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  • Panelista del programa "El Termómetro", Eduardo Yáñez, fue citado para resolver su situación en el marco de un proceso penal que se le sigue por desacato e injurias a la Corte Suprema (15/01/2002)

  • Panelista del programa "El Termómetro", Eduardo Yáñez, fue invitado a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (9/02/2002)

  • Foro Chileno por la Libertad de expresión solicitó al gobierno que se de prioridad a iniciativas a favor de la libertad de expresion (4/05/2002)

  • Gobierno y miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados concordaron resolver a la brevedad los vacíos que tiene la Ley de Prensa (6/05/2002)

Desarrollo de las noticias:

Las opiniones proferidas contra el Poder Judicial por Eduardo Yañez, como panelista del programa de Chilevisión "El Termómetro", dieron lugar a que el presidente de la Corte Suprema, en representación del Poder Judicial, entablara contra Yañez una acción penal por el delito de desacato tipificado en el artículo 263 del Código Penal, que sanciona las injurias a las máximas instituciones del Estado, como el Presidente de la República, los cuerpos legisladores y los tribunales superiores de justicia. Las modificaciones introducidas por la Ley de Prensa en el 2001 dejaron vigentes los referidos artículos del Código Penal. El inculpado, Eduardo Yáñez, usó duros términos para criticar al Poder Judicial por la errada condena a Eva Sánchez, acusada de haber asesinado a su hijo de un año y medio. Actualmente, Yañez se encuentra con libertad provisional.

Fuente: El Mercurio

El empresario y panelista de "El Termómetro", Eduardo Yáñez, anunció que viajará a Washington la primera semana de marzo invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer su caso. Sus abogados, Ernesto Yáñez y Ciro Colombara, están solicitando permiso para que pueda salir del país. "Espero que me autoricen, porque yo no pienso asilarme en otro país", aseguró el panelista.

Fuente: El Mercurio

Representantes del Foro Chileno por la Libertad de Expresión, entidad que agrupa a abogados, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil, se reunieron con el ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, para solicitar que se dé prioridad a iniciativas en favor de este derecho contemplado en la Constitución. Entre los temas que planteó la organización se cuenta la necesidad que el gobierno derogue las llamadas "normas de desacato", que brindan protección a algunas autoridades ante declaraciones que consideren ofensivas. Otro aspecto que la agrupación solicitó al gobierno fue el impulso a concretar el anunciado fin de la censura del filme La Ultima Tentación de Cristo. "Esta medida aún se encuentra pendiente, a la espera que se concluya el nuevo diseño de un nuevo sistema de calificación en la materia", declararon. En ese mismo plano, manifestaron su preocupación por el hecho que recientemente se haya decidido incorporar a representantes de las Fuerzas Armadas en el nuevo Consejo de Calificación. El coordinador del Foro, Felipe González, señaló que en cuanto al tema del acceso libre a la información "parte del desafío consiste en la modificación de las rutinas de trabajo de los órganos públicos, en la idea que se adapten a formas más transparentes de llevar a cabo sus actividades".

El Gobierno y los miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados concordaron resolver a la brevedad los vacíos que tiene la Ley de Prensa y con ello fortalecer las libertades de información y de expresión. Para ello buscarán dictar una normativa que despenalice los delitos que atenten contra la honra de las personas (injurias y calumnias), siempre que sean cometidos por medios de comunicación y trasladarlos a la justicia civil, de manera que sean sancionados sólo con indemnizaciones. En ese sentido, existe la idea de juntar en una sola propuesta los proyectos que apuntan a equilibrar los derechos a la intimidad de las personas con el derecho a la libertad de informar y lo relativo a los delitos de injurias y calumnias. También se quiere eliminar la figura del desacato y modificar la llamada "Ley Otero" (artículo 161 A del Código Penal) que penaliza en forma drástica las conductas que atenten contra la vida privada de las personas.

Fuente: El Mercurio

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