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  • Simpatizantes del Presidente Hugo Chávez asedian los locales del diario "El Nacional" (7/01/2002)

  • Bloque de Prensa Venezolano acudirá a instancias internacionales ante los hechos ocurridos en el diario "El Nacional" (9/01/2002)

  • Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, rechazó manifestación frente a "El Nacional" (9/01/2002)

  • Presidente Chávez da su versión sobre los sucesos en el diario "El Nacional" (10/01/2002)

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para periodistas del diario "El Nacional" (12/01/2002)

  • El agente del Estado Venezolano, Jorge Dugarte, presentó informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares a favor del diario "El Nacional" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (19/01/2002)

  • Denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atropellos a reporteros de "Globovisión" (22/01/002)

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas a favor del diario "El Universal" (25/01/2002)

  • Gobierno garantiza cumplimiento de medidas cautelares a favor del diario "El Universal" (26/01/2002)

  • Se da a conocer versión del proyecto de Ley de Contenidos (26/01/2002)

  • Guardia Nacional solicitó a la Fiscalía abrir averiguación contra la periodista Ibéyise Pacheco, directora de "Así es la Noticia" (27/01/2002)

  • Willian Lara, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró la necesidad de que los dueños de los medios de comunicación cuenten con un Código de Ética (29/01/2002)

  • Presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy Benshimol, rechaza Ley de Contenidos (30/01/2002)

  • Parlamentarios presentaron Proyecto de Ley de Radiotelevisión (31/01/2002)

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para "Globovisión" y "Radio Caracas Televisión" (31/01/2002)

  • Un artefacto explosivo estalló en las puertas del diario "Así es la Noticia" (1/02/2002)

  • Piden a la Fiscalía investigar atentado a "Así es la Noticia" (5/02/2002)

  • Santiago Cantón, Relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, visita Venezuela (6/02/2002)

  • Relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Cantón, instó a derogar 'leyes de desacato' (7/02/2002)

  • Militares se manifiestan en contra de la forma de gobernar del Presidente Hugo Chávez y le exigen su renuncia (7/02/2002)

  • Un grupo de parlamentarios solicitó nulidad del artículo 209° de la Ley de Telecomunicaciones, que autoriza la suspensión de transmisión de determinadas comunicaciones (8/02/2002)

  • Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores medidas de protección para periodistas (15/02/2002)

  • Relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos dio a conocer informe preliminar sobre su visita a Venezuela (16/02/2002)

  • Otro militar exige renuncia del Presidente Hugo Chávez (18/02/2002)

  • El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, afirmó que la libertad de expresión en el ámbito castrense sí tiene limitaciones (21/02/2002)

  • El fiscal general, Isaías Rodríguez, hizo un llamado a interpretar las normas constitucionales relacionadas con la libertad de expresión de los militares (22/02/2002)

  • Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia que Venezuela viola seis principios de la Declaración de Chapultepec (23/02/2002)

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta medidas cautelares a favor de "Venevisión" (1/03/2002)

  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a los editores de los principales medios de comunicación venezolanos para conocer la presunta agresión hacia los periodistas y la situación de la libertad de expresión en Venezuela (9/03/2002)

  • El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, rechazó las acusaciones en torno a la utilización de un comunicado emitido por la agencias de noticias del Estado (Venpres), para atacar a profesionales de la comunicación calificándolos de "narcoperiodistas" (15/03/2002)

  • Editores venezolanos denunciaron que el Presidente Hugo Chávez lleva a cabo una activa campaña contra los medios de comunicación (19/03/2002)

  • Las periodistas, Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo, directoras de los diarios "Así es la Noticia" y "El Nuevo País", denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Hugo Chávez por haber autorizado el inicio de una campaña de agresiones físicas en su contra. Asimismo, las periodistas viajaron a Washington para solicitar a la OEA medidas cautelares (20/03/2002)

  • Sociedad Interamericana de Prensa condenó las violaciones al derecho de libertad de expresión y de prensa en Venezuela, atribuidas a los desafueros del Presidente Hugo Chávez, contra los dueños de medios, editores y periodistas, y a la respuesta condescendiente que los poderes públicos han dado a esta situación (20/03/2002)

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de las periodistas Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo, Marianella Salazar y Marta Colomina (23/03/2002)

Desarrollo de las noticias:

Veinticuatro horas después de que el Presidente Hugo Chávez criticara al diario "El Nacional", éste fue asediado por partidarios del Gobierno. Según informaciones recogidas por Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos un centenar de simpatizantes del presidente Chávez asediaron, durante varias horas, los locales del diario, cantaron slogans contra el periódico y acribillaron su fachada con diversos proyectiles. Durante ese tiempo, se impidió a los periodistas abandonar los locales del diario. Fue necesario un despliegue de la policía antidisturbios para dispersar a los activistas, que se reclamaban como parte de un "círculo bolivariano", organización popular favorable a Hugo Chávez. El día anterior, el presidente de la República había denunciado con dureza la línea editorial del diario por considerar que publicaba mentiras sobre la política de su gobierno.

El Bloque de Prensa Venezolano repudió los hechos ocurridos en la sede del diario El Nacional y los calificó de fascistas. Anunció que acudirá ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para denunciar esta situación.

El Bloque de Prensa también se dirigirá al presidente de la Organización de Estados Americanos, a la Sociedad Interamericana de Prensa y a otros organismos.

Fuente: Globovisión

"Para manifestar hay ciertas normas que hay que respetar y tienen que respetarlas tanto los que están en el Gobierno como los que están en la oposición", así lo declaró el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, a propósito de la manifestación en las puertas del diario El Nacional.

Rangel señaló que "es necesario pedir un permiso, cualquiera que sea la manifestación y la misma debe desarrollarse pacíficamente sin ofender ni agredir a nadie y sin el tránsito". Asimismo, calificó la protesta realizada en las afueras de El Nacional como "una acción negativa desde todo punto de vista".

Para el presidente Hugo Chávez lo sucedido en el diario El Nacional fue una "manifestación pacífica" que salió del pueblo que está siendo provocado. Señaló que ha ordenado varias investigaciones y, de todas ellas, concluye que la intención de los manifestantes "era pedir un derecho a réplica". El presidente venezolano insiste en la presencia de un "terrorismo mediático" y afirmó que de ninguna manera el Estado instigó la manifestación ocurrida a las puertas del periódico.

Fuente: Globovisión

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar 'las medidas necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión, salvaguardando el derecho de acceso a la información de la sociedad en su conjunto'. Así lo hizo después de acordar 'medidas cautelares para preservar los derechos a la integridad personal y libertad de expresión', previstos en los artículos 3 y 5 de la Convención Americana, de obligatorio cumplimiento para Venezuela.

El agente del Estado ante la CIDH tendrá 7 días para informar acerca de las medidas adoptadas, las cuales deberán tener una vigencia de seis meses, según comunicación firmada por Santiago Cantón, secretario del organismo.

La decisión fue tomada luego de tramitar una solicitud efectuada por el editor Miguel Henrique Otero, los periodistas, directivos y demás trabajadores que laboran en el diario "El Nacional", quienes requirieron a la CIDH que adoptara medidas cautelares. A raíz de las manifestaciones que ocurrieron el 7 de enero frente a ese medio de comunicación impreso, los referidos consideraron pertinente requerir al ente supranacional de la OEA que garantizara la protección de los derechos a la integridad personal y libre expresión.

Fuente: El Universal

El Estado venezolano presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acciones que ha tomado para dar cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por el órgano de la OEA luego de la manifestación que se presentara a las puertas del diario El Nacional el pasado 7 de enero. Entre las medidas que se tomaron destaca un oficio enviado al Ministerio de Interior y Justicia donde se solicita concretar la protección al diario El Nacional.

En el último día del plazo que otorga la CIDH el agente del Estado, Jorge Dugarte, acompañado del embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, aseguró en Washington ante la Comisión que se cumplieron las medidas cautelares que requirió la CIDH.

Fuente: El Universal

Alberto Federico Ravel, director del canal de noticias Globovisión, aseguró que "en las próximas horas llevará el caso de la agresión sufrida por periodistas de Globovisión a la Fiscalía General de la República, Contraloría, al Colegio Nacional de Periodistas y a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA". Considera que el incidente que ocurrió mientras los periodistas daban cobertura a las palabras ofrecidas por Chávez durante la grabación de su programa dominical Aló, Presidente, "es muy grave. Si no hubiese sido por la intervención de la Casa Militar hubieran linchado a los trabajadores".

La preocupación de Ravel no se limita a las personas que integran su equipo, sino se extiende a otros trabajadores de los medios de comunicación que también se encuentran expuestos a ser víctimas de estas agresiones verbales y físicas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó solicitar al Gobierno de Venezuela la adopción de medidas cautelares para proteger el derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión en favor del diario El Universal.

