ACTIVIDADES REGIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA CARTA ANDINA DE DERECHOS HUMANOS
La Carta Andina es una iniciativa de los Presidentes de la República de los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
En el XIII Consejo Presidencial Andino (Acta de Carabobo de junio del 2001), los Presidentes "expresaron su decisión de aprobar una Carta Andina de Derechos Humanos, que contribuya a asegurar la vigencia de los derechos humanos, fortalezca la democracia y el Estado de Derecho, y afiance una cultura de paz en las naciones andinas".
En ese sentido, la Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza, del 29 de junio del 2001, firmada por los Presidentes de los Países Andinos, instruye a los Ministros de Relaciones Exteriores para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos Humanos, la misma que deberá contener los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria en esta materia, incluyendo los temas referidos a los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.
En cumplimiento de tal mandato, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador elaboró el Proyecto de Carta Andina de Derechos Humanos. Posteriormente, solicitó el apoyo de la Comisión Andina de Juristas para realizar en cada país un proceso de consultas que recoja los comentarios y las recomendaciones de los organismos estatales y las instituciones de la sociedad civil, sobre el proyecto de Carta Andina.
La Comisión Andina organizó el proceso de consultas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En cada país, se realizó un taller con funcionarios estatales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes ofrecieron valiosos aportes y sugerencias con miras a perfeccionar y enriquecer el texto de la Carta.
Asimismo, se organizaron foros públicos con la finalidad de difundir el proyecto, y conocer las opiniones de especialistas en los temas que aborda la Carta tales como derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad; derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras o afroandinas; derechos de los consumidores; Derecho Internacional Humanitario; democracia y cultura de paz; anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas; delincuencia organizada transnacional, narcotráfico y terrorismo; y mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos.
Para la realización del proceso de consultas, la Comisión Andina de Juristas contó con la valiosa colaboración de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.