Presentación

El área de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) tiende puentes que permiten mejorar la relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Concibe su labor como: "hacer Derecho desde los procesos sociales antes que desde las normas".

En ese sentido, el área promueve la participación ciudadana buscando todas las posibilidades que las reglas del juego de la democracia permiten para fortalecerla, a partir de una relación constructiva que tienda a capitalizar los valores democráticos que ya están asentados.

Por ello, se desarrollan procesos de auditoría social, que procuran la existencia de un Estado abierto y transparente, incorporando a los ciudadanos en sus actividades y en los procesos de decisión, pero respetando el ejercicio independiente de la función pública y generando un flujo de información consistente y persistente hacia ellos y viceversa. De esta manera se procura establecer canales de comunicación y colaboración en términos de corresponsabilidad entre las partes involucradas con la finalidad de optimizar un servicio público y, sobre todo, darle legitimidad social.

A lo largo de su experiencia la CAJ ha contribuido a los procesos de reforma judicial en algunos países de la Región Andina y cada año en su Informe Anual dedica una sección a la situación de los Sistemas de Justicia en la Región Andina .

En los últimos años, la CAJ ha desarrollado investigaciones en materia de corrupción judicial. Uno de estos trabajos ha sido la publicación "Corrupción Judicial, Mecanismos de Control y Vigilancia Ciudadana", a partir del cual se desarrollan proyectos que permiten prevenir la corrupción, pero especialmente darle un contenido social al principio de independencia judicial desde de la participación ciudadana.

Asimismo, se desarrollan permanentemente investigaciones que permiten incursionar en el campo de la protección del medio ambiente, la descentralización y la gestión de gobierno entre otros.

Por otro lado, el área colabora con la elaboración de iniciativas legislativas en las que se desarrollan procesos de consulta abiertos y plurales para la elaboración de proyectos.

En resumen, el objetivo fundamental del área es la mejora y fortalecimiento de las instituciones públicas a partir de la participación ciudadana. Para ello, se han planteado como objetivos concretos los siguientes:

Promover e implementar los procesos de participación ciudadana y auditoria social en instituciones públicas en por lo menos tres países de la Región Andina. Promover el desarrollo de buenas prácticas en los sistemas de justicia, para mejorar tanto el acceso como la calidad del servicio y prevenir la corrupción. Mediante actividades de capacitación, difusión y asistencia técnica se contribuye a la correcta implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú.