En el caso de los "Niños de la Calle" (caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala),

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte Interamericana" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces^*:

presentes, además:

de acuerdo con los artículos 29, 55 y 56 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y en cumplimiento de la sentencia de 19 de noviembre de 1999, dicta la presente sentencia sobre reparaciones.

1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, para decidir sobre reparaciones y gastos en el presente caso, en razón de que el 25 de mayo de 1978 la República de Guatemala (en adelante "Guatemala" o "el Estado") ratificó la Convención Americana y el 9 de marzo de 1987 aceptó la competencia contenciosa de la Corte.

2. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") mediante demanda de 30 de enero de 1997, con la que acompañó el Informe No. 33/96 de 16 de octubre de 1996. Se originó en una denuncia (No. 11.383) contra Guatemala recibida en la Secretaría de la Comisión el 15 de septiembre de 1994.

3. El 19 de noviembre de 1999 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso, en la cual decidió:

4. El 20 de enero de 2000 el Presidente de la Corte Interamericana (en adelante "el Presidente"), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo noveno de la sentencia de fondo, resolvió:

5. El 14 de marzo de 2000 a los representantes de los familiares de las víctimas solicitaron a la Corte prorrogar por 45 días el plazo fijado por este Tribunal en la Resolución de 20 de enero de 2000 para presentar su escrito relativo a las reparaciones.

6. El 15 de marzo de 2000 el Presidente amplió el plazo otorgado a los representantes de los familiares de las víctimas hasta el 5 de mayo del mismo año.

7. El 7 de abril de 2000 el Estado informó a la Corte la designación del señor José Alberto Briz Gutiérrez, Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de Guatemala ante la República de Costa Rica, como su agente.

8. El 5 de mayo de 2000 los representantes de los familiares de las víctimas presentaron su escrito de reparaciones.

9. El 7 de julio de 2000 la Comisión solicitó a la Corte prorrogar hasta el 4 de agosto de 2000, el plazo fijado hasta el 12 de julio del mismo año, para presentar el escrito relativo a las reparaciones. El mismo día el Presidente concedió la prórroga solicitada. El 2 de agosto de 2000 la Comisión solicitó nuevamente una prórroga del plazo hasta el 21 de los mismos mes y año en razón de que tenía que "buscar ciertos datos y documentos de los familiares en Guatemala para completar [la] lista de beneficiarios". El 3 de agosto de 2000 el Presidente otorgó la prórroga hasta la fecha solicitada.

10. El 21 de agosto de 2000 la Comisión Interamericana presentó el escrito sobre reparaciones en el presente caso en idioma inglés y sus anexos.

11. El 23 de agosto de 2000 la Secretaría solicitó a la Comisión la presentación del escrito de reparaciones en español por ser el idioma de tramitación del presente caso.

12. El 14 de septiembre de 2000 fue recibida la traducción al español del escrito de reparaciones de la Comisión. Con dicho escrito presentó tres anexos adicionales (infra párr. 44).

13. El 28 de septiembre de 2000 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a Guatemala observaciones en relación con la solicitud de incorporación de los anexos adicionales presentados por la Comisión y les concedió plazo hasta el 30 de octubre de 2000 para tal efecto.

14. El 27 de octubre de 2000 los representantes de los familiares de las víctimas informaron a la Corte que no tenían objeciones ni observaciones que realizar respecto de los anexos adicionales presentados por la Comisión.

15. El 7 de noviembre de 2000 el Estado solicitó a la Corte prorrogar por 90 días el plazo fijado para la formulación de sus observaciones a los escritos sobre reparaciones presentados por los representantes de los familiares de las víctimas y por la Comisión, así como respecto de la admisión de los documentos contenidos en los tres anexos adicionales al escrito de reparaciones de la Comisión. El 15 de noviembre de 2000 la Secretaría comunicó a Guatemala que el plazo para que presentara las observaciones referidas había sido prorrogado hasta el 13 de enero de 2001.

16. El 13 de noviembre de 2000 el Estado informó a la Corte la designación del señor Jorge Mario García Laguardia, Embajador de Guatemala en Costa Rica, como su agente.

17. El 15 de noviembre de 2000 la Corte resolvió requerir al Estado que remitiera toda información de que dispusiera sobre el lugar actual de residencia o de trabajo o sobre cualquier otro lugar donde puedan ser encontrados los familiares de Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes. Adicionalmente, decidió requerir al Estado que pusiera en conocimiento de las personas referidas que se encuentren bajo su jurisdicción, a través de los medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión), que la Corte había dictado sentencia de fondo en el caso y que era necesario que se comunicaran con ella en el plazo más breve.

18. El 24 de noviembre de 2000 la Secretaría solicitó a la Comisión la lista definitiva de testigos y peritos, que comparecerían a la audiencia pública sobre reparaciones por realizarse en el presente caso.

19. El 30 de noviembre de 2000 el Estado remitió información sobre la realización de las publicaciones en los medios de comunicación que habían sido ordenadas por la Resolución del 15 de noviembre de 2000.

20. El 14 de diciembre de 2000 el Estado remitió fotocopias de los avisos publicados en los periódicos "La Hora" y el "Diario de Centro América"; un casete de grabación magnetofónica que contiene la cuña transmitida en Emisoras Unidas, y una videocinta que contiene el aviso difundido en NOTI-7 de la televisión nacional guatemalteca.

21. El 12 de enero de 2001 Guatemala presentó sus observaciones a los escritos sobre reparaciones de los representantes de los familiares de las víctimas y de la Comisión.

22. El 30 de enero de 2001 la Secretaría solicitó nuevamente a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión la lista definitiva de los testigos y peritos que comparecerían durante la audiencia pública que sobre reparaciones celebraría el Tribunal.

23. El 7 de febrero de 2001 los representantes de las víctimas ofrecieron como peritos a los señores Christian Salazar Volkmann y Emilio García Méndez, éste último en sustitución del señor Bruce Harris, quien había sido propuesto originalmente y que por motivos personales no podría comparecer ante la Corte, y el 8 de los mismos mes y año remitieron el curriculum vitae del señor García Méndez.

24. El 7 de febrero de 2001 la Comisión presentó la lista de los testigos y peritos que pretendía que fueran convocados para la audiencia pública respectiva. En dicha nota propuso como testigos a las señoras Margarita Urbina, Ana María Contreras y Marta Isabel Túnchez Palencia, y como perito a la señora Ana Deutsch. Asimismo, indicó que propondría a un miembro de la familia de Anstraun Aman Villagrán Morales, sin indicar su nombre. A su vez, informó que la señora Marta Isabel Túnchez Palencia, madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez, luego de la publicación de los avisos ordenados por la Corte, se había presentado en las oficinas de la Asociación Casa Alianza/América Latina (en adelante "Casa Alianza") y había manifestado su deseo de participar en el proceso. El 8 de los mismos mes y año remitió el curriculum vitae de la señora Ana Deutsch.