La decisión del organismo interamericano se fundamenta en los argumentos y pruebas suficientes de agresiones y amenazas proferidas por el presidente Hugo Chávez en contra del diario, su editor y periodistas. El abogado Asdrúbal Aguiar, quien actuó en representación del periódico, precisó que la Comisión fijó un plazo de quince días contados a partir del 24 de enero, fecha de la comunicación, para que el Gobierno de Venezuela informe acerca de las medidas adoptadas, las cuales deberán acordarse en consulta con los interesados y tendrán una vigencia de seis meses.

Transcurrido dicho término y oídas las observaciones de las partes, la Comisión Interamericana de DDHH decidirá si es procedente prolongar las medidas o levantarlas.

Fuente: El Universal

El canciller Luis Alfonso Dávila garantizó que se procederá de inmediato a cumplir las últimas medidas cautelares dictadas por la CIDH en beneficio del editor del diario El Universal, Andrés Mata. Dávila señaló que "esas medidas cautelares la cumpliremos no en el plazo de 15 días que nos dio la CIDH (...) sino que las hemos cumplido durante los tres años de Gobierno que ha ejercido el presidente Hugo Chávez (...). En cuanto a la protección y seguridad personal que debe dársele a Mata, en caso de que éste así lo requiera, Dávila indicó que "en los mismos términos en que se ha hecho siempre, el Ministerio del Interior y Justicia recibirá instrucciones de parte de agente del Estado, para que una vez que el señor Andrés Mata requiera de esa protección se le suministre".

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) culminó la redacción del proyecto de ley sobre la actividad de los medios de comunicación, en el cual se desarrolla el derecho a réplica y rectificación a televidentes y radioescuchas por informaciones inexactas o agraviantes que afecten directamente sus derechos.

También establece que los contenidos de los programas de radio y televisión deberán ser variados y estar estructurados según edades, géneros, intereses de la audiencia y horario de transmisión. Asimismo, tendrán que contribuir a fortalecer la identidad nacional, así como los valores de la tradición popular, afianzar la unidad del país, promover la participación responsable de la colectividad en el logro de objetivos locales y alcanzar lazos de amistad y cooperación internacional.

En la difusión de contenidos deberá usarse correctamente el lenguaje, evitar la corrupción de éste por la inclusión excesiva de modismos populares, empleo de vocablos impropios o pronunciación o escritura incorrecta de las palabras.

El proyecto norma el contenido de la programación y su lenguaje. Clasifica los elementos sexuales educativos y su influencia en la formación integral de niños y adolescentes. Prohíbe no sólo situaciones explícitas sino también las sugeridas. También enfoca el problema de género. Considera inadecuadas, entre otras, las alusiones negativas o degradantes sobre el papel y naturaleza de las mujeres, hombres o niños en la sociedad, y la formación de estereotipos sobre el papel del sexo en relación con desigualdad intelectual y emocional.

El general Francisco Belisario Landis, comandante de la Guardia Nacional, informó que el Alto Mando, a petición del consejo de generales de la Guardia Nacional, solicitó ante la Fiscalía General de la República una averiguación penal contra la periodista Ibéyise Pacheco, directora de Así es la Noticia. El general Belisario afirmó que es falsa la versión de la periodista sobre una supuesta crítica e insubordinación a sus órdenes, y la conminó a ser más ética y objetiva. "Aquí no hay insubordinación ni indisciplina, no puede haberla, debemos unirnos y abrazarnos en defensa de la institución. Solicitamos la averiguación penal e iremos hasta los confines de lo imposible. Vamos todos unidos contra cualquier ofensa o infamia", manifestó.

Aclaró que no están acusando a la periodista Pacheco, sino solicitando ante el Ministerio Público una averiguación penal para que ella presente las pruebas de esa supuesta protección que da la Guardia Nacional a los delincuentes en las manifestaciones públicas.

"Este no es un caso aislado", señaló Ibéyise Pacheco, directora de Así es la Noticia, al ser consultada sobre la demanda presentada por el Alto Mando Militar ante la Fiscalía General de la República. Para ella, "no hay fundamento jurídico en esa denuncia, sólo se trata de un amedrentamiento que hace la cúpula corrupta del sector militar para resolver un problema político. El presidente Hugo Chávez dio instrucciones para que me silencien", resumió la periodista.

