Mensaje a la Nación

Dr. HUGO SIVINA

Presidente del Poder Judicial del Perú

Fuente: Diario Oficial El Peruano, 07 de febrero de 2003.

"Conciudadanos:

Hace 33 días que asumí la presidencia del Poder Judicial, conferida democráticamente por los magistrados de la Corte Suprema. Han sido días de arduo e intenso trabajo de planificación para la gestión y gobierno de este poder del Estado. No obstante, en este corto período de gestión recibimos infundados cuestionamientos a la labor jurisdiccional.
Considero legítimo que los sectores sociales expresen sus opiniones frente a determinadas situaciones que puedan afectar la vida nacional. Incluso es necesario que así sea, para consolidar la vigencia de un estado de derecho que todos nos hemos comprometido a respetar.

Sin embargo, es contrario al ejercicio del derecho de opinión la intervención altisonante de quienes, teniendo altas responsabilidades políticas dentro del Estado, critican sin fundamento decisiones jurisdiccionales con la finalidad de exacerbar el descontento popular y sugerir la incapacidad del Poder Judicial para enfrentar estas situaciones. Con ello, se pretende justificar la necesidad de imponer una reforma, ¡una más!, impulsada desde entidades distintas a la judicial. Quiero ser enfático en señalar que los magistrados asumimos la firme convicción de recuperar nuestro espacio institucional, ratificando la autonomía e independencia a efectos de que se le respete como un poder del Estado.
Por todo ello, decidí dirigirles este mensaje, porque sé que el país espera una respuesta, una explicación, y una esperanza, para emprender la tarea de refundar el Poder Judicial.
Dentro de este contexto, expreso a la ciudadanía nuestra firme voluntad y compromiso de consolidar un sistema de justicia independiente y eficiente, destinado a fortalecer el estado de derecho, la seguridad jurídica, y a desterrar la corrupción y la impunidad en el país.
Asimismo, reafirmo mi compromiso y respaldo a los magistrados de toda la República, y los exhorto a que continúen con su noble tarea sin aceptar presiones de ningún tipo, rigiendo su labor únicamente por la Constitución y las leyes de la República, en búsqueda de la justicia.

Basado en un informe preliminar preparado bajo mi gestión, es mi deber precisar que la administración de justicia en el Perú se encuentra en una situación sumamente crítica. El gobierno de la década pasada ocasionó un profundo daño a la judicatura, pues instituyó un sistema de control político indebido sobre el Poder Judicial, por el cual se intervino impropiamente en el curso de investigaciones y procedimientos judiciales; se afectó la independencia judicial y su propia estructura funcional.

Los presupuestos que anualmente se asignan al Poder Judicial no cubren todas las necesidades, lo que afecta el servicio de justicia, en especial hacia los sectores sociales menos favorecidos. Para el presente año, nuestro presupuesto sólo asciende al 1.05 por ciento del Presupuesto General, porcentaje que inclusive es inferior al del año pasado.
Al respecto, queremos señalar una incoherencia en el discurso de quienes critican al Poder Judicial pero hacen muy poco para facilitar nuestro trabajo y, por el contrario, lo dificultan.
Pareciera que para algunos la justicia puede esperar. Estoy seguro de que para ustedes y para nosotros la justicia no puede esperar más.

Diversos estudios y encuestas, que son de conocimiento público, indican que un alto porcentaje de la población tolera los actos de corrupción, y percibe al Poder Judicial como una de las instituciones públicas más corruptas.

Nosotros consideramos que éste es un problema cultural que afecta no sólo al Poder Judicial, sino a la sociedad en su conjunto y al Estado, y que requiere del diseño de una estrategia integral de políticas anticorrupción, en la que los magistrados estamos decididos a participar junto con ustedes, el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Otro de los problemas que afectan la administración de justicia es la situación de provisionalidad de más de la mitad de los magistrados, y que nos coloca en una situación de precariedad en el ejercicio de nuestras funciones, correspondiendo al Consejo Nacional de la Magistratura revertir en el menor tiempo posible esta crítica situación.

Un reciente estudio, elaborado por un organismo internacional, revela que aproximadamente un tercio de la población peruana no puede acceder a la justicia, siendo precisamente los sectores menos favorecidos los más afectados.

Es un hecho alarmante que debe ser solucionado y que requiere no sólo de nuestra participación, sino la de otras entidades.

Los usuarios de los servicios de justicia saben, pues lo viven a diario, que la administración de justicia en el Perú es lenta y los plazos procesales no se cumplen. En este problema se conjuga una serie de factores como: una deficiente organización del despacho judicial, maniobras dilatorias de malos abogados; y excesiva carga procesal, entre otros.

