Con relación a la destitución de los magistrados de la Corte Suprema del Ecuador por parte del Congreso de ese país, la Comisión Andina de Juristas expresa ante la opinión pública lo siguiente:

1. Esta decisión constituye una grave interferencia en los asuntos propios del Poder Judicial del Ecuador, lo cual conspira contra el equilibrio y separación de poderes que debe caracterizar a un Estado Democrático de Derecho.

2. Que el Congreso haya procedido, a través de una mayoría simple, a la destitución de 27 magistrados de la Corte Suprema de la República y a la designación de sus reemplazantes, afecta las normas y procedimientos constitucionales vigentes.

3. Contar con un Poder Judicial, fuerte, autónomo e independiente del poder político, es un requisito básico para la consolidación de la democracia y una garantía para la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las críticas y cuestionamientos que pueden generar los sistemas judiciales no deben dar lugar a decisiones que afectan la esencia misma de la independencia de poderes.

4. Hacemos votos para que la crisis institucional que vive actualmente el Ecuador se resuelva por la vía del diálogo, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución del Estado y en concordancia con los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana.

Lima, 14 de diciembre del 2004.