ANTECEDENTES LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

 

Augusto Ramírez Ocampo

Ex Canciller de la República de Colombia, Miembro de la Comisión Andina de Juristas

 

 

Muy buenos días, ante todo debo decirles que me complace muchísimo la presencia de todos ustedes en Colombia y muy en particular de la Comisión Andina de Juristas, que desde su creación ha prestado  importantes servicios a nuestros países.

 

Me honro en pertenecer a la Comisión y he tenido la suerte de trabajar muchas veces con el Dr. Diego García Sayán, desde ONUSAL, la Misión de Paz de Naciones Unidas en El Salvador, laboramos juntos por la Paz y los Derechos Humanos en ese país y luego en el curso de todos estos años he sido testigo de su actividad, primero para poder volver a la democracia peruana por su concurso en  la Corporación “Transparencia” y de su extraordinaria actuación en la Comisión que organizó la OEA en el Perú. Luego como Ministro de Justicia y últimamente como Canciller del Perú donde, precisamente, fue uno de los grandes autores de la Carta Democrática Interamericana. Su presencia realza mucho la importancia que la Comisión le da a estos Cursos, que han servido a lo largo y ancho de nuestra sub región para preparar a numerosos  profesionales de alto nivel en el   desempeño  de sus responsabilidades.

 

Un gran esfuerzo Latinoamericano

 

Voy a referirme al tema de la puesta en marcha de la Carta Democrática Interamericana, para efectos de señalar algunos antecedentes, luego algunas de las aplicaciones de normas parecidas y luego someramente de las normas propias de la Carta.

 

Ante todo debo decir que los procesos diplomáticos Internacionales, son aún mas lentos que los nacionales lo cual es mucho decir, por lo menos en Colombia.

 

Desde cuando  se imagina alguna cosa hasta cuando se logra verla realizada, pueden pasar -en el caso de las hidroeléctrica- unos 40 o 50 años, y en casos simples como un puesto de salud en Bogotá por ahí 12 o 18 meses  para pegar el primer ladrillo.  Concluir consensuadamente textos normativos internacionales  requiere demasiado tiempo y mucho trabajo. Yo diría que la primera semilla de la CDI fue sembrada en 1948 en la Carta de Bogotá, es decir ya vamos para 60 años, en los cuales se aceptó solamente una mención al tema de la democracia en el Preámbulo de la Carta de la OEA.

 

Naturalmente, el fenómeno no podía ser distinto porque,  como ha sido ahora demostrado por el informe de las Naciones Unidas, sobre la democracia había solamente en el Continente tres países que, podría decirse,  contaban con regimenes democráticos. De haberse aplicado la norma  que la Organización de Estados Americanos fuera una organización democrática, obviamente hubiera tenido que excluirse a la mayoría de  sus miembros. Esa situación empezó a cambiar muy sustancialmente hace unos 25 años, en la famosa transición democrática de los años 80s cuando  ciertamente empezaron a caer unas tras otras las dictaduras latinoamericanas.

 

Los caudillos militares  durante mucho tiempo sirvieron para caricaturizar lo que eran los regímenes de nuestra Región, o sea, unos regímenes con la bota militar en la cabeza, gobernados por tiranuelos, señores de vidas y haciendas, de los cuales sobreviven maravillosos  testimonios novelados.  Pero la transición democrática de los años 80 tuvo un problema; coincidió con la década perdida, la primera “década perdida” desde el punto de vista económico que había tenido América Latina en toda su historia.

 

América Latina finalmente había crecido sin pausa, en términos por lo menos convencionales, medidos por los parámetros en boga. Había crecido todos los años de su vida estadística. Inclusive Colombia creció por más de 60 años, del siglo XX, a una tasa de  4,5 acumulativo anual, que no volvimos a repetir aunque fue, junto con Chile, los únicos dos países que continuaron mejorando su PIB durante los años de estancamiento. O sea que simultáneamente la región produjo la transición democrática y la década perdida.

 

Esto fue muy perjudicial para  la democracia, porque en ciertos sectores y países creó una  especie de síndrome según el cual la democracia no serviría para hacer desarrollo social, ni desarrollo económico, y que seguramente algunos super hombres eran más hábiles para poder hacer desarrollo sin necesidad de estar constreñidos a todas las normas que supone un sistema democrático. Sin embargo, ocurrieron en el continente varios acontecimientos de mucha trascendencia que le abrieron la puerta a la transición democrática y que empezaron también a construir la posibilidad de establecer normas que, con alguna capacidad coactiva, pudieran tratar de generalizarse en el continente por medio de acciones colectivas.