25. El 9 de febrero de 2001 la Secretaría remitió una comunicación a la Comisión, mediante la cual tomó nota de los testigos y el perito propuestos por ésta y, siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la Comisión, inter alia, que de acuerdo con el artículo 27.2 del Reglamento, las partes que se apersonen tardíamente al procedimiento lo tomarían en el estado en que éste se encontrara y que el plazo de los familiares de las víctimas o sus representantes para la presentación de alegatos relativos a reparaciones ya había vencido. También informó a la Comisión que, si la señora Túnchez Palencia o su representante presentaran sus pretensiones en cuanto a reparaciones, "la Corte las evaluar[ía] considerando las circunstancias del caso y decidir[ía] sobre su procedencia".

26. El 9 de febrero de 2001 el Presidente emitió una Resolución en la cual, por un lado, consideró "[...] con respecto a los testigos y peritos propuestos por los representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión que no ha[bían] sido convocados [en esta] Resolución, [que evaluaría] la pertinencia de su convocatoria una vez consultadas las demás partes en el caso" y, por otro lado, resolvió convocar a los representantes de los familiares de las víctimas, a la Comisión Interamericana y a Guatemala a una audiencia pública sobre reparaciones, que se celebraría el 12 de marzo del mismo año en la sede de la Corte. En dicha Resolución convocó como testigos a las señoras Ana María Contreras y Margarita Urbina y al perito Christian Salazar Volkmann.

27. El 9 de febrero de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y al Estado observaciones a las notas presentadas por la Comisión los días 7 y 8 de febrero del mismo año. El mismo día, la Secretaría solicitó a la Comisión y al Estado sus observaciones a las notas presentadas los días 7 y 8 de febrero de 2001 por los representantes de los familiares de las víctimas.

28. Ese mismo día la Comisión solicitó a la Corte que citara a declarar en calidad de testigo a Reyna Dalila Villagrán Morales, hermana de Anstraun Aman Villagrán Morales. El 12 de febrero de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó observaciones sobre dicha solicitud a los representantes de los familiares de las víctimas y al Estado, las cuales no fueron presentadas.

29. El 21 de febrero de 2001 el Presidente convocó a los testigos Marta Isabel Túnchez Palencia y Reyna Dalila Villagrán Morales y a los peritos Emilio García Méndez y Ana Deutsch para que rindieran sus declaraciones durante la audiencia pública que sobre reparaciones se celebraría el 12 de marzo del mismo año en la sede de la Corte.

30. El 2 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión la presentación, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, de los certificados de nacimiento de Reyna Dalila y Gerardo Adoriman Villagrán Morales.

31. El 12 de marzo de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas presentaron dos poderes mediante los cuales las señoras Reyna Dalila Villagrán Morales y Marta Isabel Túnchez Palencia otorgaban pleno poder de representación al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante "CEJIL") y a Casa Alianza.

32. El 12 de marzo de 2001 la Corte celebró una audiencia pública sobre reparaciones.

Comparecieron ante la Corte:

por los representantes de los familiares de las víctimas:

por la Comisión Interamericana:

por el Estado de Guatemala:

33. Ese mismo día, durante la audiencia pública, el perito Christian Salazar Volkmann, a solicitud del Presidente, presentó copia de los siguientes documentos: documento titulado "Estudio sobre Adopciones y Derechos de los Niños y las Niñas en Guatemala. Guatemala, 2000"; documento titulado "Aproximación situacional del niño, niña y adolescente de la Calle"; y documento titulado "Violación a los Derechos Humanos de los Niños de la Calle" (infra párrs. 46 y 52).

34. El 28 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión la presentación, como prueba para mejor resolver de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, de los certificados o documentos idóneos debidamente autenticados acerca del nacimiento de Guadalupe Concepción y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez. Igualmente, el 4 de abril de 2001, se les solicitó como prueba para mejor resolver, un certificado o documento idóneo debidamente autenticado acerca del nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez.

35. El 19 de abril de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas presentaron copias de los certificados de nacimiento de Gerardo Adoriman Villagrán Morales, Reyna Dalila Villagrán Morales, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez y el 7 de mayo de 2001, presentaron copia del certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez.

36. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte precisará los criterios generales sobre valoración de la prueba y realizará algunas consideraciones aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas anteriormente por la jurisprudencia de este Tribunal.

37. El artículo 43 del Reglamento establece que:

38. El artículo 44 del Reglamento señala que en cualquier estado de la causa la Corte podrá:

39. Según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones, las partes deben señalar qué pruebas ofrecen en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito. Además, el ejercicio de las potestades discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 44 de su Reglamento, le permite a ésta solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiera.

40. La Corte ha señalado anteriormente, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuado prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites dados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. La jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar las pruebas dentro de los límites de la sana crítica y, ha evitado siempre suministrar una rígida determinación de la cantidad de prueba necesaria para fundar un fallo.

41. Esta práctica es extensiva a los escritos en que se formulan las pretensiones sobre reparaciones de los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus familiares y de la Comisión Interamericana y al escrito de respuesta del Estado, que son los principales documentos de la presente etapa y revisten, en términos generales, las mismas formalidades que la demanda respecto al ofrecimiento de prueba.

42. Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del caso, según la regla de la sana crítica, dentro del marco legal del caso en estudio.

43. Al presentar su escrito sobre reparaciones, los representantes de los familiares de las víctimas adjuntaron como prueba ocho anexos que contenían 34 documentos y numerosos documentos de soporte de gastos.

44. La Comisión Interamericana en su escrito de reparaciones adjuntó como prueba seis anexos que contenían otros tantos documentos. Adicionalmente, cuando presentó dicho escrito traducido al español adjuntó tres documentos .

45. El Estado, por su parte, adjuntó como prueba a su escrito de observaciones a los escritos de reparaciones de los representantes de los familiares de las víctimas y de la Comisión un documento.

46. A pedido del Presidente, el perito Christian Salazar Volkmann presentó durante la audiencia pública sobre reparaciones copia de tres documentos.

47. En el presente caso, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos oportunamente presentados por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.

48. En cuanto a los anexos que aportaron los representantes de los familiares de las víctimas para demostrar que Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras (constancias de trabajo) y Julio Roberto Caal Sandoval desarrollaban actividades laborales, el Estado alegó que los mismos carecían de seriedad y de los requisitos legales necesarios para ser admitidos como prueba. Asimismo, en lo que se refiere a las declaraciones juradas de Margarita Urbina, Ana María Contreras y Matilde Reyna Morales García, emitidas el 6 de abril de 2000 ante el notario Gustavo Rodolfo de León Rodas, el Estado las objetó y solicitó que se las declarara inadmisibles, por considerar que las declarantes no son idóneas para "verter juicios respecto de sus propios familiares en tanto que sus argumentos podrían estar plenamente parcializados" y "se limitan a referir que sus respectivos familiares mantenían, antes de su fallecimiento, relaciones laborales"; añadió el Estado que tales declaraciones carecen de los elementos formales necesarios. En relación con lo anterior, este Tribunal considera que, de acuerdo con los criterios de flexibilidad en la recepción de la prueba anteriormente expuestos, dichos anexos y declaraciones deben admitirse, y que se reserva la evaluación de su valor probatorio de acuerdo con la regla de la sana crítica y dentro del contexto del acervo probatorio.