Las declaraciones del comandante general de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis, no le sorprenden. "Ya me habían alertado. Las cúpulas corruptas estaban buscando la forma de acosarme para, en realidad, atemorizar a mis fuentes de información, advertirles que las están siguiendo, pues el Presidente sabe que su imagen está debilitada y quiere hacerme callar", insistió la directora que ha venido denunciando presuntos actos de corrupción en los que están involucrados varios jefes del Plan Bolívar, sin que hasta el momento se le haya abierto averiguación penal alguna.

El presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, presidió la reunión que protagonizaron los principales representantes de los poderes públicos. En esta ocasión, relató el diputado, los máximos representantes de los poderes coincidieron en la necesidad de que los dueños de los medios de comunicación social suscriban su Código de Ética. "En esta reunión de trabajo (...) se exteriorizó una clara coincidencia entre los distintos representantes de los órganos del Poder Público en torno a la necesidad de que se rescate como valor central de la línea editorial e informativa de los medios de comunicación social la ética y el compromiso con la verdad. En el marco de lo que ha sido una exhortación reiterada del Parlamento a los propietarios de medios de comunicación social, que se auto instituyan de manera libre, autónoma, independiente, como lo hicimos en nuestro momento los periodistas, un Código de Ética y que lo den a conocer a toda la población para que los lectores, televidentes, radioescuchas e internautas sepan con precisión cuál es la conducta institucional que se debe esperar de cada medio cuando trata un hecho noticioso". Rechazó Lara que se esté pidiendo a los medios que se autocensuren o autoregulen, simplemente se les solicita claridad en los planteamientos deontológicos que mueven a una determinada planta, emisora o periódico.


El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Levy Benshimol reiteró su rechazo al anteproyecto de la Ley de Contenidos que pretenden llevar a la Asamblea Nacional, porque a su juicio éste "atenta y contradice lo que establece la Constitución". Cree que lo que se está haciendo con esta Ley de Contenidos es "una antesala, una bola de humo, para comenzar a hablar de una Ley de Prensa".

También rechaza la propuesta de realizar un nuevo Código de Ética de la actividad periodística, realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Dice que el código de ética no se impone sino que nace de las personas que trabajan en una misma empresa.

Considera esto como una nueva amenaza. "Lo que están pensando es que si no se hace el código de ética nos hacen una Ley de Prensa, que lamentablemente no está prevista en esta Constitución por ser una Ley Censura y Mordaza".

Fuente: Globovisión

Un grupo de parlamentarios presentaron ante la directiva de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Radiotelevisión. El diputado Pastor Heydra explicó que el proyecto recoge "la vieja querencia de los sectores intelectuales del país de que la radio y la televisión de la nación estén al servicio público y no sólo atendiendo las necesidades del sector privado y del gubernamental". El anteproyecto propone la creación de un ente plural (Comisión Nacional de Radio y Televisión), integrado por todos los sectores de la sociedad civil que tienen injerencia en la materia. Esa Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conart) tendría un Consejo Consultivo conformado por miembros de la Presidencia de la República, del Tribunal Supremo de Justicia, los ministerios de Educación, de Interior y Justicia, de Infraestructura, Defensa, del Consejo Nacional del Derecho de los Niños y el Adolescente y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, de las Asociaciones de Usuarios de Servicios Radioeléctricos, de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Bloques de Prensa, la Cámara de la Industria de la Radio y la TV, Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación y los colegios nacionales de Psicólogos, Psiquiatras, Sociólogos y Periodistas. Se propone igualmente que esta instancia asuma el control de Radio Nacional de Venezuela (RNV), Venezolana de Televisión (VTV-Canal 8), la Oficina Central de Información (OCI) y demás entes comunicacionales que hoy maneja el Ministerio de la Secretaría, de manera que dejen de ser órganos del Gobierno para convertirse en prestadores de servicio público.

Fuente: El Universal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno venezolano adoptar las medidas cautelares correspondientes para preservar los derechos a la integridad personal y a la libertad de expresión de los periodistas de Globovisión y Radio Caracas Televisión. Solicita la Comisión que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los periodistas Mayela León Rodríguez, Jorge Manuel Paz y María Fernanda Flores (Globovisión) y Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras Alvarado, Armando Amaya y Eduardo Sapene Granier (Radio Caracas Televisión).

También piden la protección requerida por los representantes de estas plantas televisivas a fin de resguardar "la seguridad de los periodistas, bienes e instalaciones de dichos medios de comunicación".

De igual modo requieren al Gobierno "abstenerse de realizar toda acción que pudiera tener un efecto intimidatorio sobre el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores que laboran en los medios de comunicación Globovisión y Radio Caracas Televisión".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita que se realice una investigación "exhaustiva" de los hechos ocurridos el día 20 de enero, cuando periodistas de estos medios y sus equipos técnicos fueron agredidos al realizar la cobertura de las actividades presidenciales. La Comisión fijó un plazo de 15 días para que el gobierno le informe sobre las medidas adoptadas "las cuales deberán acordarse en consulta con los interesados y tendrán una vigencia de seis meses".

Fuente: Globovisión

Un artefacto explosivo estalló en las puertas del diario "Así es la Noticia" causando daños a las instalaciones. Esto ocurre luego que su directora, Ibéyise Pacheco, junto a otras tres periodistas revelaran a través de un video contactos entre la Fuerza Armada Nacional y la guerrilla colombiana.

Fuente: Globovisión

La directora de Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco, acompañada del directivo de la C.A. Editora El Nacional, José Ramón Medina, solicitó al fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes por la explosión de un artefacto que fue lanzado a las puertas del diario, precisamente un día después de que Pacheco participara en la denuncia sobre vinculaciones de la Fuerza Armada Nacional con la guerrilla colombiana.

La periodista aprovechó su visita al Ministerio Público para solicitar detalles de la investigación promovida por el comandante de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis, sobre la actuación de los militares durante recientes manifestaciones públicas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Según Ibéyise Pacheco, no hay dudas de que tanto el atentado contra Así es la Noticia como las constantes descalificaciones de las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la gestión de autoridades del oficialismo, tienen la intención de amedrentar a la prensa.

El relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, aclaró que su visita no sólo es para evaluar la situación de la libertad de expresión en el país, sino también para preparar la próxima visita de la CIDH a Caracas. En su apretada agenda, Cantón tiene previsto reunirse con el mandatario nacional, el ministro de Relaciones Interiores, el Fiscal General de la República, los representantes de los medios de comunicación, y con organismos de la sociedad civil.

Santiago Cantón recordó que existe un informe de la Relatoría (emitido en el año 1998), que recomendó al Estado venezolano la eliminación de las leyes de desacato. Aunque indicó que el asunto no fue tratado, aseguró que 'preocupa a la Relatoría que se deroguen estas leyes, mejores conocidas en otros países como aquellas que imponen sanciones criminales contra periodistas, como las que penalizan expresiones contra funcionarios públicos'. Dicha preocupación fue atribuida al hecho de que 'uno de los principios de la democracia es, precisamente, que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mucho mayor por parte de la sociedad y sus miembros'. 'Por lo tanto, si hay leyes que penalizan ese escrutinio, se está debilitando de alguna manera el funcionamiento del sistema democrático', acotó.

Fuente: El Universal

  • Militares se manifiestan en contra de la forma de gobernar del Presidente Hugo Chávez y le exigen su renuncia (7/02/2002)

    • El 7 de febrero, el coronel de la aviación Pedro Vicente Soto Fuentes irrumpió en un acto sobre la libertad de expresión, organizado por el diario "El Nacional" y expuso sus ideas en contra del gobierno de Hugo Chávez. El coronel Soto exigió al Presidente su renuncia y aseguró a la concurrencia que hablaba en nombre del 75% de los militares venezolanos. Además, descartó reiteradamente alguna aspiración política. Asimismo, otro oficial de la Fuerza Armada se manifestó públicamente en contra del Presidente Chávez. El capitán Pedro José Flores decidió apoyar al coronel Pedro Soto en su protesta contra el actual gobierno y pedir la renuncia del Presidente Hugo Chávez.

    Fuente: Globovisión

    Un grupo de parlamentarios acudió al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 209 de la ley de Telecomunicaciones.

    Los diputados solicitantes exponen que el referido artículo establece que: "hasta tanto se dicte la ley correspondiente, el Ejecutivo Nacional podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

    El diputado Pastor Heydra explicó que de esta manera se pondría en riesgo la libertad de expresión pues el órgano legislativo no determinó con precisión cuáles serían esos intereses nacionales o razones de seguridad que pudieran justificar la intervención o suspensión por parte del Ejecutivo Nacional de las transmisiones de las telecomunicaciones; "lo cual implicaría que el Presidente de la República cuando considerara que una comunicación o mensaje le es adverso, pudiera ordenar la suspensión de la transmisión de éste con el simple hecho de señalarlo como contrario al interés nacional o a la seguridad, coartando así la libertad de expresión o comunicación".