 

Suelo mencionar el caso de Contadora porque me parece que es bastante paradigmático. Contadora, tal vez todos ustedes lo recuerdan, fue el esfuerzo que adelantaron México, Venezuela, Panamá y Colombia con el propósito de contribuir a la paz en América Central, que luego se vio enriquecida con la acción del llamado grupo de países amigos, que por cierto, nacieron en el Perú por una decisión que se fraguó el día mismo en que se posesionó  de la presidencia el Dr. Alan García. Esos cuatro países amigos, del Grupo de Contadora Argentina Brasil, Uruguay y Perú, constituyeron una fuerza de  ocho países, determinantes en la suerte de América Latina.

 

Por esa vía fue posible crear dentro del hemisferio, tal vez el primer movimiento colectivo en el cual se rescató la posibilidad de que los propios latinoamericanos se hicieran cargo de sus problemas y no fueran simplemente conducidos por la hegemonía y el hegemón del norte. El episodio fue interesante porque ocurrió nada menos que durante el gobierno del Presidente Reagan que sostenía aquella tesis del “Imperio del demonio”.  Todavía estaba viva la Guerra Fría,  las dos grandes potencias sobrevivientes enfrentadas en las llamadas, con mucho eufemismo, guerras de baja densidad, que significaba que no se mataban entre si los Rusos con los Norteamericanos sino que se mataban unos latinoamericanos contra otros por cuenta de las dos superpotencias.

 

En ese sentido se logró ir desactivando la confrontación de los agudos niveles  de la Guerra Fría con el propósito que los centroamericanos tomaran conciencia, se adueñaran de su situación y la resolvieran por sus propias decisiones. Fue curioso establecer que  hasta entonces los presidentes centroamericanos apenas se habían reunido dos veces en toda su historia, a pesar de que  durante la Colonia y los albores de su independencia constituyeron una sola nación. “La Capitanía de Guatemala”, de la misma manera en que lo fueron Venezuela, Ecuador y Colombia, en la época de la Gran Colombia.

 

Pues bien, finalmente  ese esfuerzo colectivo  se tradujo en un proyecto de tratado público, el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, hoy lamentablemente archivado, que quiso ser una especie de  auténtica Constitución Multinacional que incluyó compromisos sobre asuntos Políticos, de distensión, reconciliación, derechos humanos, procesos electorales y parlamentarios. Compromisos sobre asuntos de Seguridad, de maniobras militares, armamentos, efectivos militares, bases y asesores militares, tráfico de armas, prohibición de apoyo a fuerzas irregulares, terrorismo, subversión sabotaje. Compromisos sobre asuntos Económicos y Sociales y en materia de refugiados. Por este  enunciado se observa que va mucho más allá de la proclamada Constitución Europea y  que contribuyó decisivamente a establecer el principio, que empieza a aplicarse hoy en América Central, con respecto a el Tratado De La Seguridad Democrática,

Finalmente  se logró hacer la paz y realmente el tránsito hacia la democracia de la América Central fue muy ejemplar. Pienso que deberíamos varias veces volver los ojos hacia lo que allí se ha hecho, sobre todo en la definición de lo que es la seguridad democrática y, la manera de preservarla que, por lo menos  en Colombia, ha sido bastante perturbada por nuevos y continuos acontecimientos de nuestra política activa nacional.

 

Con base en esa fuerza de los ocho países se logró en 1985, modificar la Carta de la OEA por medio del Protocolo de Cartagena de Indias en una Asamblea Extraordinaria culminación de un proceso iniciado en 1973, cuando a iniciativa del Perú,  se constituyó una comisión de estudios del sistema interamericano con el propósito de modificar la Carta. Pero había una obstrucción insuperable que consistía en las dificultades de Guatemala con Belice, y en las dificultades de Venezuela con Guyana, que hacían absolutamente imposible que pudiéramos entrar a los temas que realmente paralizaban la acción de la OEA. En Cartagena removimos ese obstáculo, gracias precisamente a todos los esfuerzos de Contadora y su Grupo de Apoyo.

