NOTICIAS

BOLIVIA

REFORMA JUDICIAL - 1999

MARZO

99/03/02

LA REFORMA JUDICIAL EN EL PAIS AGILIZA DICTACION DE SENTENCIAS

UBIC: www.eldiario.net

SUCRE.- Las reformas judiciales que el Poder Judicial aplica desde hace varios meses, permitieron dictar sentencias más rápidas y más claras, según los vocales y catedráticos de la Escuela Judicial de Costa Rica que desarrollan un ciclo de asesoramiento y capacitación a 40 jueces pilotos de las cortes superiores del país. Según los juristas, ya se perciben importantes cambios en materia civil, comercial y familiar en la Corte Superior de Chuquisaca. En Sucre los jueces piloto Tomás Tudela y Antonio Pardo, junto a los costarricenses Hugo Picado y Rodolfo León, concluyeron satisfactoriamente un seguimiento en la modalidad de "asesoría in situ", entre el 17 y 21 de febrero, visitando todos los despachos judiciales en las materias mencionadas, para verificar si los jueces están adoptando la nueva estructura de redacción de sentencias, profundizado en el mes de enero pasado en esta ciudad. "Este último seguimiento se refiere al razonamiento en la formulación de sentencia. Estamos imbuidos en dictar sentencias mas claras", expresó Tudela. El estudio previo de la legislación boliviana en materia civil por parte de los asesores de la Escuela Judicial de Costa Rica y el intercambio de criterio conjueces locales, permitieron extraer varias recomendaciones que cambian el manejo procedimental con el fin de agilizar los trámites. "En la práctica, hemos cambiado muchas cosas, desde la carátula, cómo debiera ser; cómo enfocar un proceso; suprimimos los famosos informes que los jueces solicitaban a los secretarios sobre el estado de los expedientes, porque el juez debe estar empapado del problema; lo mismo en el llenado de actas", informó, por su parte, el juez Antonio Pardo. El Proyecto de Reformas Judiciales implementado desde 1997, viene profundizando en aspectos como la función del juez director, técnicas de interrogación a testigos, técnicas de conciliación, motivación y fundamentación de sentencias, redacción y estructura de fallos e incluso, temas de psicología, entre otros. "Por ejemplo, ahora el juez director, con la facultad que la ley le otorga, impulsa el proceso de oficio, sin necesidad que las partes soliciten, hecho que agiliza los trámites", acotó Pardo. La experiencia, en opinión de los jueces pilotos, ha sido buena porque les facilita el trabajo y se puede evidenciar que en los juzgados que atienden procesos en materia civil, comercial y familiar, el cambio en la agilización de trámites es notorio. Toca a los jueces pilotos replicar las experiencias con los demás jueces y personal de apoyo, dijeron. Por su parte, el Presidente de la Corte Superior de Chuquisaca, Marcelo Vargas y Vocales, han comprometido plenamente su apoyo en la política de capacitar a los funcionarios judiciales con el fin de mejorar la administración de justicia.

99/03/21

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CONCLUYO ESTUDIO DEL ANTE PROYECTO DEL "CODIGO CIVIL BOLIVIANO REFORMADO" Y LO ENTREGARA OFICIALMENTE A INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DEL DERECHO BOLIVIANO LA PROXIMA SEMANA

UBIC: www.eldiario.net

El Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos tiene previsto, para la semana próxima, la entrega oficial del ante proyecto del "Código Civil Boliviano Reformado", para su distribución y difusión entre instituciones representativas del derecho boliviano, con miras a lograr consenso en el marco del programa de reformas judiciales que encara el Estado. La comisión redactora del futuro instrumento jurídico concluyó su trabajo y de acuerdo con la Resolución Nº 0039, de 30 de octubre de 1997, será difundido entre las Cortes Superiores de Justicia del país, facultades de derecho y colegios de abogados, con miras a lograr consenso profesional para su posterior análisis y aprobación en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Código Civil constituye el instrumento normativo de mayor importancia jurídica y social del país, de acuerdo con la opinión de juristas bolivianos. La comisión redactora esta conformada por los profesionales abogados: Enrique Díaz Romero, Mario Cordero Miranda, Pastor Ortíz Mattos y Oscar Frerking Salas, quienes desarrollaron un intensivo trabajo y de alta calificación científica y jurídica.

99/03/23

REFORMAS AL PODER JUDICIAL SE ENCUENTRAN EN UN 50 POR CIENTO, SERAN CONCLUIDAS HASTA EL 2002

UBIC: www.eldiario.net

El proceso de Reformas al Sistema Judicial, se encuentra a un 50 por ciento para su conclusión. La coalición de gobierno tiene previsto aprobar por lo menos 14 leyes hasta el 2002, año en que finaliza el mandato del presidente Hugo Banzer. El diputado del Movimiento de la Izquierda Revolucionario (MIR), Luis Vásquez Villamor señaló que en la agenda legislativa para los próximos cuatro años se tiene previsto concluir el ciclo de reformas al Poder Judicial con la aprobación de al menos 14 leyes. Reformas necesarias: El Código de Procedimiento Penal es como el motor de la reforma judicial - añadió Vásquez - y ahora necesitamos colocar las ruedas que van a componer parte de esos cambios, una de ellas es la ley del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Poder Judicial". El legislador mirista explico que dentro de esas reformas, es necesario contar con una nueva ley del Ministerio Público que establezca de forma clara que objetivos se tiene que perseguir en esta materia, toda vez que el país cuenta con un renovado Código de Procedimiento Penal que será promulgado mañana miércoles. Afirmo que la necesidad de contar con una nueva ley Orgánica del Poder Judicial es imprescindible porque se cambiaron de forma absoluta todas las órdenes tradicionales que se conocían hasta la fecha en la justicia nacional. El parlamentario dijo que necesitan modificar e introducir en el debate del próximo Congreso Extraordinario, la ley sobre Procedimientos Administrativos, que redefinirá la situación del ciudadano con respecto al Poder público y reubicará la función y control que tienen las Superintendencias. "Finalmente se dará un espacio para los derechos del consumidor, se habla de una reforma esencial al Código de Comercio, Código Civil. El diputado manifestó que con todos esos aspectos se avanza de forma importante y "hasta ahora la colación de gobierno se encuentra a la mitad de reformar el sistema judicial". Respecto al Código Civil dijo que se tratará en el año 2001, la ley de Juicio de Responsabilidades se encuentra en la agenda, como parte de las leyes que se aprobarán en el Congreso Extraordinario. Vásquez afirmó que a partir de adelante los jueces y vocales de justicia nunca más serán designados por el Congreso Nacional, ahora son las Corte Suprema a las Corte Superiores y al Consejo de la Judicatura. La reforma Judicial pasa por la Corte Suprema de Justicia.

99/03/24

LA REFORMA JUDICIAL TIENE PENDIENTE 14 PROYECTOS DE LEY, ENTRE ELLOS LA NUEVA LEY DEL MINISTERIO PUBLICO, LA NUEVA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL

UBIC: www.lostiempos.com

La Paz.- La Reforma Judicial tiene ante sí todavía un largo camino por recorrer porque está pendiente la aprobación de 14 proyectos de ley, proceso que culminará el 2001 con la nueva Ley de Procedimiento Civil, informó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Luis Vásquez. La semana pasada, el Congreso eligió a siete nuevos ministros de la Corte Suprema, con lo que se dio otro paso para acelerar la reforma judicial. Vásquez insistió en que la designación de las nuevas autoridades de la Suprema no constituye el fin del proceso. "La Corte Suprema es parte de las tareas. Sería un error creer que la reforma ha concluido con la nominación de los magistrados. Hay que continuar avanzando y la agenda de la justicia tiene por lo menos la aprobación de unas 14 leyes fundamentales para concluir el ciclo de la reforma en estos cinco años", dijo. Respecto de la designación de los nuevos fiscales de Distrito, Vásquez sostuvo que a partir de la posesión oficial de las nuevas autoridades del Poder Judicial, corresponderá a estos y al Consejo de la Judicatura el nombramiento de las autoridades que tengan que ver con la justicia del país. "Lo importante es que a partir de ahora ningún vocal o juez va a ser designado nunca más por el Congreso. Ahora el Parlamento ya no tiene nada más que ver con este tema, todo pasa a la Corte Suprema y las cortes superiores y al Consejo de la Judicatura, en el nivel que les corresponda designar", dijo. Asuntos pendientes 1. Una nueva Ley del Ministerio Público, especialmente cuando este miércoles en la ciudad de Sucre, el presidente Hugo Banzer promulgue el nuevo Código de Procedimiento Penal. La nueva Ley del Ministerio Público deberá establecer en forma muy clara los principales objetivos que se deben perseguir en esa materia. 2. Una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ante los cambios que experimentaron las órdenes tradicionales. "Necesitamos adecuar estos otros pasos para poder tener una adecuada reforma. El nuevo Código de Procedimiento Penal es como el motor de una reforma, (pero) ahora necesitamos colocar las ruedas que van a componer parte de esa reforma", dijo Vásquez. 3. Se necesita modificar -e introducir en el debate del próximo Congreso Extraordinario- la Ley sobre Procedimientos Administrativos, que es considerada la ley más importante. Según Vásquez, esa importante disposición legal redefinirá la situación del ciudadano boliviano respecto al Poder Público; reubicará el tema de las Superintendencias y el control de éstas y, finalmente, concederá un paso importante para el desarrollo de los derechos del consumidor. Según Vásquez se irá a una reforma esencial porque se iniciará del Código de Comercio, del Código del Proceso Civil y el Código Civil a un Código Básico de Relaciones Interinstitucionales. 4. El Código Civil, que empezará a ser tratado el año 2201. 5. La Ley de Juicio de Responsabilidades, que también será parte de las leyes que se aprobarán en el Congreso Extraordinario, convocado para el próximo mes de abril.