    Agregó que también están solicitando una medida cautelar "que implica que hasta tanto el Tribunal dicte sanción sobre el fondo de la materia, el Ejecutivo no pueda aplicar transitoriamente ese artículo".

    Fuente: Globovisión

    El Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, anunció que solicitó al ministerio de Relaciones Exteriores que tome las medidas pertinentes para resguardar la seguridad de los periodistas que cubren la fuente oficial.

    La medida responde a la solicitud de Globovisión de que se ampare al personal de calle y se les permita ejercer su trabajo con seguridad.

    Sin embargo, Mundaraín estima que los profesionales de la comuncación han contribuido a enturbiar el ambiente y señala que de ambas partes han observado agresiones. "Vemos con preocupación cuando a un periodista se le agrede, pero también vemos con preocupación cuando un periodista de forma inapropiada utiliza términos que no permiten la convivencia".

    Fuente: Globovisión


    El Relator de la OEA para la libertad de expresión, Santiago Cantón, manifestó su preocupación por 'la gran cantidad de cadenas nacionales oficiales' que 'impone' el gobierno del presidente Hugo Chávez en los medios de comunicación de Venezuela.

    Desde su punto de vista, recogido en un informe preliminar, 'las cadenas nacionales obligan a los medios a cancelar su programación habitual, para transmitir información impuesta por el Gobierno'. La referida es apenas una de las ideas que el abogado incluirá en su informe general, sobre la visita que hizo a Venezuela del 5 al 8 de febrero. Dicho informe será consignado durante el 114 período ordinario de sesiones que celebrará la CIDH en Washington.

    Cantón cuestionó, acto seguido, 'la existencia de un 90 por ciento de jueces provisionales que no gozan de estabilidad y pueden ser removidos, hecho que atenta contra la libertad de expresión'. Según acotó, 'el ejercicio amplio de la libertad de expresión requiere la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial'. Cantón también reiteró por escrito que las expresiones de altos funcionarios contra los medios y periodistas 'podrían conducir a actos intimidatorios o a la autocensura, en perjuicio del pleno ejercicio de la libertad de expresión'.

    Cantón condenó, igualmente, la aplicación de leyes que penalizan la expresión (Código Penal), y la existencia del artículo 58 de la Constitución, que condiciona la información a que sea 'veraz'.

    En este sentido recordó que recibió denuncias sobre acciones legales y administrativas en contra de los canales Globovisión, Vale TV y el semanario La Razón, que podrían afectar el derecho a la información del pueblo venezolano y el derecho a la libertad de expresión. Santiago Cantón destacó, por otra parte, que la libertad de expresión 'cumple un rol esencial en el control de la gestión gubernamental, ya que expone los abusos de poder, así como las infracciones a la ley cometidas en perjuicio de los ciudadanos'. Por eso recomendó al Estado 'buscar mecanismos que faciliten el mejoramiento de la situación de la libertad de expresión en Venezuela'.

    Fuente: El Universal


    El contralmirante Carlos Molina Tamayo, ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación, se unió al grupo de oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional que exigen públicamente la dimisión del Presidente Hugo Chávez. El alto oficial señaló que su actuación se ajusta al derecho consagrado en la Constitución, que permite a todos los venezolanos -militares incluidos- la libre expresión de sus ideas. Molina Tamayo protestó por la "actitud complaciente" de los representantes de todos los poderes, y expresó su oposición a lo que calificó de conductas anticonstitucionales del Presidente y su régimen, al querer controlar a los demás sectores de la sociedad y del Estado. Asimismo, rechazó la reiterada acción del Presidente Chávez para debilitar la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional, mermando su moral al tratar de ponerla al servicio de su partido e intereses políticos.


    El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, afirmó que la libertad de expresión, en el caso estrictamente castrense, tiene limitaciones impuestas por la Constitución de 1999. Rangel citó el artículo 57 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, y dijo que quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por lo expresado. Ésta, precisó, se asume ante la ley y los organismos jurisdiccionales competentes. El ministro también se remitió a la norma 58 de la Carta Magna, que señala que la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Recordó que la ley para la institución armada es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), el Código de Justicia Militar y sus respectivos reglamentos