49. En cuanto a la prueba adicional presentada por la Comisión conjuntamente con la traducción al español de su escrito de reparaciones (supra párr. 44), el Tribunal la considera, en principio, útil para la resolución del presente caso, por lo cual se agrega al acervo probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Reglamento. No obstante, es necesario señalar que la documentación indicada se refiere al niño Wilson Ravid Agreda Vásquez, quién, según la declaración jurada rendida el 24 de agosto de 2001 y la declaración efectuada en la audiencia pública por la señora Ana María Contreras, es hijo de Henry Giovanni Contreras. Sin embargo, en la copia de la inscripción de nacimiento de Wilson Ravid Agreda Vásquez consta que es hijo de María del Rosario Vásquez Escobar y Ravid Lorenzo Agreda Orellana. Dado que se trata de un documento público y que no obra en el expediente otro con el mismo valor que lo desacredite, esta Corte no puede reconocer a la persona en cuestión la calidad de hijo de Henry Giovanni Contreras.

50. El 19 de abril de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas presentaron copias de los certificados de los nacimientos de Gerardo Adoriman Villagrán Morales, Reyna Dalila Villagrán Morales, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez y, el 7 de mayo de 2001, presentaron el certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez, como prueba para mejor resolver en cumplimiento de lo requerido por el Presidente (supra párr. 34), por lo cual se admiten para ser valoradas dentro del conjunto de la prueba aportada en el presente caso, de conformidad con el artículo 44.1 del Reglamento.

52. En cuanto a los documentos presentados por el perito Christian Salazar Volkmann, a solicitud del Presidente durante la audiencia pública (supra párr. 46), la Corte los considera útiles dentro del contexto del acervo probatorio, y los incorpora al mismo de acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento. En el mismo sentido, procede en relación con los siguientes documentos: "Historia del Salario Mínimo Mensual, según año 1980 - 1995" y "Guatemala: Estadísticas del Tipo de Cambio Promedio Mensual, años 1996 - 2000", Departamento de Estudios Económicos, Sección Balanza de Pagos.

53. Además, es conveniente señalar que el acervo probatorio de un caso es único e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del procedimiento; de esta manera, las declaraciones rendidas por los señores Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Angélica Vega, Julia Griselda Ramírez López, Osvelí Arcadio Joaquín Tema, Delfino Hernández García, Roberto Marroquín Urbina y Ayende Anselmo Ardiano Paz y los peritajes de Roberto Carlos Bux y Alberto Bovino durante la audiencia pública celebrada ante esta Corte los días 28 y 29 de enero de 1999 sobre el fondo del caso, también forman parte del material probatorio que será considerado durante la presente etapa.

54. La Corte recibió, en la audiencia pública de 12 marzo de 2001, las declaraciones de los testigos ofrecidos por los representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana. Dichas declaraciones son sintetizadas a continuación:

Henry Giovanni era un niño dedicado a la casa y que estudió hasta cuarto año de escuela. Su padre ya había fallecido cuando él nació.

Tiene tres hijos más, todos menores que Henry Giovanni: Shirley Marlen Agreda Contreras, de 20 años, Mónica Renata Agreda Contreras, de 18 años, y Osman Ravid Agreda Contreras, de 16 años. Las dos primeras se graduaron en secretariado y computación, respectivamente, y actualmente trabajan en venta de terrenos; el menor cursa tercer año básico. La víctima mantenía una relación afectuosa con sus hermanos. Un año antes de su muerte, la testigo se enteró que Henry Giovanni había tenido un hijo, Wilson Ravid Agreda Vázquez, de quien se hizo cargo cuando la madre de éste se lo entregó. La madre del niño nunca volvió por él. En ese entonces éste tenía dos años de edad y actualmente tiene doce. La testigo ha pagado sus estudios y gastos médicos del niño desde entonces, y su crianza ha sido muy difícil, pero en la familia ha sido recibido y educado como un hijo más. Actualmente cubre todos sus gastos escolares. Wilson siente la ausencia de su padre. La razón por la que no aparece en el registro de nacimiento como hijo de Henry Giovanni, es que éste último no había cumplido 18 años para reconocer la paternidad, entonces el padre de los medios hermanos de Henry Giovanni, el esposo de la testigo, lo reconoció como hijo después de la muerte de aquél.

Henry Giovanni vivió en su casa formalmente hasta los 14 años aproximadamente, después de lo cual comenzó a vivir en la calle, durante períodos de tiempo irregulares. La testigo salía a buscarlo a la calle cuando pasaba un tiempo sin que volviera a la casa, porque le preocupaba. Su esposo -el padrastro de Henry Giovanni- lo humillaba, principalmente luego de que nacieran sus otros tres hijos, y esa es, en gran parte, la causa de su salida de la casa. En los meses anteriores a su muerte, la víctima ya vivía de nuevo en su casa y Casa Alianza le había conseguido un trabajo fijo y estable en una serigrafía, en la cual laboró durante unos cinco meses con un salario mensual de 60 ó 70 quetzales. Henry Giovanni comenzó a trabajar aproximadamente desde los 11 años en albañilería, en destapar pozos, en mecánica, o en venta de comida o artesanías en la calle. Deseaba seguir estudiando y trabajar por su familia. Cuando Henry Giovanni volvía de estudiar, le ayudaba cuidando a sus hermanos, mientras ella iba a trabajar como "muchacha". Desde los 14 años la víctima ayudaba material y económicamente a su familia, en forma constante y regular. En ese tiempo él ganaba unos 15 ó 20 quetzales, de los cuales entregaba a su madre hasta la mitad del dinero o aportaba comida y ropa, y ello representaba prácticamente la mitad de los gastos de la casa, incluyendo los gastos de los hermanos. Incluso cuando se fue de la casa, cada mes o dos realizaba algún aporte. Al morir la víctima, la situación económica de la familia se vio limitada. En Guatemala es costumbre que los hijos aporten para las necesidades de su casa, y cuando se van de ésta, queda a su voluntad continuar apoyando a sus padres en su vejez.

Cuando se enteró de la muerte de su hijo, sufrió una neuralgia y una parálisis en la cara casi durante dos años, para lo cual no recibió un tratamiento específico. Actualmente también sufre de gastritis. Todavía sufre esos problemas de salud, pero no ha podido recibir atención médica por falta de dinero y por su trabajo. Durante ese periodo casi abandonó a sus otros hijos. Seis o siete meses después de la muerte, su hogar se desintegró porque "sacó" a su esposo de la casa. Por falta de dinero no pudo arreglar el tipo de velorio y sepultura que quería para su hijo. Tampoco pudo realizar la exhumación de su cuerpo, el cual sigue enterrado como XX. Desea todavía sepultarlo formalmente con lápida. Ella y su familia aún sienten la presencia de Henry Giovanni en sus vidas. Sería importante saber que los responsables de la muerte de su hijo han sido castigados. Del proceso ante la Corte espera justicia y alguna medida como una escuela para los niños que están en la calle, donde ellos puedan permanecer seguros, durante el día. La testigo siente que el Estado de Guatemala no le ha asegurado sus derechos.

Su hija, Rosa Carlota Sandoval, madre de Julio Roberto, también murió, luego de éste. Julio Roberto no tenía más hermanos. Desde pequeño vivió con la testigo y ocasionalmente con su madre, porque su padrastro lo maltrataba. Julio Roberto no conoció a su padre. Era un niño educado.

Eran muy pobres y ella lo mandaba a lustrar zapatos, vender dulces o a sacar arena del cerro para vender en las "casas grandes". Trabajó desde los seis años para ayudarla y salir de la pobreza. Él le compraba alimentos diariamente. Julio Roberto no estudiaba porque eran muy pobres para pagar estudios. Cuando no tenían donde vivir se quedaban en la calle.

Julio Roberto le hablaba sobre sus expectativas para el futuro y sobre sus deseos de seguir trabajando para salir de la situación económica en la que vivían. La muerte de Julio Roberto fue muy dolorosa para ella. Además, él era su único soporte económico y prácticamente desde entonces se quedó en la calle.

Actualmente vive en un terreno "tapado con nylon" y no tiene a nadie que le ayude. Se dedica a sacar arena para vender.

Su madre es Matilde Reyna Morales García. Tiene tres hermanos más: Lorena Dianeth Villagrán Morales, Gerardo Adoriman Villagrán Morales y Blanca Elisa Albizurú Morales. Esta última solamente es hermana por parte de su madre, y Anstraun Aman no la conoció. Su padre los abandonó cuando la testigo tenía siete años. Trabaja desde los nueve años dada la situación económica familiar en ese entonces. Tiene cuatro hijas y un hijo y todos estudian.

Anstraun Aman era un niño trabajador, estudioso, obediente, muy noble y humilde. Su relación con él era muy buena, puesto que cuidaba a sus hermanos mientras su madre trabajaba durante todo el día para mantener a la familia. Anstraun Aman trabajaba por las mañanas desde que tenía ocho o nueve años, estudiaba por las tardes y llegó hasta sexto grado de primaria. Al momento de los hechos estaba estudiando en "primero básico" por las noches. Él vivía en la calle desde los 14 ó 15 años, trabajaba, y de lo que ganaba por semana le entregaba una parte a su madre. El máximo monto que llegó a ganar fueron 65 quetzales por semana. Ese apoyo económico fue muy importante para la familia. Regresaba a la casa casi todos los días, salvo en algunas ocasiones en que permanecía más tiempo en la calle. Su familia se preocupaba por su bienestar y seguridad, y salían a buscarlo cuando no volvía a casa. Casa Alianza le brindó ayuda a Anstraun Aman consiguiéndole un trabajo en una caseta, donde ayudaba a lavar trastos o cargar bultos, con lo cual mejoró su comportamiento e iba más seguido a la casa.

En Guatemala se acostumbra -en el medio social al que han pertenecido- que los hijos aporten hasta los 18 años a los gastos de mantenimiento de la familia de sus padres y hermanos, pero si no se ha casado puede seguir aportando a la casa. Luego vuelven a aportar a los padres durante la vejez de estos.

Cuando su hermano murió la testigo tenía 20 ó 21 años. Para ella, la consecuencia más difícil de esa muerte fue ver a su madre física y psicológicamente en mal estado. A esta se le desarrolló una diabetes y casi no hablaba. En ese tiempo la madre de la testigo estaba embarazada, sufrió varias complicaciones y llegó casi al punto de perder al bebé. Hasta hace cinco o seis años se dieron cuenta de la enfermedad que le aquejaba, pues estuvo a punto de morir por causa de un coma diabético. En esa oportunidad, el médico que la atendió les explicó que el origen de la enfermedad debió haber sido un "susto" o un problema serio que ella hubiese tenido, y el único problema que ella tuvo fue la muerte de Anstraun Aman. En la actualidad su madre no recibe ningún tratamiento médico por falta de dinero, a pesar de que trabaja en una venta de comida. Entre la testigo y su hermana le ayudan en el trabajo, pues ella ya no está en condiciones de trabajar. Hasta la fecha, su madre padece las consecuencias de esto pues tampoco ha superado el dolor emocional. A pesar de que su madre no pudo mantenerse en la casa con Anstraun Aman cuando era niño, los hechos le afectaron profunda y hasta la fecha en cierta forma ella se siente culpable de haber dejado a sus hijos para trabajar.

Con dinero prestado pudieron sepultar a su hermano. Hasta hace un año y medio su madre pudo terminar de pagar dicho préstamo. Visita regularmente la tumba de su hermano pero su madre no lo hace porque le afecta. Ninguna reparación económica podrá aliviar el sentimiento de dolor de su familia.

Ni la testigo ni su familia han hecho gestiones ante las autoridades de Guatemala para que se investiguen los hechos en que perdió la vida su hermano y se sancione a los responsables, ni para que las autoridades provean algún apoyo de carácter económico, médico o social a su madre, porque no hay programas para eso.

Tiene dos hijas más, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez, de 45 años de edad, quien "arregla papeles de carro", y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez, de 32 años de edad, quien trabaja en una panadería. Vive con esta última, quien tiene dos hijas. Federico Clemente cuidaba a una de sus sobrinas, de nombre Alejandra Isabel. Él era el segundo hijo y mantuvo con ellas una buena relación, incluso le ayudaba a sus hermanas con los materiales para sus estudios.

Mantuvo una buena relación madre-hijo con Federico Clemente. Su esposo la golpeaba y cuando Federico Clemente intervenía también lo golpeaba. Por eso Federico Clemente se iba de la casa unos días y luego regresaba. Su hijo comenzó a vivir en la calle a los nueve años por períodos de tiempo irregulares. Federico Clemente trabajó desde los ocho años. Hacía pulseritas típicas y llaveros para vender. Trabajó también descargando camiones de "piedrín" y arena, limpiando casas, carros y vidrios y lustrando zapatos; aprendió a leer pero nunca fue a la escuela. Le ayudaba económicamente y con alimentos a la testigo, lo cual representaba un aporte importante para la familia.

Un día su Federico Clemente ya no volvió y a los ocho días fue a buscarlo, hasta que finalmente en el gabinete de identificación le mostraron fotografías de su hijo muerto, sin ojos y con la boca abierta. Cuando se enteró de lo ocurrido, no lo podía creer y no salía de su casa; se enfermó, se le subió la presión, le dio un derrame y llegó a pesar 105 libras. Su esposo también se enfermó cuando ya no vio llegar a su hijo y murió de un infarto, después de la muerte de Federico Clemente. Siente que su hijo todavía está vivo y aún se pregunta ¿qué fue lo que le sucedió?

Con ayuda de sus amistades pudo arreglar el velorio del joven. Ninguna autoridad del Estado le explicó lo sucedido o le ayudó con la sepultura. La testigo siente que de las hermanas de Federico Clemente, la más afectada por su muerte es Zorayda.