99/03/30

MINISTRA DE JUSTICIA PRESENTARA HOY EL ANTEPROYECTO DEL NUEVO CODIGO CIVIL REFORMADO

UBIC: www.eldiario.net

Sucre.- Hoy en la ciudad de Sucre, la doctora Ana María Cortés Soriano, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, presentará al Poder Judicial el Anteproyecto del Código Civil Boliviano, en el transcurso de un acto que se llevará a cabo en la Corte Suprema de Justicia. A este acto de singular importancia asistirán los máximos representantes del Poder Judicial, vale decir de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, el Fiscal General de la República, autoridades departamentales y miembros del foro chuquisaqueño. Como es de conocimiento de quienes siguieron de cerca las reuniones en las que se elaboró el Código de referencia, la comisión encargada estuvo integrada por la citada Secretaría de Estado, y el coordinador del Viceministerio de Justicia, doctor Juan Chain, al margen de los conocidos abogados y expertos en Derecho doctores Enrique Díaz Romero, Oscar Frerking Salas, Mario Cordero y Pastor Ortiz. Antecedentes: El Código Civil, vigente a la fecha, fue aprobado el 2 de abril de 1976 en virtud del decreto ley No. 12700 de 8 de agosto de 1975. Entre los jurisconsultos que redactaron este cuerpo normativo se hallan dos de los actuales miembros de la Comisión Revisora, los doctores Oscar Frenking Salas y Pastor Ortiz. El Código Civil, entre otros aspectos, reviste la mayor importancia jurídica social para el país, porque regula en forma integral y orgánica las personas, los derechos reales, las obligaciones y los contratos, la sucesión, el ejercicio y protección jurisdiccional de los derechos y los registros públicos, o sea todo un aspecto jurídico que abarca todas las manifestaciones civiles, patrimoniales, económicas y jurídicas de la persona en Bolivia, desde antes que nazca hasta después de su muerte. Es asimismo, un instrumento normativo de la más alta calificación técnica, por cuanto para su elaboración se extrajeron fuentes diversas de Derecho Comparado ajustadas, obviamente, a la realidad social y a la cultura jurídica nacional, en un complejo de normas sistemáticas. En el Anteproyecto en cuestión, se encuentran las justificaciones de los preceptos modificados y reformados en forma puntual y sistematizada, e incluso las justificaciones de aquellos otros que no precisaron variante de ninguna clase. Por lo anteriormente mencionado puede afirmarse que se trata de un documento que en su forma y contenido presentará una descripción, una explicación y una solución a todos los problemas y condicionamientos jurídico - civiles de la persona, así como un alcance práctico que servirá de instrumento legal del mayor beneficio no sólo para los operadores de justicia los hombres de derechos y los estudiantes universitarios, sino también para el ciudadano común. Algunas modificaciones se refieren al Derecho a la imagen, con cuya reforma, en el capítulo de Derechos de la Personalidad, se preservará debidamente y con responsabilidad la imagen de las personas, de modo que no se afecte sus intereses jurídicos, familiares y patrimoniales, pero sobretodo morales. Por otro lado en materia de derechos reales no se tiene una regulación clara en cuanto a la propiedad, debido a que actualmente se construye inmuebles hacia arriba (edificios), presentándose problemas a la hora de la distribución entre herederos (sucesión), y el anteproyecto propone, debe destacarse soluciones a este frecuente problema.

MAYO

99/05/01

CONSEJERO PARAVICINI AFIRMA QUE ELECCION DE VOCAL DEL DISTRITO ORUREÑO FUE ILEGAL. ACUSAN A LA SUPREMA DE UNA ILEGALIDAD

UBIC: www.la-razon.com

El vocal elegido y cuestionado es Alejandro Guerra Rocha, quien no figuraba en la nómina final que el Consejo de la Judicatura envió a la Suprema. Paravicini dice que es pariente del ministro Carlos Rocha Orozco, de quien se dijo que fue elegido en ese cargo por influencia del mirista Gastón Encinas. La Suprema se defiende y señala que no ha actuado al margen de la ley ni de la Constitución. Mónica Paco Menacho. La remozada Corte Suprema de Justicia designó a un vocal que entró por la ventana. El Consejo de la Judicatura denunció ayer a los ministros de la cabeza del Poder Judicial de violar la Constitución Política al nombrar a Alejandro Guerra Rocha como vocal de Oruro, quien no figuraba en la nómina final de postulantes que seleccionó ese órgano judicial. "Incumpliendo con la Ley del Consejo se ha designado un vocal de Oruro que no estaba en la nómina", señaló el consejero Luis Paravicini, quien dijo que se infringió el artículo 123 de la Carta Magna. De acuerdo con ese artículo, es una atribución de ese órgano proponer nóminas a la cabeza del Poder Judicial para que de ellas designe a los vocales de las Cortes Superiores de Distrito. Según documentación oficial del Consejo, un total de 25 postulantes se presentaron en el distrito de Oruro, de los cuales sólo 21 aspirantes reunieron los requisitos para ser tomados en cuenta por la Suprema. Guerra Rocha ocupó el lugar número 23 y por eso no fue incluido en la lista final que el Consejo envió a la Suprema. PARIENTE De acuerdo con Paravicini, el vocal elegido es pariente del ministro Carlos Rocha Orozco, de quien se dijo que llegó a ser designado en ese alto cargo por la influencia del senador Gastón Encinas (MIR). Hace como un mes, la Corte Suprema estrenó nuevos ministros. Pero la designación de Rocha Orozco fue cuestionada por parlamentarios oficialistas, opositores y la sociedad civil. La impugnación salió del propio MIR. El coordinador nacional, Samuel Doria Medina, pidió incluso su renuncia. SUSPENSION La irregularidad presentada en la elección del vocal orureño, según Paravicini, obligó al Consejo a suspender desde ayer la elaboración de nóminas de postulantes para ocupar los cargos de vocales en las cortes de distrito, hasta que el tema no sea aclarado por la Suprema. "Hemos perdido el tiempo elaborando las listas, sólo querían legitimación para apañar la designación de gente corrupta y a sus allegados. Es una vergüenza la actuación de los ministros; ya no son errores los que cometen, sino delitos", sostuvo Paravicini, indignado por la actuación de los supremos. Hasta el jueves sólo se designaron postulantes de Oruro, Pando y Cochabamba. Resta el nombramiento de 27 vocales en los demás distritos. HABLA LA SUPREMA El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Arancibia, negó que ellos hayan actuado al margen de la ley. Indicó que en el caso de Oruro los candidatos fueron 46 y no 25 como señalan los documentos oficiales del Consejo. "El margen está reducido por la sugerencia que hacen de los 21 primeros; pero el doctor Guerra está en el puesto 23, la diferencia porcentual es mínima", argumentó. OTRO ERROR Pero ése no es el único error. La cabeza del Poder Judicial designó a Gilberto Palma Guardia como vocal de Pando. Este sí se encontraba en la nómina de postulantes, pero con serias observaciones de parte de Paravicini. Fue envuelto en hechos de corrupción como director de Derechos Reales en Sucre. Estaba por ser destituido, pero el Consejo no aprobó la resolución sobre el caso. La postulación de ese candidato, según Paravicini, fue impulsada por la consejera Teresa Rivero de Cusicanqui y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Arancibia. "Ellos han hecho lo imposible por defender, encubrir y evitar que Gilberto Palma, como director de Derechos Reales y Héctor Javier Miranda (también postulante a vocal), sean procesados por hacer licitaciones ilegales para equipos de computación, eso está registrado en la Contraloría", expresó. Con esos antecedentes, el consejero observa que se está politizando la designación de vocales. "En la lista de Cochabamba se sacó a los seis primeros que tenían mejor puntaje, me da la impresión de que hay una presión", declaró.