    El fiscal general, Isaías Rodríguez, recomendó interpretar la Constitución y los reglamentos 'de forma conjunta y no aislada', para encontrar la respuesta sobre si los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) pueden o no emitir opiniones políticas. Como ex redactor del texto fundamental vigente afirmó que la clave de las dudas sobre 'la deliberancia' está en los artículos 57°, 328° y 330° y en las leyes y reglamentos militares. Tal y como explicó, 'el primero se refiere a la libertad de expresión; el segundo a la obediencia, la subordinación y la disciplina a la que están sujetos los militares; y el tercero impide hacer proselitismo político y prohíbe, por tanto, la deliberancia'. Para el titular del Ministerio Público, la interpretación 'uniforme' de las normas y los derechos citados corresponderá, en su oportunidad, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; e indicó que la solicitud formal 'podría ser efectuada por el Ministerio Público'.

    Fuente: El Universal


    Venezuela está violando actualmente al menos seis de los diez principios de libertad de prensa y de expresión consagrados en la Declaración de Chapultepec. A esa conclusión llegó la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al culminar su visita oficial al país. De acuerdo con el veredicto presentado por Rafael Molina, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la SIP, el país cumple total o parcialmente con los principios 1, 3, 6 y 7, pero incumple los preceptos 2, 4, 5, 8, 9 y 10 de la declaración hemisférica. "El 2 no se cumple por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1013), que establece restricciones al derecho de la información usando el concepto de la información veraz. El 4 tampoco, por los actos de violencia que han pretendido coartar la libertad de prensa. Se irrespeta el 5 porque la Constitución permite la censura previa y hay restricciones al libre acceso de la información previstas en el Código Penal, la Ley de Menores, la Ley del Sufragio y la Ley del Ejercicio del Periodismo", declaró Molina. Además, continuó, la colegiación obligatoria viola el 8. El Código de Ética y el Tribunal de Honor, ordenados por ley, contrarían el principio 9. Y no se cumple el 10 por las leyes de desacato (vilipendio).


    Con el propósito de brindar protección a periodistas y trabajadores de Venevisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó un plazo de siete días al Gobierno de Venezuela para que adopte las medidas de seguridad necesarias que permitan las condiciones necesarias para el trabajo, y a la vez garanticen la libertad de expresión. En una misiva enviada por el relator de la OEA, Santiago Cantón, al Ejecutivo se expone que la solicitud de medidas cautelares a favor de Venevisión fue motivada por las agresiones de que fueron objeto los trabajadores de dicha planta Mauro Acosta Padrón, Randolfo Blanco y Laorwins José Rodríguez. Estas medidas tienen por objeto preservar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de expresión, previstos en los artículos 4, 5 y 13 de la Convención Americana. En la misiva se exige además que la más alta instancia del Gobierno "efectúe una condena categórica a las agresiones de las que han venido siendo objeto los trabajadores de la comunicación social". La Comisión Interamericana fijo un plazo de siete días, para que el Ejecutivo informe acerca de las medidas adoptadas, las cuales deben tener vigencia de seis meses.


    Por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno recibió a los editores de los principales medios de comunicación venezolanos para conocer de primera mano la presunta agresión hacia los periodistas y la libertad de expresión. La delegación estuvo integrada por Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional; Andrés Mata, director de El Universal; Gustavo Cisneros, Carlos Bardasano y Marcel Granier, presidentes del Grupo Cisneros, Venevisión Continental y de Radio Caracas Televisión, respectivamente; David Natera, presidente del Bloque de Prensa Venezolano y director del Correo del Caroní; y Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. También les acompañaron los abogados especialistas en el sistema interamericano de derechos humanos, Carlos Ayala Corao, Pedro Nikken y Asdrúbal Aguiar, así como Elías Santana, de la asociación civil Queremos Elegir. El vocero del encuentro, David Natera, señaló que la Comisión Interamericana recibió a los empresarios con "mucha receptividad y gran preocupación por salvaguardar la democracia venezolana, la libertad de expresión y los derechos humanos". Natera denunció ante los magistrados la negligencia del Gobierno venezolano ya que no ha cumplido con las medidas cautelares emitidas a favor de los medios de comunicación y de los periodistas. Añadió que la administración de Hugo Chávez "no representa una democracia, sino más bien un régimen totalitario que trata de afincarse cada vez más en la mediatización de las voluntades y de la libertad de expresión".