La testigo recibió amenazas. Un día por la noche, dos hombres la buscaron en su casa y, con una actitud de amenaza, le dijeron que no fuera a declarar al juzgado. Por eso se fue a vivir a otro lugar. A los dos meses, cerca de las dos de la madrugada la fueron a buscar otros tres hombres encapuchados en una camioneta negra; se la llevaron en el carro y le pidieron que no declarara nada en ningún juzgado. Cuando reclamó, la golpearon y la cortaron en un dedo. Vivió con su madre un tiempo. Hace un año la volvieron a buscar dos hombres, pero ella no los vio. Hace dos años, le lanzaron desde un carro un objeto encendido que le provocó quemaduras en la parte anterior de su tronco y en la muñeca. Aún se le hacen llagas, pero no puede costear las medicinas. Debido a estas persecuciones se escondió en muchos lugares y Casa Alianza no la podía encontrar. Tiene miedo de lo que le pueda suceder. Nunca puso esos hechos en conocimiento ninguna autoridad de su país, por temor y por su enfermedad.

55. En relación con los testimonios rendidos por las señoras Ana María Contreras, Margarita Urbina, Reyna Dalila Villagrán Morales y Marta Isabel Túnchez Palencia, en la audiencia pública sobre reparaciones celebrada en el presente caso, la Corte los admite únicamente en cuanto se ciñan al objeto del interrogatorio propuesto por la Comisión. Al respecto, este Tribunal estima que por tratarse de parientes cercanos y tener un interés directo en este caso, la valoración de sus manifestaciones debe sujetarse con especial rigor al criterio que consiste en apreciar cada prueba en función del conjunto del acervo probatorio. En este contexto, las manifestaciones de las señoras Contreras, Urbina, Villagrán Morales y Túnchez Palencia tienen un valor especial, en la medida en que pueden proporcionar importante información sobre las consecuencias de las violaciones que fueron perpetradas. Las declaraciones a las que se hace referencia se incorporan al acervo probatorio con arreglo a las consideraciones expresadas.

56. La Corte recibió, en la audiencia pública celebrada el 12 marzo de 2001, los informes de los peritos ofrecidos por los representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana. Las declaraciones de dichos expertos son sintetizadas a continuación:

Se reunió con Ana María Contreras, Margarita Urbina, Reyna Dalila Villagrán Morales y Marta Isabel Túnchez Palencia para practicar tres entrevistas de grupo, de aproximadamente hora y media cada una, y luego individualmente con cada una de ellas, en dos oportunidades, por aproximadamente una hora cada vez. Todo en el curso de dos días.

Una persona que ha sido secuestrada y detenida en condiciones de clandestinidad, incomunicación y tortura, si sobrevive a semejante situación sufre un impacto devastador, que destruye en buena medida las defensas psíquicas y la personalidad, y causa mucho dolor psíquico y emocional. En la nomenclatura psiquiátrica, la categoría para clasificar o diagnosticar la situación resultante de semejante experiencia es conocida como síndrome de estrés post-traumático.

En este caso el impacto es distinto, pues los niños o adolescentes tienen menos fortaleza psíquica para tolerar el secuestro y la tortura. Para los familiares también el impacto es devastador; aunque los familiares no hayan estado sujetos a maltrato físico. Si existe justicia en el caso y se castiga a los responsables, eso puede mitigar un poco el dolor y puede ayudar al proceso de superación de la sintomatología que puede generar esa experiencia. En este caso, en que los responsables fueron agentes de la policía, emocionalmente causa más dolor y es más difícil de incorporar la idea de lo que ha sucedido, porque son los agentes del gobierno los que deben proteger a la población.

Cuando la muerte no es natural sino que es resultado de "ejecuciones extrajudiciales", el proceso de duelo de los familiares sobrevivientes es diferente. El proceso normal de duelo consiste en cuatro etapas: negación del hecho de la muerte, enojo, depresión y aceptación de esta. En casos de muertes que se deben al curso normal de la vida, existe una explicación de lo sucedido de acuerdo a los recursos ideológicos y culturales de cada persona. Cuando la muerte corresponde a una ejecución extrajudicial, esa circunstancia agrava, interfiere o impide el proceso de duelo. Entonces, el duelo puede durar toda la vida o puede no producirse nunca; todos los estados y emociones descritos se quedan "enquistados" y aparecen alternativamente en distintos momentos de la vida.

Puede demostrarse científicamente que, dado el orden natural de la vida, se producen efectos distintos cuando los padres tienen que enfrentar la muerte de un hijo; esta última situación es siempre más difícil de superar que la muerte de los padres. Para los hermanos, el efecto es de alguna forma diferente. Ellos pueden ponerse en la posición del hermano fallecido y pensar que les puede ocurrir lo mismo. Eso puede producir alguna disfuncionalidad, que puede ser momentánea, y es una fuente de sufrimiento.

Los efectos emocionales de un trauma de esta naturaleza crean la posibilidad de agravar una enfermedad física o mental, dada la naturaleza unitaria del ser humano. Eventos traumáticos que desequilibran el sistema psíquico llegan a tener una repercusión en el organismo. Existen investigaciones acerca del compromiso neuro-fisiológico y biológico del trauma, que repercute en distintas funciones del organismo y que puede generar, producir o despertar una condición nueva o latente. Ese es el caso de una diabetes o una psicosis, tenga o no la persona antecedentes familiares de esas enfermedades.

La única posesión de los pobres son los hijos. Es lo único que crean y poseen y en parte un medio de seguridad para el futuro. Estas personas, en general, no tienen acceso a los sectores formales de trabajo, no se jubilan, ni tienen pensión, y esperan que sus hijos les ayuden cuando estén más viejos. La situación de pobreza no interfiere en absoluto en los vínculos afectivos entre madres e hijos. La dinámica psicológica que se da en los núcleos familiares en donde hay niños de la calle, no es diferente de cualquier otra dinámica psicológica, pues los niños buscan la calle como centro social y para trabajar. La condición de pobreza intensifica los lazos afectivos con los hijos porque es todo lo que los padres tienen y los hijos ocupan un lugar muy especial en las vidas y emociones de las personas pobres.

En relación con las entrevistas realizadas con las testigos, se detectaron semejanzas o patrones comunes en la reacción de los familiares frente a las violaciones y la pérdida de sus seres queridos.

La señora Ana María Contreras ha tenido la experiencia de vivir en la calle. Ella fue abandonada o puesta por su mamá en una casa, donde tenía que hacer los trabajos domésticos. En esa casa fue maltratada, y a los 13 años se fue de ésta. Asistió a la escuela nocturna. Es una persona que tiene bastante integridad de personalidad, bastante energía, muy inteligente y con la ambición de darle educación a sus hijos, de sacarlos de la pobreza. A sus 17 años nació Henry Giovanni. A esa edad tener un hijo y no tener nada más, crea un vínculo especial y muy profundo. Henry Giovanni era su hijo preferido, aunque no lo reconozca así, y tenía muchas expectativas puestas en él. Ella piensa que el padrastro es el responsable de que la víctima buscara la calle en muchas ocasiones, porque no lo acogió bien como padre. Pasó por un período de depresión que le duró dos años. Salió de su depresión pensando en sus otros hijos y decidió buscar un trabajo formal, lo que ha producido un gran cambio en su vida y en la vida de sus hijos. Sufrió una parálisis facial, lo cual es común en situaciones de mucho "estrés".