99/05/06

DISPUTA ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CORTE SUPREMA FRENA RENOVACION DEL PODER JUDICIAL. LA DESIGNACION DE JUECES SE PARALIZO

UBIC: www.la-razon.com

Dos consejeros están molestos con la designación de dos vocales y anunciaron que no enviarán las nóminas a la Corte Suprema hasta que se rectifique el error. La Suprema defiende su decisión y dice que no rectificará nada. Entre tanto, quedó congelada la designación de 220 vocales y jueces. Este jueves, magistrados y consejeros se verán en Santa Cruz en el marco de un encuentro internacional de juristas. Las disputas entre la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura a raíz del nombramiento de dos vocales, ha paralizado la designación de 220 autoridades del Poder Judicial entre vocales y jueces. Algunos consejeros cuestionaron la elección de los vocales Alejandro Guerra Rocha y Gilberto Palma, de Oruro y Pando, respectivamente, porque el primero no estaba en la lista de los 21 mejor calificados y el segundo tiene acusaciones de supuesta corrupción. Los magistrados han defendido la transparencia de esos nombramientos argumentando que el propósito central es contribuir a una despartidización de la judicatura. Como consecuencia, dos consejeros anunciaron que no enviaran las nóminas de candidatos para el resto de los distritos. Con ello se detiene la elección de por lo menos 220 autoridades judiciales de todo el país, que comprende a 42 vocales de distrito, 114 jueces para las capitales de departamento y 64 jueces de provincias. Hasta el momento sólo se eligieron a 15 vocales de los distritos de Cochabamba, Oruro y Pando. El Poder Judicial sufre un nuevo retraso en el proceso que emprendió para llenar esos cargos acéfalos desde hace mucho tiempo, coincidieron ambas partes en conflicto (Consejo y Suprema). Tanto el consejero Luis Carlos Paravicini, su colega Guido Chávez como los ministros Eduardo Rodríguez y Héctor Sandóval indicaron que la paralización es un perjuicio. Esta controversia se desató a un mes y algunos días de que siete nuevos ministros de la Corte Suprema fueron posesionados, con el objetivo prioritario de elegir las autoridades judiciales para los cargos vacantes y contribuir a acelerar la administración de justicia. A la paralización de facto de las designaciones se suma la moción del Consejo de la Judicatura de no remitir a la Suprema ninguna nómina de postulantes a las vocalías de los otros seis distritos del país, mientras no se rectifique el error de las elecciones cuestionadas. Si esto se consolida se agudizará la retardación de justicia que aqueja a miles de litigantes en Bolivia, coincidieron también ambas partes. ESPERANZA En el Parlamento mantienen la esperanza de que esta controversia entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema no se convierta en un conflicto. A pesar de ello, se dijo que la Suprema, posiblemente, no haya terminado de comprender cuál es el rol del Consejo y en consecuencia haya incurrido en un error, según Luis Vásquez, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados. "La Corte y el Consejo son órganos del mismo nivel constitucional pero con distintos roles en el proceso de elección de vocales. Eso posibilita el equilibrio debido en el proceso", explicó el parlamentario. Otra agravante de la situación surgió ayer cuando la brigada parlamentaria de Pando cuestionó la designación de Gilberto Palma, porque según los parlamentarios de ese distrito, Emigdio Flores y Roger Pinto, Palma tiene antecedentes dudosos y no es de la región. Ambos diputados señalaron ayer que esa designación es un manoseo a su región. Sin embargo, uno de los magistrados explicó que el Consejo nunca hizo llegar a la Corte Suprema antecedentes de Palma, a quien se acusa de estar implicado en una licitación irregular. Es más, algunos consejeros como Paravicini y Guido Chávez son partidarios de elevar una queja formal ante el Congreso Nacional en contra de la Suprema por supuesta violación de la Constitución, pero ese tema será analizado la próxima semana en la Sala Plena del Consejo.

JUNIO

99/06/06

CONSEJO DE LA JUDICATURA POSESIONO A DELEGADOS DISTRITALES JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS

UBIC: www.lostiempos.com

Hilda Mónica Fernández Patón y Gustavo Navia Quiroga, en Cochabamba, y Norah Matienzo y Grover Guzmán, en Santa Cruz, fueron posesionados ayer como delegados distritales jurídicos y administrativos, respectivamente, del Consejo de la Judicatura, quienes tendrán a su cargo el seguimiento y evaluación disciplinaria de los vocales y jueces, así como del manejo económico y de los recursos humanos en cada distrito. Estos delegados tendrán a su cargo la gestión de los requerimientos de las cortes de justicia de cada distrito y aplicación de los planes y programas en coordinación con el Consejo de la Judicatura, indicó la consejera Martha Villazón, quien tomó el juramento a los dos representantes en Cochabamba en un acto que se cumplió en el Palacio de Justicia de este distrito. En actos casi simultáneos, en Santa Cruz y en Cochabamba, los consejeros de la Judicatura dieron posesión ayer a los delegados designados para ambos distritos. La semana pasada, Hugo Sáenz Trigo y Sergio Iriarte asumieron esas funciones en la ciudad de La Paz. El Consejo de la Judicatura se reunirá en Sala Plena el martes próximo, para completar la designación de delegados para los otros distritos del país. "Con eso se va tener armada todo la infraestructura y soporte logístico del Consejo de la Judicatura dentro el marco de descentralización y la presencia regional que establece la ley", anotó Martha Villazón. El delegado administrativo será el responsable de todo el área económica, trabajará directamente en conexión con el Tesoro Judicial y el Departamento de Finanzas, en cambio el delegado jurídico atenderá todas las quejas y denuncias contra los jueces y personal subalterno del Tribunal de Justicia de ese distrito. Modernización La delegada jurídica de Cochabamba, Hilda Mónica Fernández Patón, en el acto de posesión, destacó la creación y el avance de las instituciones jurídicas en el país, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura que tienen como fin la modernización de las estructuras jurídicas para "saciar la sed de justicia que tiene la población". "Asumimos la función encomendada por el Consejo de la Judicatura en un instante en que Bolivia y los otros países viven una profunda crisis judicial a causa de una justicia favorable a los ricos y no a los pobres, una marcada injerencia política que desvirtúa la aplicación de la ley, la retardación de justicia y otros. Se hace imprescindible eliminar estos fenómenos con trabajo responsable, eficiencia y decisión", manifestó. Fernández dijo que se tiene que erradicar el temor de los ciudadanos y dar seguridad a la sociedad para que con certeza pueda tener justicia, entendida como expresión material de la libertad.

JULIO

99/07/04

MINISTERIO DE JUSTICIA ANUNCIA CAPACITACION JUDICIAL Y OPERATIVA

UBIC: www.eldiario.net

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Subirana, señaló ayer que la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal se producirá dentro de 24 meses, a la culminación de un proceso de formación y capacitación del personal que tendrá a su cargo su aplicación. Las tareas de implementación de la Comisión Interinstitucional comenzarán con la puesta en marcha de un programa de capacitación de los jueces que tienen a su cargo la aplicación de la Ley, específicamente, en materia penal. De acuerdo con la ley se habría ingresado al período de la "vacatio legis", con duración de 24 meses, en el cual se capacitará en forma permanente a los actores del sistema operativo judicial y a la sociedad civil". Indicó que las "reformas judiciales que lleva adelante el país, han merecido el elogio y aplauso de la comunidad internacional. Es el momento que esas reformas lleguen al corazón del pueblo, lleguen a la libertad del ciudadano , a la sociedad civil. Ellos tienen que recibir en carne propia los beneficios de las reformas". La autoridad recordó que, "hasta ahora, han transcurrido 2 etapas: Una primera, a partir de los acuerdos de julio de 1992 hasta 1997, para modernizar el Estado con reformas a la Constitución Política del Estado, Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa y Ley de Fianza Juratoria. Una segunda etapa corresponde a los 22 meses en que se concretaron las reformas judiciales, como ser el Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura, además del nuevo Código de Procedimiento Penal. La tercera etapa comprende implementación, propiamente dicha, de reformas judiciales cuya duración se prolongará hasta el año 2001. Las áreas de trabajo de la implementación con apoyo de USAID y la Cooperación Alemana (GTZ), se resumen a la adecuación normativa, adecuación institucional , difusión , capacitación , aplicación anticipada del Código y proceso de descongestionamiento y liquidación, cada una de las cuáles, con sus propias estrategias que formarán parte de una planificación global e integrada.

99/07/06

EL MINISTRO DE JUSTICIA, CARLOS SUBIRANA, PRESENTO EN SANTA CRUZ, EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO

UBIC: www.eldiario.net

El ministro de Justicia, Carlos Subirana, presentó hoy en la ciudad de Santa Cruz, el nuevo Código de Procedimiento Penal, el mismo fue explicado a vocales y jueces de la Corte Superior de Distrito, funcionarios judiciales, decanos de las Facultades de Derechos de universidades públicas y privadas. La autoridad manifestó que el nuevo instrumento legal responde a la necesidad de dar una respuesta a la crisis del sistema de administración de justicia propiciando una justicia penal que investigue, que sentencie oportunamente, que proteja los derechos de las víctimas y que resguarde los principios constitucionales. Subirana con relación al Procedimiento vigente dijo que éste "olvidó a las personas extraviándose en los expedientes, se centró en las formas y se olvido solucionar el verdadero conflicto humano, administró papeles y no resolvió conflictos. Con el nuevo Código de Procedimiento Penal se buscará la protección de la libertad y la dignidad de las personas sin descuidar por ello el interés de la sociedad por una eficaz lucha contra la delincuencia". Destacó el establecimiento del juicio oral y público, la participación ciudadana en la administración de justicia y el respeto por la diversidad cultural (justicia comunitaria), como aspectos fundamentales del nuevo Código de Procedimiento Penal. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen un plan preliminar que servirá de base para la elaboración de un Plan Nacional de Promoción del Código de Procedimiento Penal, el mismo será discutido y aprobado por la Comisión de Aplicación de la Reforma Procesal Penal. La Comisión esta presidida por el presidente Nato del Congreso Nacional, Jorge Quiroga Ramírez, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Comisiones Legislativas, así como por el Ministerio de Justicia como representante del Poder Ejecutivo.

