1. Se han cumplido ya cinco meses desde la presentación del Informe Final de la CVR (28 de agosto de 2003) y doce años de las desapariciones forzadas y el asesinato de autoridades en Chuschi(1). Con algunos días en prisión, el capitán de la Policía Luis Mariano Juárez Aspiro se decidió a contar lo que verdaderamente ocurrió la noche del 14 de marzo de 1991, en ese pueblo de Ayacucho, en que desaparecieron –hasta hoy-, por acción de una patrulla del Ejército del Cuartel Pampa Cangallo al mando del entonces teniente Collins Collantes Guerra, conocido por el seudónimo de "Peco". En la medianoche del 14 de marzo de 1991 secuestraron al alcalde de Chuschi, Manuel Pacotaype Chaupín; al funcionario edil Martín Cayllahua Galindo; al teniente gobernador Marcelo Cabana Tucno, y al joven de 15 años, Isaías Huamán Vilca, desaparecidos hasta el día de hoy.

También reveló que el efectivo militar le mostró una lista en la que aparecían los nombres de las tres autoridades de Chuschi que esa noche fueron secuestradas porque, según un informante, habían participado en un atentado subversivo en la comunidad de Pomabamba (Distrito María Parado de Bellido – Ayacucho). Afirmó que el militar aludido le comunicó que habían planeado simular un ataque subversivo para ocultar la detención. Juárez Aspiro aseguró que ninguno de los policías participó en el secuestro y que una patrulla policial salió de Chuschi pero esto fue luego de la incursión que los militares quisieron hacer pasar por subversiva.

Juárez Aspiro sostuvo ante el juez que no relató antes lo sucedido porque había sido presionado por efectivos militares, quienes incluso amenazaron a su familia. Añadió que a raíz de la reactivación del proceso este año el propio Collantes Guerra lo buscó y lo instó a continuar en silencio.

EL PROCESO: En 1993 se inició un proceso penal sólo contra cinco policías de la comisaría de Chuschi, pero se archivó en 1995 por la Ley de Amnistía. El caso se ha reabierto en el Juzgado de Huamanga, nuevamente sólo contra los policías. Paralelamente, el Juzgado Mixto de Cangallo abrió instrucción incluyendo al mayor del Ejército Collins Collantes Guerra y al coronel (r) Mario Caldas Dueñas, dictando orden de detención contra todos. Los militares siguen libres.

2. El ex comisionado (CVR) Carlos Tapia, hoy investigador del Centro de Promoción y Desarrollo Popular - Ceprodep, propone que los ronderos y los miembros de los comités de autodefensa se conviertan en integrantes de una Policía Rural. Sostiene que no es necesario que el Ejecutivo desembolse grandes cantidades de dinero para empezar a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), pues hay propuestas que no necesitan de muchos recursos económicos, como los que se destinarían a la progresiva capacitación de ronderos y miembros de los comités de autodefensa para que la integren(2).

Tapia recordó que el informe final de la CVR plantea la creación de esta policía especializada como parte de las recomendaciones institucionales(3), como uno de los mecanismos para fortalecer la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, que respete la organización popular, las identidades locales, la diversidad cultural, y promueva la participación ciudadana.

FUNDAMENTO: Se trata de autoridades que conocen y respetan la identidad local y la diversidad cultural de las comunidades, especialmente de las más afectadas por la violencia política. El Gobierno debiera estar en capacidad de iniciar un plan piloto este mismo año aprovechando el próximo proceso de admisión a la escuela técnica de la Policía Nacional del Perú para incorporar a un grupo de ronderos. Sostiene Tapia que es un error que se continúe enviando policías de la costa a los distritos más alejados de la sierra, que no saben hablar quechua ni conocen la idiosincrasia del lugar. Un ejemplo es el caso de la comunidad ayacuchana de Vinchos, donde se ha instalado nuevamente un puesto policial, en el que ninguno de los cuatro efectivos destacados habla quechua.

Tapia ha advertido que existe una errada política de destaques en la Policía Nacional. Ella ha consistido siempre en trasladar a los distritos alejados a los policías que eran considerados como conflictivos, transformando lo que debería ser una diligencia policial en una especie de medida disciplinaria. Advirtió que en este momento se está cometiendo el mismo error que permitió que se produzcan violaciones a los derechos humanos como parte de la lucha contrasubversiva.

En 1985 había 112 mil efectivos policiales y ahora hay 92 mil. Por lo que se puede aumentar el ingreso a la escuela de la policía, con jóvenes de los comités de autodefensa, que tengan entre 18 y 25 años y hayan terminado la secundaria, pero con el compromiso de que van a regresar a sus comunidades. Sin coordinación, cooperación o supervisión estatal, los ronderos están experimentando un preocupante sentido de frustración, descontento y confusión, que los puede llevar a colaborar con grupos delictivos. Explicó que a pesar de que en muchos lugares ya no se evidencia presencia subversiva, y se ha levantado el estado de excepción, continúan existiendo los comités de autodefensa, sólo que ahora no hay un ente que los supervise.

3. SENTENCIA A VIOLADORES DE DDHH: Este año deben comenzar los procesos contra los militares y policías que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) responsabilizó de violadores a los derechos humanos, y fueron denunciados ante el Ministerio Público hace cuatro meses(4), demandó el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Soberón Garrido. Señaló que el 2004 debe ser el año del "juicio y sentencia" de los efectivos del orden involucrados de graves crímenes contra la humanidad, porque la justicia es indispensable para iniciar el proceso de reconciliación, tras las dos décadas de violencia interna en el país.

"El gobierno tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios al Ministerio Público y el Poder Judicial en este año para iniciar estos procesos y culminar las exhumaciones de los restos enterrados en fosas comunes", declaró a la agencia de noticias ANDINA. Es inconcebible que la Fiscalía de la Nación haya tardado hasta tres meses para transferir a las fiscalías provinciales los expedientes que le entregó la CVR, en los que se incluyen evidencias que son de gran ayuda para la investigación, porque la demora ha retrasado el proceso de justicia.

A su vez, invocó al Ejecutivo a iniciar de una vez el Plan Integral de Reparaciones (PIR) propuesto por la CVR en su informe final, sin descartar la posibilidad de entregar indemnizaciones individuales o reparaciones simbólicas. Recomendó, además, que se tome en cuenta las reformas institucionales planteadas en el mismo documento para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sector Justicia y otras instituciones del Estado, con el fin de que los sucesos que terminaron con la muerte y desaparición de 69 mil peruanos no se repitan jamás.
4. Con la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional de Descentralización (CND), el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de la Juventud (Conaju) se puso en marcha en Sivia, localidad de la selva alta de Huanta, Ayacucho, el Plan de Paz y Desarrollo(5) anunciado a fines del año pasado por el Gobierno como una respuesta a una de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que era la atención de los excluidos y víctimas de la violencia terrorista.

Con este convenio se abrirán las puertas de los cuarteles a los jóvenes de 18 años para que culminen sus estudios o aprendan algún oficio. La idea es proporcionar capacitación técnico-laboral y apoyo educativo a través del servicio militar voluntario(6) a jóvenes de las zonas donde se aplicará el Plan de Paz y Desarrollo a fin de facilitar su inclusión en la vida económica y social de sus regiones.

Defensa, y el Consejo Nacional de Descentralización (CND), en tanto que ente coordinador del Plan de Paz y Desarrollo, junto con el Conaju son responsables de incorporar por vía del convenio hasta nueve mil jóvenes en este programa de movilización juvenil. Se trata de que tengan la posibilidad de terminar sus estudios primarios y secundarios, seguir carreras técnicas y capacitarse como peritos agropecuarios, carpinteros, matriceros, mecánicos, entre otras ocupaciones. De este modo se espera mejorar su capacidad personal, así como su nivel de oferta en el mercado laboral.

Se trata de conectar los valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) con el mundo, y para ello se inaugura un sistema de antenas parabólicas que permitirán a todos los municipios del VRAE comunicarse con el mundo a través de Internet.

(1) Véase en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Primera Parte. El proceso, los hechos, las víctimas. Tomo VII, Capítulo 2: Los casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, páginas 504 a 510. Primera edición, noviembre de 2003.

(2)La CVR dice: "Fortalecer la institucionalidad de las rondas y comités de autodefensa (CAD), adecuadamente reglamentada. Estudiar la posibilidad, en el mediano plazo, de conformar una policía rural" (1.5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS).

(3)Véase Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuarta Parte. Recomendaciones de la CVR hacia la reconciliación. Tomo IX, Capítulo 2, páginas 125 a 126. Primera edición, noviembre de 2003.

(4)Véase Informe Anual sobre la Región Andina / enero 2004, Los Desencuentros del Poder, de la COMISION ANDINA DE JURISTAS, páginas 74 y 75.

(5) Plan de Paz y Desarrollo 2003-2006, para los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y las provincias de Satipo y La Convención. Decreto Supremo Nº 092-2003-PCM, del 21/11/2003.

(6) EL servicio militar es facultativo en todo el Perú.