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Hoy más que nunca se acentúa el debate sobre la mejor forma de organizar o brindar la administración de justicia en la región andina. La continua y persistente crisis de los sistemas judiciales ha empezado a generar serios cuestionamientos a los procesos de reforma. Diez años de globalización, de reforma judicial, de inversiones cuantiosas no han logrado todavía acabar con los viejos males.

La reforma de los sistemas de justicia muestran cambios en el ámbito de la modernización administrativa, más no en lo jurisdiccional. Es decir, existe insuficiencia de la oferta judicial que genera una carga procesal que es imposible cubrir, impredictibilidad de los fallos, corrupción de magistrados, demora en la tramitación de los juicios, falta de imparcialidad, escasos recursos asignados, procedimientos ritualistas e inadecuados, carencias de capacitación, definen la disfuncionalidad de los sistemas judiciales, hecho que se traduce – entre otros aspectos – en la sobre población de los centros de reclusión con un 58.2% promedio de presos sin sentencia.

A ello se suma la injerencia política que genera grave perjuicio a la independencia del Poder Judicial o bien mediante la interrupción de los procesos de reforma como resultado de inestabilidad o crisis de la institucionalidad democrática. La consecuencia de todo esto es el debilitamiento de la administración de justicia, lo que ha conducido a una seria crisis de su legitimidad a pesar de los avances administrativos.

Está pendiente la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas que impulsan los procesos de reforma y modernización, en los aspectos de mayor urgencia, conforme a la agenda judicial planteada en cada país. Entre los temas principales se encuentra la incorporación de mecanismos de acceso, selección, capacitación y régimen administrativo de magistrados. De otro lado, está la reforma jurisdiccional que involucra el replanteamiento de los sistemas procesales que busca dar mayores garantías al justiciable y que acerque la justicia al ciudadano.

Como se puede apreciar, los esfuerzos desplegados por las instituciones responsables de los procesos son insuficientes y para su desarrollo se requiere mayor compromiso por parte de todos los actores vinculados a la justicia, pero también el respeto de la independencia del Poder Judicial.

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