99/07/11

LA CREACION DE OTRA SALA PENAL EN LA SUPREMA PIERDE PRIORIDAD EN EL CONGRESO. LOS POLITICOS PIENSAN QUE NO ES NECESARIO HACERLO CON EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL QUE SE APLICARA DESDE EL 2001. (PRIMERA PARTE)

UBIC: www.la-razon.com

En las esferas políticas se desvanece la posibilidad de crear una segunda sala penal en la Corte Suprema de Justicia. Esto creó preocupación en el máximo tribunal de justicia, cuyos magistrados insistirán en la creación de una nueva sala para desembotellar las cerca de 1.700 demandas pendientes. Mientras, en el ámbito político afirman que ya no es necesario habilitar otra sala penal ya que con el nuevo Código de Procedimiento Penal muy pocas procesos llegarán a la Suprema en apelación. Ahora todos los casos acaban en el máximo tribunal de justicia. Sin embargo, el mencionado código recién ingresará en vigencia el 31 de mayo del 2001 y la preocupación de los ministros es que durante ese tiempo se sigan sumando causas. SALA PENAL La creación de una segunda sala penal fue planteada hace poco al vicepresidente Jorge Quiroga por el presidente de la Suprema, Oscar Hassenteufel. La propuesta fue incorporada en la agenda del segundo congreso extraordinario, cuyas sesiones comenzarán esta semana. Pero ya no figura entre los temas prioritarios y a ello se suma la opinión de algunos legisladores que considerar innecesaria una nueva sala. Los dos temas prioritarios son la Ley de Aduanas y el Estatuto del Funcionario Público. REFORMA Para el ex presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y principal promotor de las reformas judiciales, Luis Vásquez, el hecho de crear una segunda sala penal es una medida a contrapelo del nuevo Código de Procedimiento Penal y una decisión equivocada e inadecuada. Vásquez opina que el recurso de casación, inscrito en el artículo 416 del nuevo Código, establece un carácter de excepción. La casación queda reservada sólo para la uniformización de jurisprudencia, hecho por el que la Suprema reducirá notablemente su actividad procesal en su Sala Penal. Según esa disposición, inscrita en la nuevo Código de Procedimiento Penal y que entrará en plena vigencia en junio del año 2001, el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores de Distrito contrarios a otros procedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema. "¿Qué ocurrirá cuando los juicios ya no lleguen a la Corte Suprema? Tendremos dos salas penales, las cuales van a estar absolutamente desocupadas, y eso afectará el conjunto de su funcionamiento, por lo tanto, no responde a los principios constitucionales del debido proceso", señaló Vásquez. Tomando en cuenta que el nuevo Código será implementado en dos años más, ya no tiene sentido crear una segunda sala penal, aseguró.

99/07/11

UBIC: www.la-razon.com

Los magistrados, en cambio, ven con otros ojos la necesidad de crear esta instancia y anticipan que insistirán en la ejecución de esa medida. El magistrado Kenny Prieto piensa que es una tarea titánica terminar con cerca de 1.700 casos que se encuentran en los archivos de la Suprema, hecho por el que considera necesaria y esencial una segunda sala penal en la Suprema. Sólo así, según él, podrá empezar a reducir ese número de recursos y aliviar la retardación de justicia, heredada de las anteriores gestiones. Prieto aclara que la creación de una segunda sala penal está planteada como una disposición coyuntural, que se modificará en la actual Ley de Organización Judicial. Esto estará vigente hasta que empiece a regir la nueva Ley. El nuevo proyecto de Ley de Organización Judicial tiene un avance del 70 por ciento. En la nueva norma -dijo- se introducirá una disposición que modifique la creación de otra sala penal.

99/07/13

COMISION APROBO PLAN PRELIMINAR DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO PENAL

UBIC: www.eldiario.net

En la primera reunión que tuvo la Comisión Nacional del Código de Procedimiento Penal, realizada ayer, aprobó en grande el Plan Preliminar de Implementación para la aplicación del nuevo Código de procedimiento Penal a nivel de todas las instituciones operadoras de justicia penal, presentado por el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, Carlos Subirana, informó que se realizó la primera reunión de la Comisión Nacional de Implementación del Código de Procedimiento Penal, considerándolo muy importante, ya que se procedió también a la aprobación del reglamento de funcionamiento de la comisión y del Comité Ejecutivo de Implementación instancia a cargo del Ministerio de Justicia. La reunión de la Comisión Nacional de Implementación está a la cabeza del presidente nato del Congreso Nacional y Vicepresidente de la República, Jorge Quiroga, a la que asistieron autoridades judiciales. El Ministro de Justicia explicó que la generación de condiciones previas a la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal constituye el objetivo central de las acciones a desarrollarse durante el período de la "vacatio legis", fijada en dos años computables a partir del 31 de mayo de 1999, fecha de publicación del nuevo reglamento jurídico. Los requerimientos y actividades se hallan identificados en el Plan Preliminar de Implementación, elaborado por un grupo técnico multidisciplinario del Ministerio de Justicia y que, una vez aprobado, será puesto en marcha por el Comité Ejecutivo el mismo que esta conformado por representantes técnicos de las diferentes instituciones operadoras de justicia. El Plan Preliminar de Implementación propone políticas, estrategias y acciones, emergentes de una planificación participativa, necesarias para facilitar y garantizar la correcta, eficiente, eficaz y uniforme aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, a nivel de todas las instituciones operadoras de justicia penal. El nuevo Código de Procedimiento Penal posibilita que tanto la investigación de los delitos como la imposición de la sanción correspondiente se cumplan, en el estricto marco de las garantías previstas en la Constitución Política del Estado y en los pactos internacionales de derechos humanos, porque son estos instrumentos legales los que sientan las bases que ineludiblemente debe cumplir el Estado en la lucha contra la delincuencia. En este entendido, el nuevo Código regula con amplitud necesaria todas las garantías que limitan ese poder del Estado, estableciendo sus diferentes manifestaciones y consecuencias, así como, los derechos y obligaciones que generan, de modo que no se agoten en su sola formulación. Por otra parte, se establece que las garantías constitucionales y principios enumerados en el Nuevo Código deben ser siempre utilizados como fundamento de toda interpretación y de observancia obligatoria en todo procedimiento que conlleve el ejercicio de la coerción penal estatal, tratando de evitar de este modo que a título de reprimir la criminalidad se violenten las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales.

99/07/24

MINISTRO DE JUSTICIA PRESENTO NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