La señora Margarita Urbina también nació y se crió en la calle. Dice que Julio Roberto Caal Sandoval, su nieto, no se llevaba bien con su mamá y su padrastro, razón por la cual se fue a vivir con ella. Con orgullo dice que Julio Roberto traía su dinero para comprarle la comida a ella. Siente la pérdida de Julio Roberto muy profundamente. Es una persona que, a sus 64 años, jamás ha visitado a un médico. Los síntomas que presenta se relacionan con sus condiciones de vida, con el evento de la muerte de Julio Roberto y con la preocupación por su edad. Necesita atención médica.

La señora Reyna Dalila Villagrán Morales es una persona muy positiva. Es muy sociable, de una personalidad muy íntegra y principios muy sólidos. Reyna Dalila cuidó de Anstraun Aman, su hermano, cuando su madre salía a trabajar para alimentar a los niños. De alguna manera tuvo el papel de mamá con respecto a Anstraun Aman. En este momento está muy preocupada por la salud de su mamá. Apoya a su madre y eso le ayuda a ella, de alguna manera, a cubrir o canalizar sus propias preocupaciones o su propio sufrimiento emocional con respecto a la muerte del hermano.

La señora Marta Isabel Túnchez nunca ha ido a la escuela. Tiene una autoestima muy baja. Ha sufrido mucho en su vida y tenía puesta su esperanza en su hijo, Federico Clemente. La reacción de Marta con respecto a la muerte de su hijo es muy interesante. Dice que el que más sufrió la muerte de su hijo fue el esposo, que era alcohólico y murió posiblemente por una mezcla entre infarto y abuso de alcohol. Ella creó la fantasía de que Federico Clemente la acompaña y que la va a ayudar de alguna manera, para seguir adelante. Siente que en su corta vida él se preocupaba por su salud y bienestar. En relación con algún impacto o síntoma físico que se pueda relacionar con el asesinato de su hijo, ella dice que se le subió la presión de la sangre y que tuvo un "mini-derrame", que le dejó la cara un poco desviada. Pero lo más importante fue la depresión que siguió y el conflicto que se produjo en la familia, porque según ella su hija se alejó después que murió Federico Clemente.

Otros miembros de cada familia nuclear sufrieron daños como resultado de los sucesos. Aunque la perito no los conoció, por comentarios de las entrevistadas y elaboraciones propias, se puede afirmar que los hermanos de las víctimas fueron profundamente afectados. Sería importante para las familias que las medidas de reparación en el caso les permitieran implementar sus deseos sobre un velorio y sepultura adecuados para los restos de sus familiares, como una especie de terminación del proceso de duelo o, por lo menos, un paso adelante en la reconciliación con la idea de que estos niños han muerto.

Estas familias necesitan asistencia psicológica que les ayude a procesar todos esos eventos. La consecuencia de no recibirla es que este trauma quede como "enquistado" y genere síntomas o mayor depresión en el futuro. Todas necesitan, asimismo, asistencia médica y financiera para lograr condiciones de vida mínimas.

Son necesarios programas de prevención para que otros niños no tengan la misma experiencia. Son igualmente importantes medidas simbólicas de reparación.

Hay una amplia desprotección social de los niños en Guatemala. Generalmente este país se disputa en América Latina los últimos lugares en cuanto a alfabetismo y educación básica, salud y desnutrición y trabajo infantil. Por otra parte, existe una situación de desprotección legal: la legislación para menores vigente en el país viola la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Existe un índice de analfabetismo aproximado del 30% de la población. Sólo el 84% de los niños en edad escolar se inscriben en primaria y no todos ellos terminan. Los niveles de inversión estatal en la educación pública son de los más bajos de América Latina. Igualmente, los índices de nutrición son muy bajos, lo que es muy preocupante, porque los daños en el cerebro y en el desarrollo físico y psicológico del niño en los primeros años a causa de la mala nutrición, son irreversibles. Según datos recientes, en Guatemala el 34% de los niños de entre 7 y 14 años trabajan, lo que repercute en su educación.

En Guatemala casi todas las adopciones son internacionales y extrajudiciales, es decir, no hay ningún control estatal sobre ellas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (en adelante "UNICEF") ha detectado una serie de irregularidades. Un estudio de dicho organismo demuestra que la gran mayoría de los niños que son adoptados viene de casa-cunas o de familias. Los abogados que tramitan las adopciones pagan a mujeres para cuidar a los bebés, quienes generalmente tienen menos de 18 meses. La Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (en adelante "MINUGUA") ha tenido conocimiento sobre la existencia de redes de tráfico de niños e indica, en su Informe sobre la niñez de 2000, que se sigue incumpliendo con el deber jurídico del Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con el tráfico de niños.

Estos ejemplos de desatención a los derechos de los niños revelan dos cuestiones: primero, que casos como el de Bosques de San Nicolás son tal vez expresiones extremas de una negligencia estructural para con los derechos de los niños y, segundo, que el número de niños que está en riesgo de "callejización" ante esta negligencia social en Guatemala es muy alto; las familias y los niños de la población en estado de pobreza, que es más del 80% del total de la población, están en riesgo.

Generalmente los niños de la calle mantienen algún vínculo con su familia y con gran frecuencia aportan económicamente a ésta. Además hay alta fluctuación, es decir, que continuamente ingresan y salen niños de la calle, lo cual permite creer que el número de niños y adolescentes con experiencia callejera es muy alto. Según un informe gubernamental del año 1999, los niños de la calle tienen tres problemas fundamentales: maltrato (dentro de su familia y por fuerzas de seguridad del Estado), drogadicción y desatención estatal de sus necesidades. Y estos niños revelan muy claramente sus deseos en ese informe: todos quieren estudiar, jugar, aprender un oficio y trabajar.

Es difícil establecer en Guatemala qué sucede cuando los niños de la calle llegan a cierta edad, por ejemplo a los 18 años o a otras edades similares. Un porcentaje de jóvenes realmente tratan de salir de la calle a toda costa. Hay un grupo de niños y adolescentes que ingresan en programas de reintegración de organizaciones de la sociedad civil, donde se logra una reincorporación a la familia y algún puesto de trabajo. Otros niños mueren en el camino, por enfermedades graves o por hechos de violencia. Los problemas de las drogas y del SIDA, a los cuales la niñez de la calle es especialmente vulnerable, han aumentado en los últimos años. Hay también otro porcentaje que constituye la base para el crimen organizado porque los respectivos jóvenes se vuelven pequeños criminales.

La impunidad es un tema generalizado en Guatemala, tanto para adultos como para niños. Un 87% de los casos de los niños quedan sin resolverse, aunque la situación ha mejorado levemente en los últimos años.

El Código de Menores actualmente vigente es del año 1979, y hay una serie de dictámenes que afirman que esta ley no responde a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Código parte del concepto de situación irregular, un concepto por razón del cual el niño víctima de algún acto de abuso, violación o negligencia, y el joven presunto transgresor de la ley, están en la misma situación. Como no se tipifica tampoco qué es una conducta irregular, esto deja lugar a la arbitrariedad, por ejemplo, en las detenciones. En Guatemala, en varios puntos del proceso legal se mezcla a los adultos con los adolescentes y con los niños víctimas, lo cual es completamente contrario a los patrones internacionales.