    El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, rechazó las acusaciones en torno a la utilización de un comunicado emitido por la agencias de noticias del Estado (Venpres), para atacar a profesionales de la comunicación a quienes califica de "narcoperiodistas". Rangel instó a los periodistas afectados, entre ellos José Domingo Blanco, Patricia Poleo e Ibéyice Pacheco, a presentar las denuncias correspondientes y de haber un "responsable del gobierno en algún tipo de acciones contra algún periodista sería muy importante aclararlo". Acotó que las sanciones no sólo serían en el orden jurisdiccional sino que, en caso de resultar involucrado algún personero gubernamental, "será inmediatamente destituido". Destacó el ministro que lo más importante es que los comunicadores acusados de mantener relaciones con el narcotráfico, hagan sus respectivas denuncias ante el Ministerio Público.


    En una ponencia presentada ante la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, los editores venezolanos denunciaron que Chávez lleva a cabo una activa campaña contra los medios de prensa que dijeron, "compromete seriamente la vigencia de la democracia y del estado de Derecho de nuestro país". La presentación de los venezolanos fue acompañada de un documental donde aparece el Presidente Hugo Chávez arengando contra algunos medios de comunicación y periodistas. Se muestran además varias situaciones donde periodistas y camarógrafos son amenazados y agredidos mientras cubren manifestaciones por las personas que protestan. Se denunció también que la agencia oficial Venpres se refirió a los periodistas criticados por el presidente Chávez como "narco-periodistas".

    Fuente: Globovisión


    Las periodistas Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo, directoras de los diarios "Así es la Noticia" y "El Nuevo País", denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Hugo Chávez por haber autorizado el inicio de una campaña de agresiones físicas contra ellas "que tiene por objeto intimidarnos para que dejemos de denunciar las irregularidades y corruptelas que está cometiendo esta administración".
    Poleo sostuvo que altos funcionarios del Gobierno les han advertido que el ministro del Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín las incluyó en una lista que identifica a los principales enemigos del proceso bolivariano. "Se trata de unas 100 personas, tanto civiles como militares antichavistas, que van a ser objeto de campañas sucias de descrédito tanto profesional como personal, hasta con videos de relaciones personales, relaciones íntimas y problemas de drogas también; así como campañas de amedrentamiento, hostigamiento judicial y hasta agresiones físicas", denunció.
    Las periodistas venezolanas, afirmando que ante sus denuncias de corrupción el gobierno de su país ha respondido acusándolas de narcotraficantes, pidieron la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


    El presidente Hugo Chávez fue blanco permanente de las denuncias de editores y directores de medios de comunicación venezolanos en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en República Dominicana. La acogida que dieron a la representación local los cerca de 300 editores del continente se tradujo en el informe final de la asamblea, en el cual Venezuela ocupa casi la cuarta parte de las páginas y en el que se exhorta a las autoridades del país a dar cumplimiento a los principios de la Declaración de Chapultepec y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
    Las conclusiones del encuentro condenan las violaciones al derecho de libertad de expresión y de prensa, atribuidas en primer lugar a los desafueros del Presidente de la República contra los dueños de medios, editores y periodistas, y luego a la condescendiente respuesta que los poderes públicos han dado a esta situación.
    El documento, aprobado por la asamblea en pleno, dice que Hugo Chávez pasó de la etapa de los ataques verbales e incitaciones a las turbas contra los medios de comunicación del país, a las agresiones físicas contra camarógrafos y reporteros en las calles de Caracas.
    La SIP condena además la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, y la pretensión gubernamental de aprobar la ley de contenidos y la ley de prensa.


    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos exigió al Gobierno venezolano que brinde protección a Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo, Marta Colomina y Marianella Salazar. Mediante una carta suscrita por Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la instancia, la Comisión Interamericana hace cuatro peticiones concretas a las autoridades estatales. La primera, otorgar protección para resguardar el derecho a la vida y a la integridad física de las cuatro periodistas, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, llevar a cabo una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en la sede de "Así es la Noticia", en relación con la explosión de un artefacto en la puerta del rotativo del que Pacheco es directora. Esta medida también demanda que se realicen todas las averiguaciones pertinentes para hallar a los responsables de las amenazas recibidas en las semanas recientes por las comunicadoras sociales, especialmente luego de que exhibieran un vídeo en el que se muestra la presunta vinculación de miembros de la Fuerza Armada Nacional y la guerrilla colombiana. La decisión también exige adoptar "las medidas que sean necesarias para proteger el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los reporteros, conforme con el artículo 13 de la Convención". Por último, la instancia de la OEA conmina a las autoridades a "abstenerse de realizar toda acción que pudiera tener un efecto intimidatorio" sobre las cuatro periodistas.

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