UBIC: www.eldiario.net

Cochabamba.- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Carlos Subirana Suárez, presentó en Cochabamba el Nuevo Código de Procedimiento Penal a vocales y Jueces de la Corte Superior, a funcionarios judiciales, a decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, a representantes de la fiscalía de Distrito y a funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en una ceremonia que se cumplió en el salón de honor de la Corte Superior de Distrito este viernes a las cinco de la tarde. Según Subirana, el Código presentado marcará un hito en la consolidación de la democracia al tratarse de un instrumento legal que emerge de la estructura democrática y republicana de nuestro país rescatando sus principios fundamentales. "Lo que se ha tratado es transformar la justicia penal porque es deber del Estado rescatar la condición primordial de dignidad del ser humano", dijo a tiempo de aclarar que este es un primer paso, para devolverle la credibilidad del ciudadano a la justicia nacional. En la presentación manifestó que el nuevo instrumento legal "responde a la necesidad de dar una respuesta a la crisis del sistema de administración de justicia propiciando una justicia penal que investigue, que sentencie oportunamente, que proteja los derechos de las víctimas y que resguarde los principios constitucionales". LEYES MAS HUMANAS Con referencia al Procedimiento Penal anterior, de corte inquisitivo, la autoridad señaló que este olvidó a las personas, extraviándose en los papeles, se centró en las formas y se olvido en solucionar los conflictos humanos, muchas veces victimizando doblemente a quienes habrían sido víctimas. Con el nuevo Código de Procedimiento Penal se buscará la protección de la libertad y la dignidad de las personas sin descuidar por ello, el interés de la sociedad por una eficaz lucha contra la delincuencia. Planteó los tres elementos fundamentales del nuevo Código que son: el establecimiento del juicio oral y público, la participación ciudadana en la administración de justicia y el respeto por la diversidad cultural (Justicia Comunitaria). Remarcó que dentro de 24 meses entrará en vigencia este documento de reforma, una vez que se hayan preparado las condiciones mínimas para que pueda ser implementado y que pueda cumplir su objetivo, que es reivindicar al ser humano y devolverle al ciudadano la credibilidad en al sistema judicial. El programa contempló las palabras del Presidente de la Corte Superior de Distrito, Dr. Orlando Verduguez Ferrel y la exposición de los técnicos del plan de implementación del Ministerio de Justics Mv Derechos Humanos. PLAN PRELIMINAR El Ministerio de Justicia ha concluido un Plan Preliminar que servirá de base para la elaboración del Plan Nacional de Implementación que fue discutido y aprobado en grande por la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma Procesal Penal, presidida por el Presidente nato del Congreso y conformada por las máximas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Comisiones Legislativas, así como por el Ministerio de Justicia como representante del Poder Ejecutivo. El Plan de Implementación contempla áreas de trabajo como la de adecuación normativa, adecuación institucional, difusión, capacitación, aplicación anticipada del Código y Proceso de Descongestionamiento y liquidación, cada una de las cuales con sus propias estrategias las que formarán parte de una aplicación global e integrada. CAPACITACION En el área de capacitación se cuenta con un documento base para la formulación de un Programa Nacional de Capacitación; en el área de difusión se ha desarrollado la Estrategia de Promoción para la Sociedad Civil; en el área de adecuación institucional se ha elaborado un Diagnóstico Institucional del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Técnica Judicial que identifica las necesidades de cambio de cada institución. En lo que respecta a la adecuación normativa, se han identificado las normas complementarias que deberán ser reformadas y se incluyen ya los lineamientos generales para la adecuación de la Ley del Ministerio Público. También se formularon estrategias concretas de descongelamiento liquidación así como acciones específicas para la implementación anticipada del Código, como son las medidas cautelares y salidas alternativas. Además de estos insumos se tienen varios otros que facilitarán el trabajo de implementación a todas las entidades operadoras de justicia. APLICACI_N El Ministro de Justicia dijo que comprendiendo los problemas de los presos con y sin condena no pueden esperar los dos años hasta que se implemente el nuevo Código, se ha previsto la vigencia anticipada del nuevo régimen de medidas cautelares a partir del próximo 31 de mayo del año dos mil, recuperando la verdadera naturaleza procesal de la detención preventiva. Agregó que a fin de descongestionar el sistema y otorgar una solución oportuna a los justos reclamos de la víctima se prevé la vigencia anticipada del régimen de salidas alternativas y cuya aplicación también aportaría ventajas tanto para el Estado como para el propio imputado. A raíz del nuevo Código se pretende equilibrar el sistema de garantías de la persona con los poderes de persecución penal que diferencia claramente la función de acusación , defensa, investigación y decisión.

SETIEMBRE

99/09/06

EL GOBIERNO DE BOLIVIA IMPULSA LAS REFORMAS JUDICIALES Y ELABORA UNA NUEVA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, QUE INTENTARA ERRADICAR LA CORRUPCION Y LA LENTITUD DE LOS PROCESOS EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

UBIC: www.eldiario.net

Para ultimar detalles del anteproyecto de ley y revisar de manera participativa el documento, se reunió este fin de semana en La Paz una Comisión integrada por varias entidades judiciales, informó hoy a EFE el Ministerio de Justicia. El anteproyecto de ley ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia, que organizó varias reuniones de evaluación con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y la Comisión de Constitución del Congreso. En la séptima reunión, que ha concluido hoy, se trató el módulo de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que debe designar jueces y tribunales para atender los procesos judiciales. Se pretende que el Consejo de la Judicatura pueda establecer la cantidad de tribunales y jueces de acuerdo a la demanda judicial, de tal forma que exista más estabilidad funcionaria y un buen nivel salarial para eliminar la corrupción. La ley vigente sobre materia judicial no considera como instituciones del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Judicatura ni al Tribunal Agrario Nacional, lo que se quiere cambiar con la nueva legislación. Según el Ministerio de Justicia, la elaboración del anteproyecto de la nueva ley será concluida en octubre próximo y se estima que antes de fin de año será revisado en el Congreso nacional para su posterior aprobación. El Gobierno considera prioritaria la aprobación de la nueva ley judicial para tener un instrumento eficaz contra la corrupción y otros males que actualmente afectan a la justicia del país.

99/09/10

LA CAMARA DE DIPUTADOS ANALIZARA REFORMAS AL CODIGO PENAL, PARA ENDURECER LAS PENAS PARA LOS VIOLADORES

UBIC: www.eldiario.net

La Cámara de Diputados postergó el tratamiento de la pena de muerte para los violadores y abrió la posibilidad de una reforma general al Código Penal, con la perspectiva de endurecer las penas a los procesados por esos delitos. Cristina Oliva, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que el caso de la niña Patricia Flores, fue utilizado por algunos parlamentarios como una bandera electoral al plantear la pena de muerte, contradiciendo en forma abierta la Constitución Política del Estado, que prohibe en su articulo 17 la pena de muerte. De igual forma recordó que Bolivia es país signatario de convenios internacionales que prohiben el restablecimiento de la pena máxima por cualquier delito. "Tenemos tres violaciones por día y solo nos estamos ocupando de este caso, el mismo día que asesinaban a la niña Flores otras dos menores eran víctimas de violación pero nadie dice nada de esos casos, y esto no debe ser así", dijo La vicepresidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja. Asimismo, criticó la resolución del plenario de disponer una partida adicional al presupuesto de la policía para que concluya las investigaciones en este caso, La diputada señaló que ese tipo de actitudes fomenta el mal trabajo de los investigadores de la PTJ, ya que estos estarían condicionando su trabajo a posibles incrementos en su presupuesto. Emigdio Flores (MIR), expresó que la posibilidad de una modificación a la Constitución Política del Estado llevaría demasiado tiempo para su aplicación, al margen de que la ley que se apruebe no se aplicará de forma retroactiva, lo que significa que el culpable del asesinato de la menor en la escuela "Vicenta Juaristi Eguino", jamás podrá ser condenado a la pena capital. El presidente de la Comisión de Constitución, Guido Añez, adelantó que la Comisión a su cargo esta analizando una reforma estructural del Código Penal, este proyecto estaría prácticamente concluido y podría ser presentado al pleno, en el momento que el presidente de la Cámara Baja solicite el proyecto, aseguró. Las reformas que contempla el proyecto se refieren a la acentuación de las penas en los casos de violación, asimismo condenan la trata de blancas, la prostitución infantil, y otros aspectos de maltrato a los menores.

99/09/15

DIPUTADOS INICIARON REUNIONES CON INSTITUCIONES FEMENINAS PARA EXPLICAR LOS ALCANCES DE LA MODIFICACION AL CODIGO PENAL

UBIC: Www.eldiario.net

La Comisión de Constitución inició reuniones con las diferentes instituciones femeninas para explicar los alcances de la modificación al Código Penal. El presidente de esa Comisión Guido Añez (MIR), expresó que estas reuniones con las representantes femeninas y los menores se llevan adelante con el propósito de explicar la complejidad de las reformas que se están analizando. Los reiterados casos de violación que se presentaron en el país provocaron la protesta de los diferentes sectores, que solicitaron al Poder Ejecutivo la restitución de la pena de muerte, estas protestas llevaron al Primer Mandatario a solicitar al Poder Legislativo el tratamiento prioritario del Proyecto de Ley Contra los Delitos de Abuso Sexual, que fue elaborado por el Diputado Luis Vásquez Villamor. Guido Añez manifestó que la ciudadanía no tiene confianza en el Poder Judicial por el elevado número de casos que derivaron en una transacción entre las dos partes. "Estos hechos provocan que la gente sustituya su impotencia con el linchamiento del victimador, aquí se corre un riesgo tremendo por que se puede ajusticiar a la persona equivocada" explicó Guido Añez. La Comisión de Constitución denunció que desde 1990, se presentaron 4.365 casos de violación de los cuales solo el 30 por ciento terminaron en un proceso y una condena el 70 por ciento restante se transó entre los familiares de las víctimas y los agresores. Todos estos aspectos están siendo explicados a los participantes de las reuniones que se llevan a cabo en la sala de sesiones de la Comisión de Constitución.