La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Juventud, aprobado por consenso en el año 1996, ha sido postergada en forma indefinida por el Congreso ante la discusión pública generada en torno a si dicha normativa respeta la autoridad paterna y si está de acuerdo con los valores culturales de Guatemala. La ley propuesta cumple con los estándares de protección establecidos tanto en el artículo 19 de la Convención Americana como en la Convención sobre los Derechos del Niño. En esto hay consenso y aplicarla sería uno de los pasos estratégicos más importantes para la protección de los derechos del niño en Guatemala.

Sobre las recomendaciones que haría para mejorar la situación en Guatemala, el perito manifiestó: primero, que sería necesaria una profunda reforma legislativa, empezando por la puesta en vigencia del Código de la Niñez y la Juventud. Segundo, que se deberían realizar esfuerzos mayores en políticas sociales, sobre todo, en la universalización de la educación primaria y el combate a la desnutrición infantil. Y, tercero, que se debería formular una política de atención y, sobre todo, de prevención para la niñez de la calle, que debería incluir un aumento significativo del presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social.

c) Peritaje de Emilio García Méndez, consultor independiente y ex-asesor de UNICEF, experto en el tema de derechos de los niños

Hay tres países en América Latina donde, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se puede hablar de una violencia sistemática contra los niños en mayor situación de riesgo: Colombia, Brasil y Guatemala. No hay una política deliberada de violación de los derechos de los niños, desde el punto de vista subjetivo, pero sí lo hay desde el punto de vista objetivo, porque los niveles de gasto social en materia de políticas sociales básicas de salud y educación son extremadamente bajos.

Guatemala tiene un Código de Menores aprobado en 1979. Entre 1990 y 1991, ratificó y promulgó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que produjo la vigencia simultánea de dos leyes que, regulando la misma materia, tienen naturaleza antagónica. Desde el punto de vista técnico-jurídico se supondría que la ratificación y promulgación de la Convención ha dejado sin efecto el Código de Menores de 1979, pero éste se encuentra vigente porque constituye, de hecho, la fuente principal de las decisiones de los jueces de menores. Este Código es, además, técnicamente inconstitucional. Todos los principios generales del derecho contemplados en la Constitución Nacional de Guatemala y en la Convención mencionada, son técnica y sistemáticamente violados por el Código de 1979. Aunque sus disposiciones se supone rigen en favor del menor de edad, a éste no le son reconocidos los derechos que la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño le otorgan. El Código expresa la llamada "doctrina de la situación irregular", que no distingue entre un niño víctima de la omisión de las políticas sociales que cae fuera de los circuitos institucionales, la escuela por ejemplo, y el niño sujeto activo de la violencia, con lo cual a ambos se los puede hacer objeto de las mismas medidas en las mismas instituciones. Entonces la policía, al aplicar la ley, está cumpliendo estrictamente con un mandato del Código, por un lado, y por el otro, violando flagrantemente tanto la Convención como la propia Constitución. El Código es una ley profundamente criminalizadora de la pobreza. Esto porque luego de la detención viene la "declaración del estado de abandono", que es un proceso jurídico por el cual se cortan jurídicamente los vínculos entre la familia biológica y el niño. Al no establecer una diferencia entre la familia que realmente expulsa al niño y la que no puede mantenerlo, es técnicamente posible quitarle a una familia un niño por la mera falta o carencia de recursos materiales.

Con estos niños, en términos generales, pueden suceder dos cosas. Si son niños de corta edad, muchas veces ingresan a los circuitos de adopción nacional e internacional. Si están por fuera de la edad común para la adopción, esto es, si tienen más de 5, 6 ó 7 años, estos niños alimentan permanentemente el circuito de las instituciones para la niñez. Y hay un vínculo muy fuerte entre el paso por estas instituciones y la reincidencia y la reclusión en las cárceles de adultos.

El Código de la Niñez y la Juventud aprobado por el Congreso guatemalteco en 1996, cuya vigencia está suspendida, corresponde a lo que se podría llamar una adecuación sustancial a la Convención sobre los Derechos del Niño, al conjunto de los instrumentos que conforman la llamada doctrina de la protección integral de las Naciones Unidas, a las Reglas de Beijing y a las Reglas de Riad.

Las modificaciones legislativas y medidas necesarias para otorgar una protección a los niños, en general, ajustada a los estándares internacionales a la niñez en general, y en particular a la niñez de la calle o en situación de riesgo en Guatemala, son: la aplicación de los parámetros que la Convención Internacional establece; la constitucionalización de los derechos y las políticas para la infancia; la puesta en vigencia del Código de 1996; la reforma de las instituciones que aplican la ley; y la quiebra y cese del ciclo de impunidad de las violaciones cometidas contra menores de edad. Todo ello acompañado de un aumento del gasto público en las llamadas políticas sociales básicas de salud y educación, y en las llamadas políticas de protección especial, que son aquéllas dirigidas a la porción de la infancia en situación de riesgo o de alto riesgo.

Sería apropiado realizar actos de reparación simbólica. La medida solicitada de dar los nombres de las víctimas a una escuela, es una medida simbólica real y sería un acto extraordinario para enviar un mensaje muy fuerte de quiebre del ciclo de impunidad, y recordar que esas muertes no han ocurrido en vano.

57. En el punto resolutivo noveno de la sentencia de fondo de 19 de noviembre de 1999, la Corte decidió abrir la etapa de reparaciones y costas, y comisionar al Presidente para que adoptara las medidas procedimentales correspondientes. Estas materias serán decididas por la Corte en la presente sentencia.

58. En materia de reparaciones, es aplicable el artículo 63.1 de la Convención Americana in fine, que prescribe:

59. Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia constante que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

60. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.

61. La obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno.

62. Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

63. Las reparaciones, como el término lo indica, consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.

64. Las reparaciones que se establezcan en esta sentencia, deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia de fondo dictada por la Corte el 19 de noviembre de 1999 (supra párr. 3).

65. La Corte pasa ahora a determinar cuales personas deben considerarse como "parte lesionada" en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. En vista de que las violaciones a la Convención establecidas por la Corte en su sentencia de 19 de noviembre de 1999 fueron cometidas en perjuicio de Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes, y también de Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes, todos ellos deben considerarse comprendidos dentro de dicha categoría y ser acreedores de las reparaciones que fije la Corte. En el caso de las víctimas fallecidas, habrá además que determinar si las reparaciones establecidas en su favor pueden ser objeto de transmisión por sucesión a sus familiares, y a cuáles de ellos.