 

Por primera vez en el artículo 2 de la Carta se estableció que la OEA debería ser  una organización democrática y que debería tener como una de sus funciones la promoción de la democracia en América Latina. Ese fue un paso considerable, que se añadió a la facultad establecida a favor del Secretario General de la Organización, también por primera vez, sobre su  capacidad de tener iniciativa. El Secretario General de la OEA era un empleado del Consejo Permanente y no podía hacer absolutamente nada que no le fuera ordenado por el Consejo Permanente, eso inhibía por completo su capacidad de acción porque  el Consejo se maneja prácticamente siempre por consensos difícilmente obtenidos.

 

Se le entregó al Secretario General la misma norma que tiene en las Naciones Unidas, o sea que  tiene ahora capacidad de iniciativa y puede por lo tanto proponerle a los países que hagan algo.

Aprobado el Protocolo de Cartagena de Indias, obtenidas las ratificaciones que se necesitaban, durante   la Asamblea General de Santiago de Chile de 1991 se aprobó la resolución 1080,  conocida como el Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia,  que otorga la capacidad a cualquier  país miembro,  a un grupo de países, o al Secretario General de la Organización, en el caso de  una flagrante violación del  sistema institucional democrático, de convocar a un Consejo Extraordinario a los Cancilleres de la Organización a fin de considerar la situación específica interna de ese país. Yo diría que ahí cambió sustancialmente la doctrina prevaleciente en la OEA;  de no injerencia no intervención, y autodeterminación de los pueblos.

 

América Latina por razón que le ha tocado vivir al alero de la hoy única super potencia sobreviviente, pues ha tratado por la vía de los principios impedir la  injerencia en los asuntos internos. Ya se han tenido suficientes experiencias en esa materia y todas están frescas desde la de Guatemala, República Dominicana, Granada y Panamá, y muchas otras  indirectas en El Caribe y en el resto del hemisferio.

 

En el Protocolo de Cartagena de Indias se ratifico el pluralismo que habíamos defendido ardientemente en muchos países, y que había sufrido mengua   a propósito de la Presidencia de Salvador  Allende, en Chile y anteriormente con la resolución que se había aprobado en Punta del Este para excluir a Cuba del sistema Interamericano.

 

Por supuesto, el hecho de que se pudiera establecer una norma en la cual decía que la OEA debía promover la democracia en los países, no parecía muy compatible con la posibilidad de mantenerse neutral frente a la situación interna de cada uno de los países y a las de sus propias decisiones y, al mismo tiempo, era una herejía pensar que se pudiera realmente actuar en  cualquier país de la América Latina.

 

Después de aprobada en 1991 esta Resolución, vino otra reforma de la Carta, la llamada  Protocolo de Washington de 1992, que determinó el aislamiento de todo país en donde, por un golpe militar u otra causa,  un gobierno democráticamente elegido era echado por tierra o gravemente alterado su curso institucional  pues ese país debería quedar, mientras no se restableciera la situación democrática, privado de derecho  a participar en cualquiera de los órganos de la Organización de Estados Americanos. Sanción que sin norma que la respaldara, se había impuesto treinta años antes contra Cuba.

 

En el mismo año de 1991 se presentó el primer episodio. El General Raoul Cedrás, defenestró  al Presidente Arisitide, en Haití.  La OEA actuó de manera inmediata, se puso en acción la Resolución 1080 y por lo tanto se creó la comisión OEA DEMOC-HAITI, que tuve el honor de presidir y se comenzó el esfuerzo de restituir al Presidente Arisitide en el poder.

 

Por esa vía se llegó a un acuerdo con  el Senado y la Asamblea de Haití a fin de,  sobre la base de aplicar estrictamente la Constitución vigente que había  sido copiada por los haitianos de la Constitución Francesa, se eligiera un Primer Ministro y el Presidente pudiera regresar a su país.  Esa fue la primera experiencia en que se puso en marcha la Resolución 1080 de 1991, como una acción colectiva. Y aunque no culminó como estaba pactado con los golpistas en la restauración del Presidente Aristide, porque   el General. Cedrás  produjo una serie de acciones que no viene al caso enumerar, y que concluyeron en la violación del Acuerdo firmado solemnemente en Washington.

 

Luego vino la primera acción conjunta de la OEA con Naciones Unidas que culminó mal también. Esa acción conjunta la dirigió Dante Caputo, ex Canciller argentino que había sido colega nuestro en Contadora y que renunció precisamente porque al final de cuentas pasó lo que tenía que pasar: los marines desembarcaron o mejor aterrizaron en Haití y de esa manera salió el Jefe del cuartelazo. La madre de todas las desventuras porque después veremos cómo se ha repetido la historia triste de ese país.

 

Vino en seguida el Fujimorazo; a pesar de que el Presidente Fujimori había sido elegido democráticamente resolvió cerrar el Congreso; resolvió que  cerrando el Congreso sí iba a poder hacer desarrollo económico; iba a poder derrotar a Sendero Luminoso y a las guerrillas; iba a poder garantizarle la prosperidad al Perú, y realmente en una primera instancia pareció que tenía muchísimo apoyo del pueblo peruano. Aún así, la OEA convocó a somaten y se reunieron los cancilleres con base en la Resolución 1080, se envió una Comisión, llamémosla investigadora porque así no se llamó, pero era para ese propósito, y luego de varias visitas de esa Comisión se llegó a una fórmula por virtud de la cual el Presidente Fujimori aceptó convocar a nuevas elecciones para elegir una Asamblea Constituyente y para posteriormente volverse a engranar en un sistema democrático.

 

Esa aplicación de la Resolución 1080 conlleva unos ribetes adicionales, complejos, que seguramente tendrán que ser elaborados día por día, porque en Haití la decisión era muy fácil, un golpe militar en que el Gral. Cedrás, Comandante del Ejército, sacó violentamente al Presidente   Arisitide;  en el caso de Fujimori fue un autogolpe en el cual tomó unas decisiones y de cierta manera la OEA asumió funciones mucho más complejas, como era determinar que en un país se había violado su Constitución porque habían cerrado el Congreso. Ese es otro punto de avance y de inflexión de mucha trascendencia, a mi juicio, para el análisis.

 

En el año1992, vinieron dos intentos de golpe militar puro y duro en Venezuela del entonces Coronel Chávez,  contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. En ese momento la OEA actuó de manera fulminante e inmediata también, pues aparte que el Presidente y las Fuerzas Armadas de Venezuela, y que el pueblo venezolano rodeó a su Presidente legitimo, de todos modos el mecanismo de la 1080 funcionó de manera muy inmediata.

 

En 1993 vino el “Serranazo” o sea el autogolpe del Presidente Serrano elegido popularmente en Guatemala. Cerró el Congreso, cerró la Corte Suprema de Justicia, echó al Defensor del Pueblo, echó al Procurador General de la Nación, y suspendió cuarenta y cinco artículos de la Constitución. Frente a esa situación nuevamente se aplicaron  dos instrumentos adicionales: éste de la OEA, y uno propio de la subregión centroamericana que operaron con muchísima eficacia. Lo que ocurrió muy rápidamente fue que, el Presidente Serrano renunció, se exilió en Panamá y  entró a sustituirlo precisamente quien era el Defensor del Pueblo por una elección y una salida absolutamente constitucional del proceso.

 

El quinto episodio después de la Resolución 1080 fue el del Paraguay. En este país el Presidente Wasmossy resolvió relevar de su cargo al Comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Lino Oviedo. Paraguay ya se había librado de Stroessner, y en ese momento el Gral Oviedo se atrincheró en su comandancia, alegando que  no aceptaba esa decisión. Nuevamente la OEA actuó con mucha celeridad y eficacia, inclusive el Secretario General de la OEA fue allí, y junto con el MERCOSUR forzó la aplicación de la orden presidencial.

 

Ya para entonces tanto la SIECA, MERCOSUR Y LA COMUNIDAD ANDINA habían incluido en sus estatutos la cláusula democrática de la cual había sido precursora el Grupo de Río, creado por el Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, entre otros propósitos para seguir el ejemplo de la Unión Europea que desde su origen exigió a sus miembros la plena vigencia de un régimen democrático. Es decir, del Grupo de Río no pueden formar parte sino los países demócratas.

