1. Presentó querella criminal, acompañada de certificado médico legal que acredita haber sido víctima de violación en fecha 26 de Enero de 1997.

2. El Auto que dispone el procesamiento del caso como juicio sin sumario, fué dictado en fecha 8 de Octubre de 1997.

3. El Juez denunciado señala audiencia para todos los casos en trámite los días miércoles a la misma hora, motivo por el cual muchas de ellas se suspenden.

4. A la fecha han transcurrido tres años del inicio del proceso sin que se haya dictado sentencia, tiempo en el cual se han producido cambio de lautoridades habiendo el mes de Diciembre de 1999 asumido la Dra. Miryam Aguilar Rodriguez al cargo de Juez.

1. El artículo 11 numeral 2 de la Ley 1818 indica que es atribución del Defensor del Pueblo, intervenir en la investigación de actos u omisiones que impliquen vulneración a derechos humanos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las Convenciones y Tratados Internacionales.

2. Las disposiciones legales en vigencia establecen la celeridad como principio esencial en la administración de justicia según el artículo 116 numeral 10 de la Constitución Política del Estado y el artículo 1º numeral 13 de la Ley de Organización Judicial.

3. Los instrumentos internacionales que garantizan a una justicia pronta y oportuna están contemplados en los artículos 8 y 25, numeral 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

4. Todo funcionario judicial es responsable civil, penal y disciplinariamente por las acciones y omisiones que obstaculicen el normal desenvolvimiento de una correcta administración de justicia, constituyendo una falta grave del órgano jurisdiccional el incumplimiento de plazos procesales, contenida en el artículo 123 numeral 3 de la Constitución Política del Estado y artículo 177 del Código Penal.

5. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, a que se respete su vida, su integridad física psíquica y moral y a la seguridad personal, tal como lo dispone el artículo 7º Inc. a) de la Constitución Política del Estado concordante con los artículos 3 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, artículo 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

6. El artículo 13 romano V numerales 1 y 3 de la Ley 1817 del Consejo de la Judicatura, que establece las atribuciones de dicho Consejo en materia disciplinaria y de control y el artículo 1º, numerales 9 y 13 de la Ley de Organización Judicial, que señalan como principios de la administración de justicia la responsabilidad penal y/o civil de los jueces y funcionarios subalternos por la comisión de delitos, culpas y errores inexcusables en la aplicación de la ley y la celeridad.

1. Que, la tramitación del proceso penal incoado por la peticionaria ante el Juez Instructor de Pucarani tiene tres años de duración sin que se haya dictado sentencia, lo que representa que existe retardación de justicia.

2. Que, el Juez denunciado y el Actuario del Juzgado de Instrucción de Pucarani no cumplían sus funciones en los horarios establecidos en la Ley de Organización Judicial.