66. No existe controversia respecto a la calidad de beneficiarias de las señoras Ana María Contreras, madre de Henry Giovanni Contreras; Matilde Reyna Morales García, madre de Anstraun Aman Villagrán Morales; Rosa Carlota Sandoval y Margarita Urbina, madre y abuela respectivamente de Julio Roberto Caal Sandoval; Marta Isabel Túnchez Palencia, madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez; y Noemí Cifuentes, madre de Jovito Josué Juárez Cifuentes. La Corte estima que el reconocerles tal calidad es acorde con la jurisprudencia del Tribunal, pues por un lado deben ser tenidas como beneficiarias de reparación en su condición de derechohabientes de sus parientes fallecidos y, por otro, en su condición de víctimas de la violación de los artículos 5.2, 8.1 y 25 de la Convención, según lo declaró la sentencia de fondo. Debe prestarse atención, asimismo, al hecho de que el Tribunal presume que la muerte de una persona acarrea a sus padres un daño moral.

67. La Corte ha indicado, y lo reitera nuevamente, que el derecho a la indemnización por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte se transmite por sucesión a sus herederos. Según ha afirmado este Tribunal

68. Por otro lado, los daños provocados a otros familiares de la víctima o a terceros, por la muerte de ésta, pueden ser reclamados fundándose en un derecho propio. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que para que el daño y el consecuente derecho a reparación se configuren, se deben dar determinadas circunstancias, entre las que se cuenta, la existencia de relaciones de apoyo económico efectivas y regulares entre la víctima y el reclamante y la posibilidad de presumir válidamente que ese apoyo hubiera continuado dándose si la víctima no hubiese muerto. Respecto de estos reclamantes el onus probandi corresponde a los mismos, sean o no familiares de la víctima, entendiéndose el término "familiares de la víctima" como un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un parentesco cercano, es decir, a los hijos, padres y hermanos, los cuales podrían ser tenidos como familiares y tener derecho a recibir una indemnización, en la medida en que cumplan los requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal. Debe tenerse en cuenta, también, que según la jurisprudencia más reciente de la Corte, se puede presumir que la muerte de una persona ocasiona a sus hermanos un daño moral. Para efectos del caso subjudice, la reparación a los familiares será analizada en la sección correspondiente, bajo las circunstancias de cada una de las víctimas y del acervo probatorio que las partes hayan aportado a este Tribunal.

69. Con el fin de determinar las medidas de reparación procedentes en este caso, la Corte tendrá como base de referencia los hechos admitidos como probados en la sentencia de 19 de noviembre de 1999. Además, en la presente etapa del procedimiento las partes han aportado al expediente nuevos elementos probatorios en orden a demostrar la existencia de hechos complementarios que tienen relevancia para la determinación de las medidas de reparación. La Corte ha examinado dichos elementos y los alegatos de las partes, y declara probados los siguientes hechos:

72. Los mencionados representantes consideran que los beneficiarios de la indemnización del daño material deben ser las siguientes personas:

73. Durante la audiencia pública, los mencionados representantes se opusieron al planteamiento del Estado según el cual, de acuerdo con las circunstancias del caso, no existía una "estrecha" colaboración económica entre las víctimas y sus familiares. Además, solicitaron una suma para asistencia médica y psicológica a favor de los familiares de las víctimas, con el fin de que se les ayude a superar el daño sufrido y a terminar con el proceso de duelo afectivo. Finalmente, se adhirieron al cálculo del lucro cesante propuesto por la Comisión, por considerarlo más comprensivo que el planteado en su escrito de reparaciones.

74. Por su parte, la Comisión alegó:

75. Como resultado de lo anterior, la Comisión Interamericana estima que el Estado debe pagar a los familiares de las víctimas directas los montos indicados en la siguiente tabla:

76. De acuerdo con la Comisión, las siguientes personas debían ser consideradas como beneficiarios de las indemnizaciones:

77. En cuanto a este punto, el Estado señaló que:

78. La Corte, teniendo presente la información recibida en el transcurso del presente proceso, los hechos considerados probados y su jurisprudencia constante, declara que la indemnización por daño material en este caso debe comprender los rubros que van a indicarse en este apartado.

79. En cuanto a la pérdida de ingresos, los representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión coincidieron en que el Tribunal debía tomar en cuenta para su cálculo el salario mínimo para actividades no agrícolas vigente en Guatemala. El Estado, por su parte, se opuso a la utilización de dicha base alegando que las víctimas no tenían una relación laboral permanente y continua. Esta Corte considera que, a falta de información precisa sobre los ingresos reales de las víctimas, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, debe tomar como base el salario mínimo para actividades no agrícolas en Guatemala.

80. En lo referente a los gastos, la Corte estima necesario ordenar, en equidad, las siguientes compensaciones: en relación con Julio Roberto Caal Sandoval, una cantidad correspondiente a los gastos que sus familiares estiman haber sufragado en su búsqueda en distintas dependencias; en lo que respecta Henry Giovanni Contreras, una cantidad correspondiente a los gastos en que sus familiares estiman haber incurrido en su búsqueda en distintas dependencias y a los gastos efectuados por Ana María Contreras, madre de la víctima, por concepto de tratamiento médico y medicinas como consecuencia de una parálisis facial; y en cuanto a Anstraun Aman Villagrán Morales, una cantidad correspondiente a los gastos estimados por concepto de servicios funerarios y a los gastos efectuados por Matilde Reyna Morales García, madre de la víctima, por concepto de tratamiento médico y medicinas como consecuencia de la diabetes que padece y que se vio agravada a raíz de los hechos de este caso. En lo que se refiere a las señoras Marta Isabel Túnchez Palencia, madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez, y Margarita Urbina, abuela de Julio Roberto Caal Sandoval, durante la audiencia pública manifestaron que tenían ciertos padecimientos de salud que tendrían su origen o se habrían agravado como consecuencia de los hechos del caso (supra párr. 54.d y 54.b). Al respecto, la Corte toma por ciertas las afirmaciones de dichas personas dada la naturaleza de los hechos del presente caso y considera también equitativo otorgarles una compensación.

81. La Corte observa que el salario mínimo para actividades no agrícolas era Q348.00 (trescientos cuarenta y ocho quetzales) para la fecha de la muerte de las víctimas en el presente caso, que equivale, al tipo de cambio de junio de 1990, a US $ 80.93 (ochenta dólares de los Estados Unidos de América con noventa y tres centavos) como salario mensual correspondiente a cada una de ellas. Además el cálculo de los ingresos dejados de percibir se efectuará sobre la base de 12 salarios al año, más las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con la normas guatemaltecas. Así se obtendrán los ingresos de los que la víctima pudo haber disfrutado presumiblemente durante su vida probable, período que media entre la edad que tenía al momento de los hechos y el término de su expectativa de vida en 1990, año de los hechos (supra párr. 69.1.i, 69.2.h, 69.3.g, 69.4.f y 69.5.d). A esta cantidad deberá restarse el 25% por concepto de gastos personales. El monto así resultante debe traerse a valor presente a la fecha de la sentencia.

82. Con base en lo anterior, la Corte fijará como indemnización de los daños materiales ocasionados por las violaciones declaradas en la sentencia de 19 de noviembre de 1999, las siguientes sumas:

83. El monto indemnizatorio indicado se distribuirá de la siguiente forma:

84. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una característica común a las distintas expresiones del daño moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.

85. Los representantes de los familiares de las víctimas señalaron que: