SISTEMAS JUDICIALES
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Origen de la reforma judicial |
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Bolivia |
El impulso para la reforma judicial se generó como resultado de las inquietudes expresadas por los miembros de la Corte Suprema y dirigentes políticos que consiguió una corriente de opinión favorable para establecer cambios al interior del Poder Judicial. El punto de partida fue la creación en 1991 del Consejo Nacional de Representantes del Poder Judicial, institución formada por miembros del gobierno, Parlamento, colegios de abogados, el Poder Judicial y otras instituciones. Luego, en 1993 se creó el Ministerio de Justicia que se encargaría de conducir los procesos de cambio normativo necesario para complementar este proceso. Finalmente, se instauró en 1994, por parte de la Corte Suprema un Consejo de Reformas Judiciales que es el que dirige el desarrollo de este proceso en la actualidad.
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Chile |
En este país, las reformas en el campo judicial recibieron un fuerte impulso con el retorno de la democracia. Es a partir de 1990, que se percibe claramente la decisión de realizar mejoras sustantivas en el sistema judicial. Sin duda, la experiencia autoritaria y los graves problemas que en materia de derechos humanos dejó el gobierno militar, orientaron las iniciativas de este proyecto dirigido a generar en el Poder Judicial una capacidad de respuesta a las expectativas sociales y políticas que emergían en el debate público sobre este tema. Se trataba de promover mejoras sustantivas en un sistema sumamente desacreditado ante un sector de la ciudadanía que objetaba su incapacidad para garantizar el respeto de los derechos ciudadanos, mientras otro exigía mejoras en sus aspectos organizativos y de gestión, de manera de ponerlo a tono con la modernización llevada a cabo en otros sectores estatales. |
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Colombia |
Si bien no existe un programa de reforma de la justicia en sentido estricto, en este país, en la última década se ha intentado realizar cambios legales y constitucionales que se adecuen a los contenidos constitucionales. |
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Ecuador |
Se inicia en la década del 90 a partir de las recomendaciones puntuales de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, quien elaboró una propuesta que sirvió a su vez de base para fijar los objetivos inmediatos de dos convenios de cooperación suscritos por la Agencia Internacional para el Desarrollo con esa organización local, destinados a financiar tanto actividades de promoción como la ejecución de proyectos piloto. Este proyecto, finalmente aprobado por el Congreso en 1992, abre las puertas a todo el proceso actual de reformas.
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Perú |
El actual proceso de reforma judicial, se inicia con la Ley 26546 promulgada el 21 de noviembre de 1995. A través de este cuerpo normativo, se establece que, por un período de 360 días se creaba una Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, la cual asumió las funciones de gobierno y gestión. Este plazo fue prorrogado hasta en tres oportunidades, debiendo finalizar en diciembre del 2000. El retorno a la institucionalidad democrática trajo consigo la desactivación de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público y estableció el Consejo Transitorio del Poder Judicial y el Consejo Transitorio del Ministerio Público. |
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Venezuela |
Surge ante la necesidad imperiosa de establecer un sistema judicial efectivo, idóneo y que administre justicia sin dilaciones indebidas. Se requería un cambio de tal estado de cosas, cuya situación había repercutido en el aspecto carcelario, la seguridad personal, el desestímulo a la inversión nacional y extranjera, así como la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución judicial, lo que se tradujo en un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico del país. Este proceso se concretó a comienzos de la década del noventa a través de la suscripción del Convenio entre la República de Venezuela y el Banco Mundial, en 1993. Éste es el primer convenio que otorga el Banco Mundial, destinado a la reforma del Poder Judicial en un país Iberoamericano. |