Tania Arzapalo
Área de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas
Comisión Andina de Juristas (*)

Fuente: http://canf.org/

El índice más alto de trabajo infantil según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Región Andina se concentra en Bolivia(1) y Perú(2) las cifras alcanzan se estiman en un 21% y 19% respectivamente; mientras que Ecuador(3) tiene una cifra de 12%, Colombia(4) y Chile(5) tienen un porcentaje bastante menor de 5% y 3% respectivamente. El trabajo infantil, es definido por la Organización Internacional del Trabajo como “ el trabajo que priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico, mental, social o moralmente perjudicial e interfiere en la escolarización, obligando al menor abandonar la escuela y ser sometido a largas horas de trabajo pesado(6) ”. En las formas más extremas del trabajo infantil se incorporan prácticas como la esclavitud, la separación de sus familias y exposición a graves riesgos y enfermedades.

El trabajo de acuerdo a la concepción de los pueblos indígenas, es visto como una forma de obtener conocimientos a través de prácticas culturales, fortalecer la vida dentro de la comunidad de manera colectiva y lograr un beneficio familiar (7). Los niños son instruidos en actividades que les permitirá generar un rol dentro de su comunidad, muchas de ellas están relacionadas con la caza, pesca y agricultura. El trabajo infantil indígena esta referido al maltrato, abuso y exposición al peligro en el que se ven sometidos los niños indígenas por terceros ajenos a su comunidad, en muchas ocasiones esta actividad se realiza con conocimiento y autorización de los padres debido a las precarias condiciones económicas en la que se encuentran.

En Bolivia 118 mil niños de entre 7 y 13 años de edad son trabajadores, ello constituye el 8% de la población infantil, mientras que de los adolescentes de entre 14 y 17 años, el 28,2% (206 mil personas) trabaja habitualmente. En conjunto, el 10,2% de la población económicamente activa (PEA) de Bolivia está constituida por niños, niñas y adolescentes; la tercera parte de este porcentaje corresponde a niños y el resto a adolescentes(8).

En regiones como el Chaco Boliviano, Beni y Santa Cruz, se han evidenciado casos de explotación laboral infantil indígena. Por citar algunos, tenemos la grave situación a la que son sometidos los niños pertenecientes a la etnia Guaraní, pues son entregados a los dueños de las haciendas con la condición de que puedan estudiar; sin embargo las actividades que realizan sobrepasan su capacidad, perjudicando su asistencia a las escuelas y sin recibir ningún beneficio por el trabajo realizado(9). En Beni las familias indígenas trabajan en haciendas ganaderas y los niños son entregados a los hacendados en calidad de servidumbre de por vida(10). Los pueblos indígenas asentados en Santa Cruz desarrollan actividades agropecuarias y los niños trabajan como peones en las haciendas.

Las condiciones de pobreza también ha generado que los miembros de los pueblos indígenas migren a las ciudades; bajo esta situación los niños se dedican al trabajo informal, dedicándose al lavado de autos, lustrar zapatos, vender dulces, pan y masas típicas en los mercados o en las calles.

Las formas más graves de explotación, se dan en el trabajo en la zafra de la caña de azúcar. Los adolescentes y las mujeres, son llamados “cuartas” y son considerados como ayudantes en faenas más livianas, recibiendo la cuarta parte del salario de un adulto. En estos grupos también está incluidos niños menores de 12 años que acompañan a sus padres(11).

Bolivia es un Estado parte de los principales instrumentos internacionales relativos a la protección del niño(12), del trabajo infantil(13) y de los pueblos indígenas(14). También posee un amplio desarrollo legislativo en la materia, ha dispuesto como edad mínima para trabajar 14 años, las Defensorías y Direcciones Departamentales de trabajo tienen la responsabilidad de verificar que los adolescentes sean protegidos en sus trabajos y que no desempeñen actividades peligrosas, insalubres y que atenten a su dignidad(15). Y en su Ley General de Trabajo prohíbe el trabajo de menores de 14 años y el desarrollo de labores peligrosas, insalubres o pesadas; permite el trabajo de menores de 18 años sólo cuando se trate de labores relacionadas al servicio doméstico y enfermería(16).

La ratificación de éstos instrumentos internacionales y la adecuación normativa interna por parte del gobierno boliviano, además de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, para disminuir el trabajo infantil, que ofrece becas de estudio a las niñas y niños trabajadores para lograr que concluyan la escuela e identificar a sus familias y otorgarles bonos de alimentación y salud(17). Nos manifiesta una clara evidencia que existen intenciones por parte del gobierno actual de disminuir las cifras sobre trabajo infantil.

Sin embargo es necesario que se diseñen políticas públicas e implementen programas destinados a cuantificar la vulneración recaída en la población infantil indígena; generar un trabajo conjunto y coordinado entre las principales instituciones encargadas de la protección del niño; brindar a los niños indígenas mejores condiciones para su desarrollo e incorporarlos al sistema educativo.

La disminución de las condiciones de desigualdad, pobreza, difícil acceso a la educación y bajo nivel remunerativo son parte de las aristas del trabajo infantil; si éstas no son cambiadas las condiciones de explotación laboral en los niños y niñas indígenas perdurarán.