99/09/19

EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ANULARA EL REGIMEN INQUISITIVO, INEFICIENTE Y PESADO, AFIRMA EL MINISTRO DE JUSTICIA, JUAN CHAHIN LUPO. (PRIMERA PARTE)

UBIC: www.eldiario.net

El problema de la justicia ordinaria en Bolivia radica en el sistema procesal penal vigente desde 1973, cuyo instrumento es calificado como inquisitivo, ineficiente y pesado, poco coherente con relación a los derechos y garantías fundamentales de la persona, establecidos en la Constitución Política del Estado. De acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Antonio Chahín Lupo, este "pesado sistema" será sustituido por el nuevo Código de Procedimiento Penal que establecerá, en Bolivia, un nuevo método de administrar justicia mediante la "oralidad en los juicios penales". De lo que se trata, es de suprimir el uso del papel y los memoriales que generan en la administración de justicia, corrupción en todos los niveles del Poder Judicial, retardación de justicia y, asimismo, violación de la ley y delitos de prevaricato abierto entre los funcionarios judiciales. Según datos logrados en esferas oficiales, el 80 por ciento de los detenidos en las cárceles del país no tienen condena. El sistema, en ese sentido, no ha tenido la capacidad de responder a las demandas presentadas en procura de encontrar justicia. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente, existen 8.000 causas pendientes en resolución y sólo un 20 por ciento de detenidos tienen sentencia. Se estima que, de acuerdo con la estadística, la duración de un proceso penal, desde la intervención policial hasta la ejecutoria de la sentencia, demora en promedio cuatro años, aunque se han verificado causas que su trámite duró hasta doce años. Juan Chahín dice que es necesario que los bolivianos conozcan sobre cual es el problema del Poder Judicial, que tiene varios rubros para analizar. En su criterio, lo sustancial corresponde a una particular cultura de inobservancia de la norma, de impunidad en muchos casos que hicieron posible que exista desconfianza del ciudadano con la administración de justicia en Bolivia. Los servicios judiciales tienen un sistema estructurado, demasiado obsoleto y pesado y que constituye, una verdadera carga para el ciudadano que va en busca de una justicia pronta, oportuna y eficiente. Sin duda que no ha encontrado, en el actual sistema, una respuesta adecuada a sus necesidades y requerimientos. Este vía crucis, se viene arrastrando de hace muchos años. Va de la mano de una falta de independencia del Poder Judicial y, por ello, el ciudadano no confía en dicho poder. "Estos tropiezos en la judicatura, dan lugar a que el país no logre ni capte inversiones ni más acciones de capital". No existe justicia oportuna ni transparente y, por lo tanto, se generan dudas en el mundo financiero. "Cabe mencionar que el actual sistema es lento y burocrático", dijo al señalar "que no es posible cumplir los principios de inmediación y concentración procesal y, por ello, los jueces están más preocupados en armar un expediente que en resolver el conflicto humano". El Ministerio de Justicia, consideró que la duración promedio de un proceso penal, dura más de 4 años. Toma en cuenta la etapa de instrucción con más de 1 año, el plenario, también, con más de un año y los recursos procesales, con más de 2 años. En ese sentido, los ciudadanos ya se cansaron de lidiar con procesos que deberían concluir en 6 meses o, máximo, 2 años. Existen casos que se extienden hasta 20 años. ESCASEZ DE JUZGADOS Chahín, indicó que el proceso de las reformas judiciales, interpretando la actual realidad boliviana, es complicado. Por ello se tuvo que asumir con mucha puntualidad, los estudios que correspondían al diagnóstico. "Existe escasez de juzgados de acuerdo con la demanda de los procesos que se presentan diariamente. En cuanto a los jueces, Chahín consideró que no todos son malos administradores de justicia, "pues contamos con verdaderos jueces de vocación". Sin duda alguna, la injerencia política tuvo mucho que ver en la nominación de los magistrados que le quitaron credibilidad. "Yo diría que hasta este momento, la gran debilidad es la remuneración que reciben, que no está acorde ni con la jerarquía que tiene un juez ni con el volumen de trabajo que enfrentan", aseveró. Está seguro que existe una total deficiencia en la formación de los operadores de justicia. Es necesario, sin embargo, aplaudir el esfuerzo que los jueces de vocación realizan, ya que a diario, hacen lo mejor posible para que la administración de justicia sea cada vez más una respuesta eficiente al ciudadano, en cuanto a sus peticiones constitucionales o a la solución de sus problemas que son puntos importantes que se busca en la justicia ordinaria. JUICIOS ORALES Frente a la crítica situación del sistema de justicia penal, el Estado boliviano asumió la decisión de cambiar estructuralmente el sistema. Es así que se promulgó el Nuevo Código de Procedimiento Penal, publicado por Ley No. 1970 del 31 de mayo de 1999. Este instrumento ingresará en vigencia plena, el 31 de mayo del año 2001. No podría ponerse en vigor de inmediato, ya que el cambio brusco causaría un total caos en el proceso. La autoridad del ejecutivo, dijo que es necesario contar con este tiempo para poder re definir las operaciones que tienen los jueces, actualmente, y llegar a una implementación conjunta. Este nuevo Código constituye una reforma trascendental y estructural de la justicia penal, delimitando las atribuciones de investigación, acusación, defensa, y decisión en el marco del estricto respeto de los derechos y garantías de las personas.

99/09/19

EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ANULARA EL REGIMEN INQUISITIVO, INEFICIENTE Y PESADO, AFIRMA EL MINISTRO DE JUSTICIA, JUAN CHAHIN LUPO. (SEGUNDA PARTE)

UBIC: www.eldiario.net

Frente al actual estado del sistema de administración de justicia penal, en el que jueces, fiscales y policías confunden roles de acusación, investigación y decisión, o se aplica un sistema de comunicación entre las partes, el nuevo sistema establece una clara diferenciación de funciones, asumiendo el sistema acusatorio oral, público y contradictorio. Dicho sistema equilibra, adecuadamente, los poderes de acusación (Ministerio Público, querellante) y los de defensa, posiciones encontradas por lo contradictorio de su interés en el juicio penal. Estos debaten sus pruebas y argumentos ante un tercero imparcial, que es el juez, quien ya no reunirá funciones de investigación ni de acusación y garantizará un juicio justo e imparcial. CIUDADANOS JUECES El nuevo sistema, que será trascendental para la vida de los bolivianos, incorporará la figura de jueces ciudadanos que, en número de tres y junto a dos jueces técnicos, conformarán tribunales de sentencia, denominados doctrinalmente mixtos, facilitando una real y activa participación ciudadana. "Los jueces mixtos deberán estar informados oportunamente y deben conocer las tareas que llevarán adelante. Es parte del control social, inédito en nuestro país, por ello, iniciaremos talleres formativos". Todo esto dará lugar a que la víctima sea garantizada por un auténtico proceso, olvidándose de una serie de trámites y papeleos. En unas cuantas audiencias, los imputados estarán exponiendo oralmente sus temas, ante un juez, y ante la parte acusatoria y el público", puntualizó. Lo importante de esto, es su total transparencia, la oralidad y el hecho de que los procesos sean públicos, lo cual permite asegurar que los juicios tendrán el signo de eficiencia, en la búsqueda de una sanción penal. Este hecho devolverá al ciudadano común, la confianza en su propia justicia y permitirá que los tribunales de sentencia, ocupen el lugar de jerarquía. Chahín afirmó, también, que lo mismo sucederá con los procesos civiles, puesto que el Ministerio de Justicia ya concluyó el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil. Este instrumento se encuentra en el Parlamento y tendrá los mismos signos de la oralidad. INFRAESTRUCTURA PARA JUICIOS ORALES Muchos de los tribunales deben ser necesariamente adecuados, siendo esta una labor que debe cumplir el Consejo de la Judicatura. Este instancia, sin embargo, debe tomar en cuenta los bajos recursos económicos con los que nuestro país cuenta. "Los procesos orales tienen su propia peculiaridad". Son salas especiales que deben ser diseñadas por arquitectos que conocen el problema. Lo que quiero pedir al Consejo es que no hagamos un mal uso de los recursos, al tratar de implementar estructuras inadecuadas. No estamos en condiciones como para dar un mal uso de los recursos. Somos un país pobre y debemos ser eficientes en el uso de éstos", señaló. Reiteró que esta implementación será el producto de la demanda de la sociedad, la cual se encuentra cansada de ver una justicia lenta. La retardación de justicia terminará y la población se dará cuenta que sus requerimientos serán prontamente atendidos. Después de la revisión del nuevo Código de Proceso Civil, sustitutivo del actual, el Ministro de Justicia, afirmó que éste se sustenta en la oralidad y adopta como régimen de su estructura normativa "el proceso por audiencia", que se caracteriza, por el desarrollo y resolución de las actuaciones en audiencia, en las que igualmente el juez debe pronunciar sentencia, lo que significa que se trata de un nuevo régimen procesal donde, de cara a la sociedad, frente a todos, el juez resuelve la causa dictando resolución final. Este aspecto se fundamenta en la celeridad procesal, que se consigue en base de tres principios procesales: 1. La inmediación, es decir, el contacto directo y personal de juez con las partes y sobre todo con el manejo personal de proceso, excluyéndose toda forma de conocimiento indirecto del proceso. 2. La concentración, o sea el desarrollo de la mayor actividad procesal posible en el menor número de actos procesales. 3. La publicidad, que exige como condición básica la mayor divulgación de la actividad procesal, excepto que, por razones de moral y orden público, el juez disponga lo contrario. El fin principal de la Ley es destruir la corrupción. Con las audiencias públicas y continuadas, hasta que se dicte la sentencia, se elimina la posibilidad de contactos de las partes con el juez. Con el nuevo régimen procesal, finalmente, se pretende una mayor seguridad jurídica para las personas sobre la base de la efectiva vigencia del debido proceso en materia civil. La realidad de la legislación comparada, muestra que los resultados del nuevo régimen oral serán ampliamente beneficiosos para lograr una justicia limpia y oportuna. Nuestro medio con seguridad ofrecerá una gran acogida, porque nuestra cultura tradicional demuestra que los conflictos en las épocas anteriores a la República, se resolvía en forma oral y pública.

