- El Programa Mundial de Alimentos presentó información sobre la crisis alimentaria en Colombia. (01/2004)
Peter Goossens, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Colombia, señaló que el número de afectados en el país por la crisis humanitaria oscila entre 700.000 y un millón de personas. A esta conclusión llegaron tras encontrar, en un estudio hecho por la agencia hace seis meses, que el 80 por ciento de los desplazados (estadísticas de la Red de Solidaridad Social dan cuenta de 1'222.671 personas) vive en la extrema pobreza, mientras el 60 por ciento tiene una grave deficiencia de calorías.

El presupuesto que el Programa destina cada tres años para el país asciende a 47 millones de dólares, la mitad de los cuales son aportados por el Gobierno colombiano. No obstante, Goossens consideró que son insuficientes para atender a los necesitados.

El PMA trabaja de la mano de la Red de Solidaridad Social, Bienestar Familiar, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en el país, y recibe casos en siete oficinas en todo el país, que se encargan de determinar si los solicitantes realmente merecen la ayuda. Éstas consisten en programas de alimentación escolar, atención a madres lactantes y gestantes, menores en edad preescolar, recuperación nutricional y entrega de mercados con alimentos básicos.

- Aumenta la falta de acceso a la alimentación en Colombia por efecto de la violencia armada. (03/2004)

La población desplazada por la violencia es uno de los sectores más vulnerables a la inseguridad alimentaria, ya sea por la pobreza o la acción de los grupos armados que les restringe el acceso a los productos.

El 85% del 1.200.000 de desplazados registrados en la Red de Solidaridad Social, atribuyen al hambre la decisión de abandonar sus lugares de origen.

Harvey Suárez, de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento señaló que “hay muchas poblaciones víctimas del bloqueo de los grupos armados. Padecen graves crisis alimentarias porque no les dejan entrar víveres ni medicinas”.

Los casos se cuentan por decenas en el Magdalena Medio, el Chocó, Putumayo o Caquetá. El bloqueo total es una medida de choque. Casi siempre, los paramilitares y la guerrilla limitan las ‘remesas’, a razón de unos cien mil pesos mensuales por familia.

Generar crisis alimentarias se ha convertido en la otra estrategia de guerra de los grupos armados. Lo peor es que en los cordones de miseria de las grandes ciudades, a donde llegan los expulsados, el panorama no es mejor.

Según la coordinadora del Plan Nacional de Alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ana Mercedes Cepeda, “al comparar las cifras —en 1981 las muertes por desnutrición fueron 3.188— se puede ver que la situación en el país ha ido mejorando. Sin embargo no es la ideal, porque el problema evoluciona”.

De acuerdo con Cepeda, “los desplazados tienen graves problemas de hambre. Pero en las ciudades también hay dificultades para acceder a los alimentos por el desempleo, los cordones de miseria y la escasez o ausencia de servicios públicos”.

Esas situaciones, precisamente, obligaron a que el año pasado en el 8,6% de hogares de Bogotá se dejara de consumir las tres raciones de comida uno o más días a la semana. Según el alcalde de la capital, Luis Eduardo Garzón, 600.000 bogotanos padecen de hambre.

La crisis económica que golpeó al país a finales de la década de los 90 obligó a muchas familias a diseñar un cuadro de prioridades ajustado a sus bajos ingresos. Éste se inició, en la mayoría de los casos, con el retiro de los hijos de la escuela, siguió con la disminución en el consumo de productos de aseo y terminó con la reducción del número de veces que comen por día.

En el país, 2,5 millones de niños reciben asistencia alimenticia en restaurantes escolares ante las dificultades que representa para las familias atender las necesidades nutricionales de todos los miembros del hogar.

- El Director del Programa Mundial de Alimentos visitó Colombia y se pronunció sobre la situación alimentaria de los desplazados. (03/2004)

Jean-Jacques Graisse, Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), visitó Colombia durante cuatro días y puso el tema de la crisis alimentaria sobre la mesa con el presidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón.

Según Graisse, la crisis humanitaria de las personas en desplazamiento es complejo, si se tiene en cuenta que el país tiene la población desplazada más grande del hemisferio occidental. Señaló que “más de la mitad de estos desplazados son mujeres y niños, quienes son especialmente vulnerables cuando viven en circunstancias tan difíciles”.

Asimismo, destacó que el 80 por ciento de las personas desplazadas no tienen acceso a los alimentos y viven en condiciones de emergencia humanitaria. Esta afirmación se ratifica en el más reciente estudio que hizo este organismo sobre el tema en 2002: “Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada por la violencia en Colombia”.

De acuerdo con este documento, los hogares desplazados se ven obligados a comprar la mayoría de los alimentos que consumen. Es decir, que el 80 por ciento de los alimentos son comprados, el 17 por ciento subsidiados y sólo el tres por ciento son obtenidos por autoconsumo.

“Resulta increíble que estas personas gasten entre el 60 y 70 por ciento de lo poco que ganan para conseguir alimentos”, expresó Jean-Jacques Graisse, quien concordó con una de las conclusiones del informe rendido por el Alto Comisionado para los Refugiados, Kamel Morjane, durante su visita a Colombia: “La situación de los desplazados es comparable fácilmente con los desplazados por las guerras que hay en el África Subsahariana”.

Tras conocer más de cerca la problemática alimentaria que viven las personas en desplazamiento a causa del conflicto colombiano, Graisse, destacó que para cualquier Estado en el mundo resulta difícil garantizar el alimento a todos sus habitantes, pero que en Colombia el principal problema es el acceso.

El acceso tiene lectura desde dos perspectivas: uno, porque las personas no cuentan con los recursos para comprar los alimentos y segundo, los grupos armados ilegales impiden el ingreso del personal del PMA para llevar la ayuda.

Uno de los principales propósitos para el PMA, atendiendo recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), consiste en duplicar la asistencia a más personas en desplazamiento. Para el director de este organismo en Colombia, la idea es pasar de las 350 mil personas que atienden en la actualidad, a 700 mil a finales del 2005.

Este trabajo, que se inició en enero pasado, también requiere duplicar la inversión anual que el PMA con cooperación del Gobierno Nacional realizan entre los 12 y 13 millones de dólares. Es decir, que la inversión debe alcanzar los 26 millones de dólares.

Uno de los objetivos para este año es entregar 16 mil toneladas de alimentos para 375 mil beneficiarios aproximadamente. Así mismo, a mediados del 2004 se iniciará un estudio más amplio al realizado en 2002, para determinar la situación alimentaria de las comunidades en desplazamiento. Esta investigación contará con el apoyo de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el PMA.

Fuentes: Principales diarios de Colombia
Elaboración: Comisión Andina de Juristas