Existe en la actualidad un acumulado histórico de más de un millón de expedientes no resueltos por las dependencias judiciales en todo el país. Si no adoptamos medidas urgentes en esta materia, en el año 2006 tendremos aproximadamente dos millones de expedientes no resueltos por el sistema.

Esta situación nos obliga a tomar medidas inmediatas para instaurar un programa integral de descarga procesal, a fin de reducir sustancialmente el número y la duración de los litigios.

Un tema pendiente en nuestra administración de justicia es la reforma penal, que se centra en la necesidad de implementar un nuevo procedimiento que evite la impunidad, genere seguridad en la población y garantice un proceso justo.

Existe, pues, una responsabilidad de todos los poderes del Estado, por no haber sido capaces de afrontar el cambio que la historia y la sociedad demandan. Se han perdido cerca de 12 años sin que entre en vigencia el Código Procesal Penal, no apreciándose una real voluntad política para concretar la reforma penal, manteniéndose la malsana costumbre de expedir normas coyunturales para problemas estructurales.

Frente a este panorama, la Sala Plena de la Corte Suprema acordó declarar en reestructuración el Poder Judicial, así como respaldar plenamente a quien les habla para que inicie un proceso de modernización judicial, el mismo que se llevará a cabo dentro de los siguientes lineamientos:

Será un esfuerzo liderado por los jueces, pero con alianzas estratégicas con los sectores políticos y de la sociedad civil, para la sostenibilidad de las reformas. Para ello, se constituirá el Acuerdo Nacional por la Justicia, mediante el cual se definirán los principios y puntos mínimos que deben orientar este proceso de modernización.

Buscará lograr una justicia independiente, eficiente, accesible, moderna y con valores éticos, garantizando el estado de derecho y la seguridad jurídica.

Alcanzará resultados dentro de una agenda definida con metas a corto, mediano y largo plazo. El planeamiento involucra acciones para un Poder Judicial con una visión a 2020.
Implicará un uso transparente y eficiente de los recursos que debe proporcionar el Estado para este proceso y los que brinde la cooperación técnica internacional, con los que ya iniciamos las conversaciones correspondientes.

Finalmente, informo al país que tomé las siguientes medidas conducentes a iniciar y fortalecer el proceso de reestructuración:

Primero: La constitución de un grupo impulsor del Acuerdo Nacional por la Justicia, que efectuará la evaluación correspondiente y las coordinaciones previas para la convocatoria nacional.

Segundo: Se ha formado una Comisión de Reestructuración, encabezada por el presidente del Poder Judicial e integrada por doce magistrados de todas las instancias, la misma que en un plazo no mayor de tres meses propondrá las medidas urgentes e inmediatas que permitan encaminar un cambio estructural en la administración de justicia.

Tercero: En las próximas semanas, se realizará en Lima el Primer Encuentro Nacional de Magistrados, cita en la que se debatirán los aspectos centrales del Acuerdo Nacional por la Justicia y del proceso de reestructuración en marcha.

Cuarto: Se han presentado ante la Sala Plena tres proyectos de ley, para que luego de su aprobación sean remitidos al Congreso al amparo de su facultad de iniciativa legislativa, los mismos que plantean modificaciones urgentes al ordenamiento procesal penal para la celeridad de los juzgamientos.

Quinto: La constitución de una Comisión de Lucha contra la Corrupción a escala de todo el sistema de justicia, para consolidar mecanismos anticorrupción interinstitucionales y aprobar un Código de Ética Judicial.

Sexto: Se tomaron medidas para reforzar y brindar apoyo logístico y administrativo a los juzgados y la sala anticorrupción, así como los juzgados y salas que verán los casos de terrorismo.

Sétimo: No voy a referirme al caso de ningún reo. Pero sí quisiera señalar que en el caso del procesado Alberto Fujmori efectuamos acciones concretas para que se acelere el trámite de traducción al japonés del cuaderno de extradición, el mismo que estará listo en un plazo mucho menor al previsto por la administración anterior.

Los ciudadanos del Perú quieren una justicia moderna, eficiente y garantista. Estamos comprometidos con ese propósito. Sin embargo, queremos dejar en claro que sin la dotación de los recursos económicos suficientes no se podrá dar inicio a este proceso de modernización.

Con la transparencia debida, informaremos permanentemente a la ciudadanía sobre los avances de este proceso y las necesidades que requerimos cubrir, para que nos apoyen y acompañen en este esfuerzo. Esperamos una justicia acorde con el tercer milenio, que nos dé la tranquilidad y seguridad que todos queremos.

Muchas gracias."