 

En este nuevo escenario se vivieron los acontecimientos del Perú después de las reiteradas elecciones del Presidente Fujimori. El sistema hemisférico jugó un papel determinante en apoyo de hacer respetar el regimen electoral. Las numerosas acciones  encabezadas por Transparencia una organización de la Sociedad Civil en la cual se destaco la tarea del Dr. Diego Garcia Sayan y sus compañeros que lograron una estricta vigilancia de las elecciones por medio de la OEA que culminó en la renuncia y huida al Japón de quien trataba de torcer la voluntad popular. Fue entonces elegido por el Congreso para llevar a cabo la transición democrática el Presidente Valentín Paniagua quien se ganó, gracias a su inmaculado proceder, el respeto de sus compatriotas y el aprecio del hemisferio. 

 

En el Ecuador se presentaron dos discutibles procesos los de los Presidentes Bucaram y Mahuad: El primero salió del país y el Congreso lo declaro inhábil mental para ejercer el poder. Sin embargo en una transición que fue justamente criticada como inconstitucional lo sucedió el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa Fabian Alarcón en lugar de la Vicepresidenta, una mujer educadora de altos quilates intelectuales y morales a quien correspondía la sucesión.

 

Luego ocurrió la forzada salida del Presidente Mahuad por la presión de movimiento indígena que culminó con un golpe de Estado con el apoyo militar que duró una noche hasta la posesión del Vicepresidente elegido democráticamente Alvaro Noba, también bajo la presión internacional comprometida con la defensa colectiva de la democracia

 

Todas estas  experiencias hasta aquí revelan algo de mucha importancia. Las Américas habían venido construyendo lentamente unos procedimientos que le garantizaran la seguridad de que no haríamos la regresión a los golpes militares y  eso ha funcionado con  eficacia por medio de las acciones colectivas que he dejado descritas.

 

En el caso colombiano por ejemplo, cuando el doloroso episodio de la financiación de la campaña del Presidente Samper, por narcotraficantes, hubo un ambiente conspirativo muy grande contra el Gobierno, que estaba muy desprestigiado, y hubo un puñado de lideres  colombianos, procedentes de varios sectores,  que empezaron a fraguar reemplazarlo por un golpe de Estado, de civiles y de militares. En esa dirección cometieron la felonía de ir a consultarle al Embajador de los Estados Unidos, si producían el golpe  o no. Por supuesto la idea fue rechazada de plano por la diplomacia norteamericana que, debe reconocerse, en estos últimos años ha actuado conforme lo establecido en los compromisos consagrados dentro de la OEA.

 

Siempre he recomendado estudiar el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica sobre el cual no me voy a explayar porque  tomaría mucho tiempo, y los documentos que han venido creándose, también lentamente a partir de la reunión de los ministros de defensa del continente, desde Williams Bourgh, a Bariloche, a Santiago de Chile, a Cartagena, en los cuales se ha consagrado también una doctrina que recoge explícitamente la Carta Democrática Interamericana sobre la sumisión de toda autoridad institucional al poder civil y por ello su adhesión a la democracia.

 

Llegamos a Québec y a Costa Rica en la cual ya toma cuerpo la Carta Democrática Interamericana   con el liderazgo evidente del Perú, primero del gran latinoamericano que es don Javier Pérez de Cuéllar, que fue Secretario General de las Naciones Unidas cuando se desempeño como Primer Ministro de su país, Diego García Sayán, Allan Wagner y Manuel Rodríguez  los Cancilleres que han sucedido a Pérez de Cuellar  que todo eso obedece a una tradición y yo diría que a una misma cultura, porque fueron los grandes iniciadores además de todo del movimiento de “Transparencia” en el Perú y de cierta manera también de los acuerdos nacionales.

 

Empieza así a trabajar en Costa Rica una comisión encargada de redactar la Carta. Se convoca a una Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima. Esta coincide ni más ni menos con el colapso de las Torres Gemelas el fatídico septiembre 11 de 2001.

 

La Carta Democrática Interamericana recoge temas  muy fundamentales de lo que debería hacer la democracia. La definición que en dos o tres párrafos apretados da la Carta sobre lo que es la democracia representativa y lo que eso significa,  le da una dimensión  mucho mayor de lo que generalmente mi generación le reconocia a este insustituible sistema de gobierno.  Nos fijábamos mucho más en el tema del régimen democrático, nos preguntábamos exclusivamente por si había o no elecciones libres y limpias y pare de contar, La Carta  Interamericana mira a la democracia, con una dimensión integral. El Dr. Diego García-Sayán, anoche, en su charla magistral, hizo hincapié en esto como punto fundamental de partida para la defensa de los Derechos Humanos; realmente es muy difícil imaginarse la vigencia  de los Derechos Humanos  en un régimen que no sea un escudo de libertad y promotor de los derechos y deberes de los ciudadanos.

 

Luego, es la vigencia de un Estado de Derecho. Si no se respeta un Estado de Derecho tampoco hay democracia. La separación e independencia de los poderes;  la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos, la participación ciudadana como un derecho y un deber; que puede ejercerse por medio de la sociedad civil organizada, tan execrada por los políticos, de la misma manera que los políticos son vilipendiados  por las Organizaciones No Gubernamentales. Es lo que se llamaría una incompatibilidad de caracteres,  realidad profunda, muy desventurada para la marcha de una democracia integral, que requiere la aceptación de lo público como un espacio no monopolizado por la política y los políticos, así como el reconocimiento que la Democracia Representativa es necesaria para avanzar hacia la Democracia Participativa.

 

Claves de la Carta Democrática Interamericana

 

Acatar la  necesidad de elecciones periódicas, libres y justas, el sufragio universal y secreto, la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos, la subordinación de las instituciones al poder civil y la eliminación de toda clase de discriminación, son principios inevitables que  todavía encuadran los viejos conceptos de la democracia. Pero se les añade un sabor distinto en la Carta Democrática Interamericana cuando se recrea un punto fundamental: el tema de los derechos económicos y sociales. Ahí hay un aspecto mayor, un punto de mucha trascendencia.

 

¿De qué estamos hablando, cuando hablamos de la democracia hoy en nuestra América? Me he fijado mucho en América Latina, pero la Carta Democrática Interamericana al final también la suscribieron Estados Unidos, y Canadá, y todos los países caribeños. Según mi propia experiencia, en el orden jurídico internacional para los Estados Unidos sólo vale lo que está relacionado con su seguridad nacional tal como ellos la conciben, la emplean y la ejercen. En cuanto y tanto tenga que ver con sus propias definiciones  no por sus compromisos con la comunidad internacional. Los Estados Unidos no han aceptado entrar a la Corte Penal Internacional, o hacer parte del Protocolo de Kyoto por esta razón.

 

Habrá sido por la tragedia de las Torres Gemelas que el señor Collin Powell firmó en Lima apresuradamente la Carta, pero sigo creyendo que realmente esto es un esfuerzo mucho más latinoamericano que norteamericano. Cuando la Carta establece una correlación esencial entre la democracia, la pobreza, el analfabetismo, la necesidad del desarrollo humano sustentable, los derechos de los trabajadores y por lo tanto mira a la democracia vinculada al desarrollo integral, económico, social y cultural, me parece que realmente le da a la democracia el sentido que en el siglo XXI debería tener.

 

Quiero llamar la atención al hecho de que en todo este esfuerzo, el Informe Sobre el Estado de la Democracia en América Latina PRODDAL promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha hecho un aporte sustantivo. El Informe fue presentdo públicamente el 24 de Abril de 2004 en Lima y afirma que la democracia no es el régimen democrático solamente, el  régimen democrático es esencial y punto de partida, pero la democracia no puede ser hemipléjica, la democracia de electores en la hora actual es una democracia que no cubre las necesidades de lo que debería ser la verdadera democracia.

 

Ahora bien, el tema es polémico. Nosotros los colombianos en la Constitución de 1991, establecimos los derechos fundamentales que son  de ejecución inmediata, susceptibles de tutela. Pero los derechos civiles y sociales son unos derechos de la segunda y tercera generación, inclusive los derechos ecológicos. El propio derecho a la democracia que proclama la Carta. Pero, asegurar esos derechos, llevar de verdad a la práctica la aplicación de los derechos civiles, económicos y sociales es  difícil, costoso y exige voluntad política, poder del Estado y recursos suficientes.

 

En los estudios que hicimos para PRODDAL  el profesor O’ Donnell hace ver que la democracia de los países del primer mundo es distinta a la democracia latinoamericana porque en las democracias europeas fueron primero los derechos civiles, después los derechos sociales y solamente después llegaron los derechos políticos. En nuestras democracias fue exactamente al revés, nosotros llegamos primero a los derechos políticos y generalmente,  se han olvidado los derechos civiles y los derechos sociales. Es decir, la democracia latinoamericana tiene una debilidad insoportable y es que está construida sobre dos patas que no le dan suficiente vigor y sustento: pobreza y desigualdad. Ahora habría que agregar el otro cáncer que es la corrupción.