99/09/19

BIENES INCAUTADOS AL NARCOTRAFICO DEPENDERA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

UBIC: www.eldiario.net

Próximo remate previsto con carácter inmediato prevé hasta un monto de $us 3.000.000. El director de Bienes Incautados al Narcotráfico, Roberto Lamaitre, anunció que esta institución a partir del 2000 funcionará con presupuesto del Ministerio de Gobierno, en cumplimiento con el Nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigencia a partir de junio del próximo año. La dirección tiene programado rematar entre el confiscado acumulado, bienes por valor de tres millones de dólares, cuya gestión de remate se encuentra en los juzgados antidroga del país, "donde lamentablemente los trámites se encuentran congelados sin ninguna razón que lo justifique", dijo. Puntualizó que el no ordenar el remate de bienes cuando se emite sentencia constituye prevaricato y, una consecuencia directa de esa retardación, es precisamente el deterioro de los bienes que se confiscan a los presuntos narcotraficantes. Lemaitre sostuvo que desde agosto de 1997, la Dirección General de Bienes Incautados, asumió plena responsabilidad de la administración de las confiscaciones, lo que implica la calificación para la entrega en custodia de los mismos, ante la no bien definida posición de las normas vigentes. En cuanto a la custodia de bienes incautados al narcotráfico, señaló que por políticas definidas por el gobierno, los bienes confiscados se destinan prioritariamente a fortalecer las instituciones de lucha contra el narcotráfico como la FELCN y Direcciones responsables de la interdicción al tráfico de drogas. Régimen penitenciario es otra institución que se beneficia de los bienes incautados o confiscados, con el objeto de solucionar los problemas de hacinamiento que soportan los penales del país, esto debido, en gran medida, al número de personas detenidas por delitos tipificados en la Ley 1.008. También se entregan bienes incautados o confiscados al narcotráfico a instituciones que se encargan de hacer prevención y rehabilitación, como una forma de resarcir parcialmente el daño civil que ocasiona el narcotráfico a la sociedad boliviana.

99/09/22

EL GOBIERNO PROPONE CINCO AÑOS DE CARCEL PARA LAS PERSONAS QUE COMETAN DELITO DE ESPIONAJE

UBIC: www.la-razon.com

El Código Penal condena a los "pinchadores" con tres meses a un año de prisión. Ahora, el gobierno quiere que ese castigo sea más duro. También sugiere prohibir la importación al país de cualquier equipo que sirva para el espionaje. Tras las denuncias de espionaje e interceptación de llamadas telefónicas, ayer el gobierno informó que tiene un proyecto de ley en el que prohíbe la importación de aparatos utilizados para aquellos fines y propone una reclusión de cinco años de cárcel para las personas que cometan el delito de espionaje. La propuesta fue anunciada por el ministro de Gobierno, Wálter Guiteras, luego de que el presidente Hugo Banzer le instruyó comprar los equipos respectivos para detectar los "pinchazos" telefónicos, a raíz de las denuncias de espionaje realizadas por cuatro medios de comunicación, entre ellos la Red ATB y La Razón. La pasada semana, Guiteras señaló que "en el sistema de escuchas (se) está estudiando la manera, no diré de prohibir, pero por lo menos regular (los "pinchazos")". LA IMPORTACIaN Guiteras anunció que ya cotizaron, a través de la red Internet, los equipos que adquirirá el Ministerio de Gobierno para detectar los "pinchazos" telefónicos. Luego dijo que con el fin de evitar la psicosis de que todos son "pinchados", el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley al Congreso con dos propuestas básicas que prohíben y castigan el espionaje. Primero, prohibir la importación al país de cualquier equipo que sirva para "pinchar" teléfonos y, segundo, aumentar la condena de los "pinchadores" de tres meses a un año de prisión, establecida en el Código Penal, a cinco años. ¿GARANTÖA? "¿Con esta ley se garantiza el ordenamiento constitucional (de prohibir el 'pinchazo')?", fue la pregunta que la prensa hizo a Guiteras cuando anunció la presentación del proyecto de ley. "Nunca hay, nunca hay... Se pretende garantizar todo lo que esté a nuestro alcance; lo vamos a hacer, pero siempre es muy difícil asegurar el término de garantía, ¿no? Más aún cuando hay avance de tecnología. En los Estados Unidos y todos los países del mundo no hay una garantía, una patente de seguridad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los bolivianos se sientan protegidos y que no haya una psicosis", respondió.

OCTUBRE

99/10/08

LEY CONTRA LIBERTAD SEXUAL FUE ENTREGADO AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, HUGO CARVAJAL

UBIC: www.eldiario.net

El proyecto de "Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual", es el extenso nombre del Proyecto de Ley que fue concluido y entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Carvajal, por el presidente de la Comisión de Constitución Guido Añez. Este proyecto de Ley, pretende la disminución de los delitos de violación que últimamente estremeció al país. Guido Añez, señaló que los cambios que se introducen en este Proyecto, respecto al Código Penal, que esta vigente. Los cambios se refieren a "la introducción violenta de objetos", la cual no estaba consignada en el código vigente, la pena para este delito es de 15 a 20 años. Otra de las figuras es la "violación en estado de inconsciencia, la violación de niño, niña y adolescente". Este Proyecto respeta la edad, sin embargo, en una denuncia de violación en mayores de 12 años, se tomará en cuenta la edad de los implicados. Esta no debe tener más de tres años de diferencia con la pareja. Uno de los puntos importantes de este proyecto, se refiere a la separación de la víctima del proceso para evitar los posibles trastornos que pudiera sufrir. Asimismo, las autoridades estarán obligadas a restringir la información sobre la identidad de la víctima. En el proceso judicial podrán utilizar nombres sustitutos para conservar el anonimato, además, de recibir atención medica, psicológica y terapia. De igual modo, los interrogatorios se realizaran en presencia de médicos especialista en la materia y el abogado. "Él tráfico de personas", es una de las innovaciones en este proyecto, por las alarmantes cifras que alcanzan las denuncias de desaparición de personas, principalmente, niñas jóvenes. Las penas para los que incurran en estos delitos, están consignadas dependiendo de la edad de la víctima. Para los imputados mayores, la pena será de cuatro a ocho años. En el caso de que la víctima sea menor a 18 años, la pena para el agresor será de cinco a 15 años y de seis a 12 años de prisión. Los que cometan este delito con menores de 14 años también recibirán penas similares. El presidente de la Comisión de Constitución, manifestó su esperanza de que este proyecto sea aprobado antes del receso parlamentario, previsto para el 23 de octubre.

99/10/21

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA DESTITUIR A JUECES

UBIC: www.lostiempos.com

Sucre.- Un fallo que el Tribunal Constitucional emitió al pasado 18 de octubre anula, a partir de la fecha, la atribución del Consejo de la Judicatura para destituir a cualquier juez del país, advirtió el portavoz de este último, Guido Chávez. Los tribunos declararon inconstitucionales los artículos 53 de la ley del Consejo de la Judicatura y el 24 de la Ley de Organización Judicial, por ser contrarios al artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Este fallo fue emitido a raíz del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad que presentó el vocal de la Corte de Distrito de Cochabamba, Tomás Molina, ante el Tribunal Constitucional luego de que el Consejo decidió destituirlo por la comisión de faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones. Tomando en cuenta que los fallos del Tribunal son en única y última instancia, a partir de ahora ningún juez podrá ser destituido por el Consejo, dijo Chávez. Molina fue objeto de un proceso disciplinario por parte del Consejo a partir de la denuncia del Fiscal de Sala Superior de Cochabamba, Percy Camacho. Un tribunal sumariante determinó que él y otros vocales se resistieron de manera manifiesta a dar cumplimiento a la interpretación de la Corte Suprema sobre un artículo de la Ley de Fianza Juratoria, además incurrieron en reiteradas violaciones a disposiciones legales expresas, que les hace responsables penal, civil y disciplinariamente. Este tribunal determinó la suspensión de Molina, quien apeló ante el Consejo que confirmó el fallo en primera instancia. Esto provocó que el vocal presente el recurso mencionado ante el Tribunal Constitucional. Ley 1817 (del Consejo de la Judicatura) Artículo 53.- (SANCION POR FALTAS MUY GRAVES) De conformidad a lo dispuesto por el artículo 116, parágrafo VI de la Constitución Política del Estado, los funcionarios judiciales que hubieren cometido faltas muy graves ene l ejercicio de sus funciones y sobre quienes hubiere recaído sentencia ejecutoriada, serán sancionados con la destitución de sus cargos. Ley 1455 (De Organización Judicial) Artículo 24 (DESTITUCION, TRASLADO Y SUSPENSION DE MAGISTRADOS O JUECES).- Ningún magistrado o juez podrá ser destituido de sus funciones, sino en virtud de sentencia ejecutoriada, sea por delitos comunes o por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Tampoco podrá ser trasladado sin su expreso consentimiento. Las Cortes Superiores de Distrito podrán suspender del ejercicio de sus funciones por simple mayoría de votos de sus miembros, a los jueces, registradores de derechos reales, notarios de fe pública y notarios de minería, contra los que se hubiese abierto instrucción penal por delitos comunes o resultantes del ejercicio de sus funciones, si el delito fuese flagrante la suspensión será inmediata.

99/10/21

JUBILADOS ACUSAN DE PREVARICATO A TRES MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

UBIC: www.lostiempos.com

Los jubilados afectados con el desfalco al FREP planifican protestas para la próxima semana. Los aportantes al ex Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP) formalizaron ayer su denuncia de prevaricato ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes fallaron a favor de la libertad provisional de Alfonso Peña Rueda, uno de los acusados del millonario desfalco al Focssap y al FREP. Los acusados son René Baldivieso, Willman Durán y Hugo de la Rocha. La representante del Comité Nacional de Defensa de los Aportantes al FREP, Shirley Botello, señaló que hasta el viernes arribarán a la sede de gobierno jubilados del todo el país para iniciar una huelga de hambre masiva y movilizaciones callejeras en contra del fallo. El abogado del sector, Ramiro Valdez, explicó que una vez presentada la denuncia, lo que corresponde es que la Comisión de Constitución investigue para establecer indicios de responsabilidad de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional por el delito de prevaricato para que luego se inicie el juicio. INCUMPLIMIENTO Mientras los jubilados se aprestan a iniciar acciones de protesta, la abogada del Pibe Peña, Rosario Canedo, señaló que el auto supremo dictado por el Tribunal Constitucional que declaró la libertad inmediata de Peña, hasta ayer no se ha cumplido. Pasaron seis días desde que los Tribunos dictaron el cuestionado fallo y la Sala Penal 1ª de la Corte de Distrito de La Paz ni la Sala Civil 1ª ordenaron la libertad de Alfonso Peña. Respecto al juicio de prevaricato interpuesto por los jubilados ente la Comisión de Constitución del Parlamento, Canedo aseguró que no es procedente y que por tanto se trata de una calumnia en contra de los miembros del supremo Tribunal. Las abogada de la parte civil, Valkhiria Lira, también dijo lo suyo. Explicó que el argumento de retardación de justicia utilizado para lograr la libertad de Peña no corresponde porque según la Ley de Fianza Juratoria, ese recurso únicamente corresponde cuando la retardación es atribuible a los juzgados o al menos al Ministerio Público. Por el contrario, dijo, fue Peña quien no asistió a las audiencias.

99/10/30

CONSEJO DE LA JUDICATURA INTENTARA RECUPERAR SUS FACULTADES PARA DESTITUIR A LOS JUECES

UBIC: www.la-razon.com

El Consejo de la Judicatura intentará recuperar su facultad de destituir a los jueces que incurran en hechos irregulares, borrada por el Tribunal Constitucional, a través de un fallo, se informó ayer. Con ese fin, se tiene previsto formular una Ley Interpretativa de la Constitución para aclarar el artículo que confunde la jurisdicción del Consejo a la hora de imponer sanciones contra los jueces que violan leyes y cometen actos de corrupción. "Esa sería una de las salidas a este problema", comentó ayer el consejero Luis Carlos Paravicini, a la conclusión de una reunión con el vicepresidente Jorge Quiroga; el presidente de Diputados, Hugo Carvajal; el ministro de Trabajo, Luis Vásquez; el presidente de la Suprema y el Consejo, Oscar Haussentaufel, y el también consejero Guido Chávez. En el encuentro, se trató precisamente el problema que generó el fallo del Tribunal que favorece al juez cochabambino, Tomas Molina, quien había sido destituido por el Consejo, aparentemente, sin previo proceso ni una sentencia ejecutoriada.

NOVIEMBRE

99/11/20

EL MINISTRO DE JUSTICIA, JUAN CHAHIN, EN VISITA OFICIAL A WASHINGTON SE REUNIO CON AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR PARA LOS CINCO PROXIMO AÑOS EL FINANCIAMIENTO DE 30 MILLONES DE DOLARES DIRIGIDO A LAS REFORMAS JUDICIALES

UBIC: www.eldiario.net

El ministro de Justicia, Juan Chahín, en su visita oficial de 4 días a Washington se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el objetivo de asegurar para los cinco próximo años el financiamiento de 30 millones de dólares dirigido a las reformas judiciales. Explicó que hay expectativa en autoridades norteamericanas por el avance en la modernización de las normas jurídicas para que la justicia sea pronta y transparente; además, la participación ciudadana en el proceso y respeto de derechos y garantías constitucionales. También se tomará en cuenta el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, oralidad e inmediación, justicia comunitaria y la aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal en el nuevo milenio. Dijo que las autoridades están convencidas de que las reformas son un verdadero modelo para muchos países y se avanzó positivamente, situación que permite que la inversión extranjera esté garantizada, así como de brindar seguridad jurídica a los bolivianos. El Banco Mundial garantizó un apoyo de 20 millones de dólares para las reformas judiciales, hecho que permitirá que el Poder Judicial trabaje con un financiamiento solvente en la ejecución de planes de capacitación, modernización, informática e infraestructura. Indicó también que consiguió 10 millones de dólares, de cuyo monto se destinará 3 millones en calidad de donación, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que se espera garantice la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal. "Estamos viviendo el momento más importante del cambio, y espero que este esfuerzo del gobierno, de la sociedad y de la cooperación internacional sirva para sentirnos orgullos de nuestra justicia", precisó el titular de Justicia.

DICIEMBRE

99/12/07

SI LA JUSTICIA NO MEJORA, PUEDE PERDER 33 MILLONES DE DOLARES DE AYUDA. EL BANCO MUNDIAL, USAID Y EL BID PROMETIERON FINANCIAR LAS REFORMAS JUDICIALES. LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ES EL MAYOR RETO

UBIC: www.la-razon.com

El ministro de Justicia, Juan Chahín, en su último viaje a Estados Unidos consiguió la cooperación de 33 millones de dólares para poner en marcha la segunda fase de las reformas judiciales; sin embargo, la autoridad indicó que si el Poder Judicial no cambia, ese financiamiento está en riesgo. El Banco Mundial se comprometió a financiar 20 millones de dólares, los que estarán destinados al denominado Proyecto de Reforma Judicial II, que consiste en el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Entre tanto, Usaid cooperará con 10 millones de dólares, los que estarán destinados única y exclusivamente a la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Por su lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ayudará con tres millones de dólares para el Proyecto de Acceso a la Justicia. EL RIESGO. El Ministro de Justicia dejó claro el riesgo que corre esa cooperación si es que no se superan algunas debilidades. Por ejemplo, dijo, hace falta reforzar y modernizar el Poder Judicial. Actualmente se están reuniendo las comisiones de trabajo y se espera que hasta el 8 de enero del 2000, fecha en que se reinician las actividades en el Congreso, todo esté listo para ser tratado y aprobado. Si aquello no ocurre, advirtió la autoridad, los fondos podrían ser desviados a otros rubros. Uno de los primeros pasos será lograr que el Consejo de la Judicatura cumpla con los propósitos de orden administrativo y disciplinario, que tienen que ver con una adecuada administración de la justicia, generando así seguridad jurídica que tanta falta hace hoy. Según Chahín, el Consejo no logró satisfacer las expectativas y confianza depositadas en esa institución. Además de mejorar la labor del Consejo, Chahín sostuvo que está previsto crear nuevos juzgados que permitan acelerar los trámites y procesos judiciales, y como algo urgente, figura la posibilidad de mejorar los sueldos de los jueces, es decir, una remuneración acorde a su difícil tarea de dictar sentencia. EL CODIGO. El desafío del gobierno en los próximos cinco años en el área de justicia, será implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal. Esa norma, por un lado, pondrá en vigencia los juicios orales y contradictorios y, por otro, habilitará a los ciudadanos, previamente capacitados, para que puedan dictar sentencia junto a dos jueces de profesión. El nuevo código también abre la posibilidad de la conciliación para evitar los juicios ordinarios. La etapa de implementación comprende la actualización y capacitación para jueces, fiscales, policías e incluso catedráticos de Derecho de las diferentes universidades del país. Chahín explicó que hasta mayo del próximo año se tiene previsto llevar adelante el descongestionamiento penal, que significará que las cortes puedan despachar los procesos que están pendientes por cualquier causa.