerse presente que el artículo 205 de la Constitución vigente no puede ser modificado por una simple resolución legislativa. "Jamás hemos actuado a espaldas del pleno del Tribunal Constitucional ni hemos usurpado funciones y, como consta en los actuados ante la CIDH y sirve de sustento, precisamente, al informe final de esa instancia internacional, nuestra conducta como magistrados de dicho tribunal no ha sido nunca violatoria de precepto constitucional o legal alguno. Consta también en dichos autos que el proceso que se nos siguió en el Congreso se violaron numerosos derechos fundamentales y humanos y en especial el de defensa", manifiestan.