 

Con la pobreza y la desigualdad más alta del mundo -más que la africana o que la asiática- para qué mencionar los países. Pobreza en la cual la mitad de los latinoamericanos sigue viviendo; es decir, 225 millones de latinoamericanos están por debajo de la  llamada eufemísticamente línea de pobreza y el 20% de ellos están en la miseria, es decir  no tienen más de un dólar diario para vivir.

 

Esta parte económica, social, cultural de la Agenda Democrática sería interesante saber  cómo va a ser desarrollada por la Carta. Otra de las grandes interrogantes es si la  Carta Democrática Interamericana  es o no jurídicamente vinculante. Pienso que el movimiento se demuestra andando. La verdad es que la Carta Democrática Interamericana fue una Declaración dentro de una Asamblea Extraordinaria de la OEA, aprobada por consenso, o sea por unanimidad; que pone en práctica principios desarrollados a lo largo de los años, eso sí en base a fórmulas vinculantes. Cuando la Carta de la OEA, ratificada hoy conforme a derecho, establece que los países que la integran tienen obligación de  promover la democracia, y establece sanciones por no hacerlo y ha estado dando ejecución a principios ya establecidos; en ese sentido podría decirse por encima de  cualquier ardua disquisición jurídica que la Carta se esta aplicando.

 

Ya se tuvo esa discusión en el primer año de su conmemoración, en una preciosa reunión que organizó el Perú invitando a políticos, miembros de las organizaciones no gubernamentales y allí  discutimos abiertamente con Pérez de Cuéllar y con algunos otros juristas  que sostienen que la Carta Interamericana sí es jurídicamente vinculante, y con quienes afirman lo contrario. Juzgo adecuado aceptar  con la tesis de que   la Carta Democrática, aunque con dificultades, ya se aplicó.

 

La Carta Democrática se aplicó por primera vez en el caso Venezolano,  una vez que se llevó a cabo el golpe de Estado contra Chávez -que por cierto no era la figura mas atractiva para muchos de los países-, cuando se convoca la Asamblea Extraordinaria de Costa Rica, los países le dan un pleno apoyo a Chávez, un poco  inútil porque Chávez ya había vuelto al poder, pero a pesar de que se había hecho muy rápidamente la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria,  de la OEA ratificó allí la aplicación de la Carta Interamericana, por primera vez de manera formal y solemne. Celebró además el hecho de que  el golpe de Estado no hubiera tenido  éxito. Después aparecieron  sombras más complejas en las decisiones sobre Haití.

 

En el caso de Haití la OEA inicialmente dijo que no se había producido propiamente la renuncia del Presidente Aristide; bueno se trata de un personaje suficientemente complicado, pero era el Presidente elegido y, finalmente, el Secretario General, un poco por sí y ante sí, resolvió reconocer a su sucesor y le dio, por así decirlo, la credencial internacional. Este es un tema que habría que debatir más en profundidad para ver hasta dónde realmente, en la segunda ocasión en que se vio lo necesidad de aplicar la Carta, la Carta sí fue o no fue aplicada.

 

Considero que esas son hasta ahora las oportunidades procesales que ha tenido la Carta para saber hasta dónde va a llegar. Van a existir  temas muy complicados, porque la Carta establece otro principio que, trasladado  a la guerra preveniva de Irak suscita graves interrogantes. Pero también dentro del hemisferio porque la Carta Interamericana establece que puede haber operaciones preventivas, cuando quiera que un país, o que el Secretario General, o que un grupo de países perciban que en el país en cuestión se está poniendo en riesgo su democracia. Esto podría desencadenar una operación preventiva dentro del organismo regional. Resulta difícil imaginar que la OEA termine siendo una especie de tribunal constitucional supranacional que termine juzgando todas la acciones de los Estados Miembros.

 

Son pues algunos de los temas que me parecen que podrán ser enormemente interesantes, que necesitan todavía de muchísimo estudio, arduas doctrinas y ojalá, también, de alguna jurisprudencia, para efectos de saber finalmente si ya llegamos al paraíso o apenas vamos en camino hacia él. Muchas gracias.